Por José Antonio de Yturriaga
Detritos: leyes sobre vivienda basados en supuestos abusos a un ídolo mitificado llamado Maricarmen (3-x-26)
Grandes crisis se han acumulado sobre Pedro Sánchez. Al cerco por la colosal corrupción sobre su familia, su Gobierno y su partido, y el desprestigio por su inocua reacción a la invasión de Ceuta, se ha sumado el estruendoso fracaso de su política de vivienda y la ocupación del kilómetro 0 de Madrid por izquierdistas radicales so pretexto del desahucio de Maricarmen Abascal (MCA).
Performance por la exaltación gubernamental como modelo de un personaje turbio
Los jóvenes y no tan jóvenes se movilizaron gracias a una turbia persona llamada Maricarmen Abascal, protegida por el Gobierno. Los partidos progresistas y el Sindicato de Inquilinas, cuyo portavoz —Fernando de los Santos— es nieto del exministro de Adolfo Suárez, Aurelio Menéndez, marqués de Ibias, propietario de un piso de 155 metros cuadrados en El Viso y cuya empresa Technoasphalt se dedica a la construcción de todo tipo de edificios, se queja de sufrir en sus carnes el problema de la vivienda. Con su descaro habitual, Pedro Sánchez mintió al afirmar que MCA era la víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de la dictadura franquista, cuando deriva de la Ley de Arrendamientos Urbanos adoptada por Felipe González.
Según José Ignacio Benavides, la fuerza telúrica de MCA mueve los muñecos del guiñol como peleles y se ríe de nosotros. Para Josu de Miguel, el caso de la anciana del Retiro desahuciada nos ha devuelto a un pasado que creíamos superado, porque hoy ostentan el poder quienes entonces anunciaron que no se producirían más desahucios, pero estos siguen y —gracias a ellos— han convertido a Maricarmen en un artefacto moral que no solo no fue humillada, sino que fue y sigue siendo beneficiada sin merecerlo, ya que no tenía derecho a ser inquilina en un piso heredado por subrogación por el que pagaba propiedad o en alquiler. Las rentas antiguas son transferencias que los jóvenes hacen a los mayores.
Esta heroína tóxica que fue exaltada a «santa súbita» rechazó en dos ocasiones trasladarse a una residencia tras ser legalmente desahuciada. La pequeña empresa Urbagestión compró la casa en la que residía —que es la única que posee— y la ministra Isabel Rodríguez —propietaria de 3 viviendas— la calificó de «pyme buitre muy carroñera». El gestor de la empresa, Ignacio Lázaro, ha declarado a TV-4 que tanto la empresa como sus empleados recibieron presiones y amenazas que provocaron la paralización de su actividad. MCA salió en camilla de su casa en olor de multitud y ha conseguido —merced a la mediación del Ayuntamiento de Madrid— regresar a ella pagando durante 8 años su antigua e injusta renta.
Las mesnadas benéficas de la Puerta del Sol han asegurado que seguirán ocupando la plaza para poner el problema de la vivienda en el centro de atención, porque el asunto iba más allá de MCA. La intoxicación ha llegado hasta el Papa León XIV, que ha exigido a los líderes políticos soluciones ante los problemas graves de vivienda para evitar que se generen situaciones como las de MCA.
El problema es el sistema que permite que una anciana discapacitada sea echada de su casa
Intento del Gobierno de resolver con decretos inviables su incapacidad para resolver el problema de la vivienda
Sánchez lleva 8 años en el Gobierno y no ha hecho absolutamente nada para resolver el grave problema estructural de la insuficiencia de viviendas en España. Ahora ha pretendido resolverlo «a contrarreloj», pero parece tratarse de un reloj de arena, ya que intenta hacer en unos días lo que no ha hecho en todo su mandato, aprovechando el infausto motivo del «asunto MCA». «Años de desidia y 5 días de demagogia», según Rafa Latorre.
