Por Joan Pau Rica Lopez
Hoy comprar una vivienda se ha convertido para muchas familias en una operación casi imposible y pagar un alquiler supone, en demasiados casos, dedicar una parte muy importante de los ingresos. Los jóvenes retrasan su emancipación, las familias no encuentran viviendas a precios razonables y cada vez son más las personas que tienen un trabajo, pero no tienen capacidad económica para acceder a una vivienda digna.
Y la pregunta que nos hemos de hacer es: ¿qué vamos a hacer para resolver este problema?
Porque una cosa es como hace el gobierno y apoya la oposición hablar de vivienda, anunciando planes, intentando aprobar medidas, conceder ayudas o discutir durante meses sobre los alquileres. Y otra muy diferente es poner en marcha un sistema capaz de producir vivienda asequible de manera masiva y sostenida hasta que el problema deje de ser un problema.
Y aquí es donde, toda la administración ha fallado.
No estamos ante un problema sin solución. Tampoco hace falta inventar una fórmula revolucionaria. Los instrumentos existen. El suelo existe. Las empresas constructoras existen. Los arquitectos existen. Los recursos públicos existen. Y existe una Administración con capacidad suficiente para organizar todo ello, pero falla la decisión de hacerlo
Mi propuesta es muy sencilla: si queremos que la vivienda sea asequible, tenemos que conseguir que su precio deje de estar condicionado por el precio especulativo del suelo, por una burocracia interminable y por unos márgenes de beneficio que terminan repercutiendo inevitablemente sobre quien compra o alquila.
Por eso propongo tres actuaciones.
PRIMERA. UNA EMPRESA PÚBLICA QUE CONSTRUYA VIVIENDA A PRECIO DE COSTE.
El Gobierno debe crear una empresa pública dedicada específicamente a construir vivienda asequible. No una empresa para hacer política, ni para generar puestos de trabajo, ni para convertirse en otro organismo administrativo. Una empresa para construir viviendas.
Y debe hacerlo a precio de coste, admitiendo como máximo un beneficio del 10%.
El suelo no ha de incidir en el precio final de la vivienda. El suelo público debe ponerse a disposición de esta empresa sin que su valor especulativo termine incorporándose al precio de venta.
Porque hay algo que hemos olvidado: una vivienda no puede ser asequible si desde el primer momento estamos cargando sobre ella un suelo cuyo precio se ha multiplicado precisamente por la escasez de suelo disponible para construir.
El objetivo tendría que ser producir viviendas. Muchas viviendas. De manera continuada. Durante años.
SEGUNDA. LA EMPRESA PRIVADA HA DE PODER CONSTRUIR VIVIENDA SOCIAL SIN QUEDAR ATRAPADA POR LA BUROCRACIA.
En España hay miles de empresas constructoras perfectamente capacitadas para hacerlo. Y hemos de saber utilizarlas.
Quien quiera construir vivienda social o asequible debería obtener la licencia en un plazo máximo de un mes. Un mes. No seis meses, ni un año, ni dos años.
Se ha de corregir la dinámica que consiste en que, para proteger al ciudadano, la Administración ha de llenar cada proyecto de obstáculos administrativos. La Administración tiene que controlar, naturalmente, pero controlar no significa paralizar.
Por eso planteo que la construcción se someta a un sistema de declaración de autorresponsabilidad por parte de la empresa constructora y del arquitecto. Quien firma un proyecto y quien ejecuta una obra deben responder de lo que hacen. Y si incumplen, deben responder legalmente por ello.
Para este tipo de construcción, el suelo necesario ha de ser facilitado por los ayuntamientos gratuitamente y la empresa constructora trabajara con un beneficio de un 30% como máximo sobre la inversión realizada.
Por lo tanto, de este modo facilitaremos las condiciones para construir vivienda asequible y limitaremos el beneficio cuando el constructor recibe suelo público destinado expresamente a una finalidad social
TERCERA. CAMBIAR EL USO DE LOS INMUEBLES PARA QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN VIVIENDAS.
España tiene edificios, locales comerciales, plantas industriales, desvanes y otros espacios que, cumpliendo unas condiciones determinadas, podrían convertirse en viviendas.
Asi que facilitemos el cambio de uso de estos inmuebles mediante unos parámetros claros y homogéneos que garanticen seguridad, habitabilidad, accesibilidad y condiciones dignas.
No se trata de convertir cualquier agujero en una vivienda. Se trata de aprovechar todo aquello que pueda transformarse legalmente en vivienda sin necesidad de consumir permanentemente nuevo suelo.
Porque el objetivo es sencillo: construir más viviendas y a menor precio.
El Gobierno de España acaba de aprobar nuevas medidas en materia de vivienda y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza 7.000 millones de euros, con al menos un 40% destinado a construcción y adquisición de vivienda. Pero no podemos permitir que el asunto de la vivienda sea una sucesión interminable de planes, ayudas, subvenciones, declaraciones y anuncios. Si el resultado final sigue siendo que una familia necesita dedicar una parte enorme de sus ingresos para poder vivir bajo techo, entonces el problema no está resuelto. Y lo peor es que ni implementando medidas contundentes tampoco lo estará mañana.
Y el planteamiento en titulares es asi de sencillo :
CONSTRUIR. – CONSTRUIR MUCHO. – CONSTRUIR BARATO. – ELIMINAR BUROCRACIA INNECESARIA. – PONER EL SUELO PÚBLICO AL SERVICIO DE LA VIVIENDA. – FACILITAR SUELO Y CONDICIONES A QUIEN QUIERA CONSTRUIR VIVIENDA SOCIAL. – APROVECHAR EDIFICIOS EXISTENTES. – Y MANTENER EL ESFUERZO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO.
Y desde la simpleza de estas medidas sostengo es que, si el Gobierno de turno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son capaces de ponerse de acuerdo y aplicar de verdad lo sugerido, la falta de vivienda podría empezar a revertirse en un plazo relativamente corto y, sobre todo, dejaría de ser un problema eterno.
