Diferentes profesionales jurídicos, de distintos despachos profesionales y diversos puntos de España; aunque especialmente de la Comunidad de Madrid, estudiarán si los posibles indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, son constitutivos de delito.
Las últimas informaciones aparecidas sobre un caso que lleva sonando entre los pasillos de la profesión más de cinco años han avivado las sospechas de diferentes ámbitos jurídicos. María Aurora de la Cueva, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue recusada en un largo proceso de despido; y apartada del caso, tras desestimar un recurso de Jorge Pérez Ramírez, exjefe de Regulación Contable del Banco de España, que pretendía la nulidad de su despido.
Esa desestimación, por caducidad en los plazos de la demanda, fue rechazada nada menos que por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que otorgaba la razón al despedido. En caso de haber habido readmisión de Pérez Ramírez, hubiera perjudicado; según los profesionales que han estudiado el caso, la carrera y los ascensos de Borja Ruiz de la Cueva en el Banco de España, que ocupa un puesto para el que se exige una oposición y unos requisitos que, a priori, no se han cumplido. El fondo de la cuestión es que desde la primera instancia y en el primer juicio los argumentos de la improcedencia o la nulidad eran contundentes, la cuestión de la caducidad en los plazos de la demanda salió a posteriori sin demasiado respaldo legal. Aún así, la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, con Aurora de la Cueva al frente, lo admitió, dejando en vía muerta la lucha de Pérez Ramírez por la nulidad.
El hecho de que el Tribunal Supremo obligara a repetir el juicio y la sentencia, afeando algunas acciones de presión del Banco de España, pusieron en alerta a muchos profesionales jurídicos, que veían en la resolución del TSJ de Madrid algún indicio de cohecho y prevaricación.
Ya con De la Cueva recusada y apartada del caso en 2023, cuando por segunda vez llega la cuestión a su jurisdicción, también es rechazada por otros motivos que ahora estudia el Tribunal Constitucional.
Los profesionales jurídicos que han seguido el caso de cerca quieren estudiar si existen nexos entre la primera resolución de De la Cueva y los intentos de su hijo por integrarse en la estructura del Banco de España, así como con los posteriores ascensos. Si se demuestran los indicios de que se resolvió un recurso por caducidad de forma arbitraria y condicionada, como luego se expuso en la resolución del Supremo, se estudiará una posible demanda contra la magistrada.