A juicio de Jorge Bustos, los mayas ya predijeron los «Decretos MCA» al afirmar que las únicas certezas eran el universo y la estupidez humana, como probaba la reiteración del fracaso del intervencionismo en el mercado inmobiliario, ya que, aunque siempre fallaba, se ensayaba y se repetía. El anticapitalista vive atrapado en un bucle autolítico. Frustrado por no poder acceder a una vivienda, se revuelve contra los únicos que podrían allanar su acceso a ella. Los políticos populistas que exigen el fin de la rentabilidad elevan su resentimiento a rango de ley y conseguirán que los caseros retiren sus pisos del mercado. El precio sube, el joven se echa a la calle, el mercado vuelve a ser intervenido, la oferta se limita, el joven permanece en la calle y los efectos son contraproducentes para los más vulnerables. El problema de la vivienda se solucionará con más capitalismo y no con menos, y la morosidad de los inquilinos a través del aval paternalista del Estado precipita el colapso definitivo del mercado.
No obstante, Sánchez se empeñó en acuñar un decreto milagroso que parió gemelos: uno light, a ver si colaba, y otro heavy, que sería difícil que aprobara el Congreso. Los dos eran inconstitucionales en opinión de los letrados de la Cámara. El Consejo de Ministros aprobó el primer decreto —que prohibía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030 cuando el propietario fuera un «fondo buitre», sin especificar qué es esa rara avis— y fue publicado en el BOE el 30 de septiembre.
El segundo decreto establecía que los inquilinos podrían solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 2 años en las mismas condiciones para contratos que expiraran antes del 30 de diciembre de 2028, prohibía a los fondos buitre que adquirieran viviendas, daba bonificaciones para la compra de la primera vivienda, obligaba a las Comunidades Autónomas a asumir la renta impagada y los suministros no subsanados por los inquilinos, regulaba los pisos turísticos y los gravaba con el IVA, establecía que no se revisarían las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 en las zonas tensionadas y, en las demás zonas, no podrían superar el 2%, aumentaba la cuantía de los impuestos sobre los pisos desocupados y reducía al 4% el IVA en la construcción de viviendas protegidas.
El decreto no se publicó en el BOE hasta el 1 de octubre porque la ministra Rodríguez no se aclaraba sobre lo que contenía la disposición. Al día siguiente, el Congreso en sesión de urgencia —8 años para reflexionar y 24 horas para decidir— rechazó ambos decretos gracias a los votos en contra de los neoconvergentes, en medio de la desolación del Gobierno y de sus aliados y la conspiración de la malvada derecha. Esta derrota supone el certificado de defunción de una legislatura estéril. Un demacrado presidente clausuró la sesión con un apocalíptico mensaje de catástrofe para la derecha y la insinuación de un posible adelanto de la celebración de las elecciones generales.
Explicación cínica del fiasco de los decretos de vivienda
En opinión del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, el Gobierno ha cargado la responsabilidad de la protección del vulnerable sobre los propietarios. Las viviendas y las empresas con capacidad financiera no van a construir vivienda para alquiler, porque la protección de los vulnerables se traspasa a la empresa y el riesgo jurídico es demasiado alto.
Según la presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, Helena Beunza —que fue secretaria general de Vivienda del Gobierno de Sánchez—, estos decretos van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador, dejar fuera del mercado a quienes dicen proteger e incumplir los principios de buena regulación, ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, creando gran inseguridad jurídica. Se olvidan tanto de los que necesitan acceder al mercado del alquiler, como de quienes les alquilan el piso y, si el contrato acabara y el propietario quisiera recuperar su piso, no lo podría hacer porque la ley lo prorrogaba hasta 2 años en las mismas condiciones; y si el inquilino quería irse antes de lo pactado, podía hacerlo sin pagar una indemnización.
En estas condiciones resulta más conveniente para el casero no renovar, dejar el piso cerrado o venderlo, que jugar una partida en la que las reglas cambien a mitad de juego. Para proteger al inquilino de hoy, se aumenta el precio que necesitará pagar el de mañana. Un país serio cuida a quienes ponen sus viviendas al servicio de los demás en lugar de ahuyentarlos. Un alquiler asequible no se decreta, sino que se genera mediante la creación de un verdadero parque de vivienda pública y una inversión a la altura del reto que enfrentamos, con seguridad jurídica para los inquilinos. Quienes facilitan pisos no son enemigos de los jóvenes, sino quienes les dan un techo.
Para Íñigo Ellakuría, se trata de unos decretos-manifiesto que dejan clara la voluntad del Gobierno de ir a la batalla cultural con una desaforada carga ideológica, al afirmar en su exposición de motivos que el franquismo y el machismo eran los responsables de la situación, lo que supondría un regreso nostálgico al alquiler protegido mediante contratos indefinidos de renta antigua que instauró Franco en 1946. En una redacción disparatada, el Gobierno ha mencionado de forma totalmente inhabitual el nombre de MCA como «símbolo de un derecho roto por esas administraciones, que no han satisfecho la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda».
En una manifestación más de ceremonia de confusión e incoherencia de un Gobierno en el que el socio minoritario se rebela contra el mayoritario, no es de extrañar que se celebraran dos ruedas de prensa distintas pero simultáneas en el tiempo de los representantes del PSOE y de Sumar para marcar distancias. El ministro Pablo Bustinduy advirtió que rechazar los decretos conllevaría un elevado coste electoral para los oponentes.
Connivencia de la Delegación del Gobierno y los ocupantes de la Puerta del Sol para perjudicar a la Comunidad de Madrid
La Puerta del Sol fue ocupada el 26 de septiembre tras la manifestación no comunicada de miles de izquierdistas, que levantaron en la plaza un campamento de 1248 tiendas de campaña. La Comunidad pidió al delegado del Gobierno que la policía desalojara la Puerta del Sol, pero Francisco Martín se negó alegando el ejercicio del derecho de reunión pacífica (art. 21 de la Constitución), que no es absoluto y debe ser compatible con el derecho de circular libremente (art. 19).
Según Juan Diego Madueño, al Gobierno le convenía esta ocupación revolucionaria que canta pero no sangra. El asentamiento ha producido un fenomenal caos, pero las acampadas en lugares de tránsito público solo pueden ser disueltas —según las ordenanzas municipales— cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. La presidenta de la Comunidad estimó que tal era el caso y, tras dar un ultimátum de 48 horas, hizo un nuevo requerimiento a Martín para que el desalojo lo llevara a cabo la policía y, de no hacerlo, ejercería la acción judicial.
En consecuencia, Ayuso presentó un recurso contencioso-administrativo y envió a la Delegación del Gobierno un impresionante dosier con material gráfico acreditativo de las tropelías y prácticas delictivas cometidas por los ocupantes: artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos; vandalización del monumento al Oso y el Madroño; degradación de un entorno declarado Bien de Interés Cultural; pancartas amenazadoras («Ayuso y Almeida ensartados»); o uso incívico del mobiliario urbano. Resulta obvio que Martín supedita los intereses de los madrileños a los de los «perroflautas» de toda laya que malocupan la plaza. Martín no permite que pacíficos manifestantes recen una oración en las proximidades de La Moncloa o de la sede del PSOE en Ferraz.
La situación se agudizó en Sol al aproximarse el día previsto para la aprobación por el Congreso de los decretos-trampa, con la radicalización agresiva del Sindicato de Inquilinas, que convocó una gran cacerolada, instó a presionar a los diputados con su presencia el día de autos «rodeando el Congreso» e instando a una huelga general para forzar la aprobación de unas normas tóxicas que deberían ser rechazadas. Sánchez se mostró razonablemente optimista e hizo llamamientos tramposos a la colaboración leal de todos los ciudadanos por razones de «humanidad». Las perspectivas eran que el decreto-1 fuera aprobado por los pelos con el apoyo del Gobierno y de sus aliados, incluidos un PNV contradictorio y una volátil Coalición Canaria, y el decreto-2 rechazado por su radicalidad. El resultado ha supuesto un severísimo castigo al haber sido rechazados los dos decretos por la oposición de Junts. Como ha comentado irónicamente Carlos Herrera, «Puigdemont ha desahuciado a Sánchez».
Según Latorre, 8 años de desidia en la vivienda no se podían solucionar en una semana de demagogia. Solo hay 3 fórmulas para aumentar la obra de vivienda de alquiler: expropiación, confiscación o construcción. No es posible la expropiación de 200 000 viviendas, salvo que se confunda con la confiscación, lo que resulta tentador, pero no resulta viable la confiscación porque España no es Nicaragua o Venezuela. La construcción requiere tiempo, inversión y voluntad política. ¿Qué la impide? La irresponsable aversión ideológica de la izquierda a proteger la propiedad. Este ha sido el saldo de una semana de urgencia mediática en la que se han vendido las matemáticas a una sentimentalidad contraproducente.
Urgente necesidad de que el Gobierno y la sociedad aborden con rigor el gravísimo problema estructural de la crisis de la vivienda en España
La adopción de los decretos no aborda el problema esencial de la falta de vivienda en España, donde apenas se construyen anualmente 100 000 viviendas al tiempo que se crean más de 200 000 nuevos hogares. En junio de 2018, el CIS pre-Tezanos situaba la construcción en el puesto 18 de las preocupaciones de los españoles; 8 años después ocupa el número 1. El deterioro ha sido fulminante porque el Gobierno no ha hecho casi nada, salvo prometer en vano la construcción de cientos de miles de viviendas.
Según el Banco de España, existe un déficit de 750 000 viviendas que se incrementa cada año con la incorporación de unas 120 000 personas. Cuando se requiere planificación a largo plazo, datos contrastados, copiosas inversiones y coordinación con las Comunidades Autónomas, el Gobierno ofrece ideología, propaganda y pancartismo; pero lo que España necesita es una política basada en reformas profundas. Para el profesor Francisco Rodríguez, se necesita planeamiento, suelo, licencias, financiación, mano de obra, seguridad jurídica y tiempo. Hacemos incierta la vivienda futura al no poder garantizar su construcción. Queremos resolver con decretos lo que hemos dejado deteriorar durante décadas. Alardeamos en proteger el presente sin pagar el precio de construir el futuro.
Para el presidente de la CNC —que agrupa a 65 asociaciones del sector de la construcción—, hace falta un millón de viviendas y los capítulos básicos son el suelo, la mano de obra, la burocracia y los costes, pero hemos polarizado tanto el debate político que no hay capacidad para llegar a acuerdos. Hay que aliviar las cargas fiscales que suponen el 30% de una vivienda y acortar los largos plazos impuestos por la burocracia —un desarrollo urbanístico exige de 8 a 15 años, la aprobación de un plan general de construcción entre 5 y 6 años y uno parcial 2 más, y otro año las obras de urbanización—. No son años de construcción sino de trámites. La construcción de una vivienda no se materializa en menos de una década.
Existe suficiente suelo en España, pero no está disponible para edificar de inmediato. Tampoco hay solución para los 3,3 millones de casas vacías en pueblos pequeños situados lejos de las grandes ciudades donde se concentra la demanda. Los costes son altos y el precio de la vivienda subió en el segundo trimestre de este año un 12,1%, 7,4 puntos más que en la UE. Todo ello desincentiva a los constructores y los orienta hacia otras inversiones.
Soy un profano en el ámbito de la construcción, pero sé algo de Derecho y creo tener sentido común, lo que me lleva a la conclusión de que el Gobierno y la sociedad deben adoptar desde ya medidas para afrontar la flagrante insuficiencia estructural de viviendas en España. Al tratarse de una cuestión de Estado, debería basarse en un pacto entre todas las fuerzas políticas en un espíritu de diálogo, pero comprendo que ello no es posible mientras el sanchismo se mantenga aquende del muro que ha construido y niegue a la derecha la alternancia en el poder. No es competencia mía elaborar un Plan sobre la Política de Vivienda del Gobierno, pero sí puedo sugerir algunos principios orientadores que la rijan, siendo consciente de que se trata de un problema sumamente complejo y difícil de resolver, y que requiere la colaboración de todos los implicados:
- Respeto institucional.
- Búsqueda de diálogo y consenso.
- Ausencia de estatalización de la gestión.
- Competencia estatal, autonómica y municipal, y colaboración entre ellas.
- Exclusión de conflictos partidistas.
- Cumplimiento de la Constitución.
- Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- Elusión de la demagogia, la propaganda y la manipulación.
- Liberación de suelo para construcción inmediata.
- Reducción de la burocracia.
- Potenciación de la formación profesional.
- Apoyo al cooperativismo.
- Construcción de vivienda social pública.
- Incremento de la labor inspectora para evitar abusos.
- Impulso a la inmigración legal y lucha contra la ilegal.
- Limitación estricta de la reagrupación familiar.
- Repoblación de la España vacía.
- Lucha contra la «okupación».
- Rebaja de las excesivas exigencias ambientales.
- Aumento de los funcionarios especializados en las Administraciones.
- Tecnificación de los organismos responsables.
- Tratamiento acogedor y facilitador a las empresas constructoras.
- Reducción de impuestos y tasas a la construcción.
- Mejora de carreteras y trenes de cercanías en grandes núcleos urbanos.
- Regulación de los pisos turísticos e imposición de tasas.
- Penalización de los pisos vacíos.
- Control de los fondos abusivos.
- Establecimiento de juzgados especiales para expulsar rápido a okupas.
- Actualización de rentas antiguas.
- Protección a propietarios privados e inquilinos vulnerables.
¿Está en peligro el derecho fundamental a la propiedad?
El artículo de la Constitución citado por el Gobierno para justificar su disparatada política de la vivienda es el 47, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esta disposición se encuentra inserta en el capítulo tercero del Título I sobre «Principios rectores de la política social y económica», por lo que no se trata de un derecho fundamental, que está regulado en el capítulo segundo sobre «Derechos y libertades». No es, por tanto, un derecho fundamental sino un principio orientador, como la cultura o la salud, y tiene que ser compatible con derechos fundamentales como los de propiedad privada y herencia o la libertad de empresa.
El Gobierno está tratando de imponer el derecho no fundamental a la vivienda sobre el derecho fundamental a la propiedad, mediante una interpretación expansiva y fraudulenta, lo que es anticonstitucional en opinión de muchos juristas. Sánchez está acostumbrado a violar la Constitución a su antojo con el respaldo incondicional del Tribunal Constitucional, como muestra su infracción del art. 134, que le obliga a presentar anualmente presupuestos generales del Estado, cosa que no ha hecho en toda esta legislatura, con lo que transforma de hecho el orden constitucional; el art. 9.3 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La flagrante desautorización del Congreso —onde Junts ha vuelto la espalda al Gobierno y le ha propiciado un golpe que puede ser el último que lo derribe y ha supuesto el certificado de defunción de una legislatura estéril— ha dejado a un presidente tocado, que pidió a la derecha que abandonara el cálculo político y balbuceó que podrían producirse cambios importantes antes de lo previsto. Para Francisco Pascual, la excepcionalidad es lo normal porque, sin ella, él no existiría, y este psicodrama es un intento más de seguir en el poder.
Según El Mundo, se ha dado el fin de semana para reflexionar sobre un adelanto de las elecciones generales —que desde el PSOE se alienta—, lo que le permitiría suspender los procesos judiciales en curso y cambiar el marco tras meses de desgaste por la corrupción y la nefasta gestión de la crisis de Ceuta. Adelantar es para Joaquim Coll la opción menos mala, pues puede aglutinar el voto de la izquierda y rentabilizar el malestar en la calle, transmitiendo un relato movilizador. Las espadas están en alto a la espera de la decisión de un Sánchez totalmente impredecible.
Enviado por José Antonio Sierra
