El Defensor del Pueblo critica las condiciones de habitabilidad de algunos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y reclama incorporar estándares homogéneos de habitabilidad y salud.
Así lo expone el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su Informe anual de actividad en 2025, que entregó recientemente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El Defensor explica en su análisis que persisten deficiencias en estos centros como, por ejemplo, la existencia de una plaga de insectos en el CIE de Madrid y casos de presuntos malos tratos en el CIE de Valencia (con investigaciones judiciales abiertas).
Asimismo, la institución recogió quejas relacionadas con problemas de habitabilidad y ausencia de servicios sanitarios estatales en la mayoría de los centros.
En cuanto a las entradas de migrantes en España, el Defensor registró deficiencias en la acogida de solicitantes de asilo y gestión de los casos de personas cuyas solicitudes fueron rechazadas. La institución realizó recomendaciones a todas las administraciones para mejorar las condiciones de acceso a procedimientos para estos migrantes, tales como reforzar su coordinación institucional.
Además, el Defensor del Pueblo alertó de carencias graves en puntos de entrada de migrantes no autorizados como el puerto canario de La Restinga (El Hierro), donde faltan duchas, agua y módulos de atención, así como la autorización administrativa para la ocupación del dominio público portuario, que está caducada desde 2024.
De este modo, el Defensor en diciembre reiteró la solicitud de autorización de ocupación, así como para la instalación definitiva de los módulos de atención a personas, e instó a reformar y reubicar los dispositivos de emergencia en esta zona.
Sobre los casos de expulsiones y devoluciones de personas migrantes, el Defensor del Pueblo denunció la falta de una regulación específica de acogida humanitaria para personas no expulsables del país y también mostró su preocupación frente a la situación de menores mal identificados, alojados en centros para adultos en algunos casos.
En el marco de su análisis sobre migraciones y extranjería, el Defensor del Pueblo también aborda la situación de las oficinas consulares y de extranjería, que presentan demoras “severas”, dificultades para ofrecer citas, faltas de personal, y persistencia de criterios restrictivos para los migrantes que realizan tramites.
La institución expresó “especial” preocupación por los casos en los que responde a las peticiones con motivación insuficiente, las restricciones existentes que afectan a la unidad familiar de los migrantes y/o las exigencias documentales duplicadas en procesos de reagrupación de personas, las cuales generan más burocracia y dificultades de acceso a los servicios.
Igualmente, el informe analiza el impacto del Reglamento de Extranjería en vigor desde 2025, que endureció el acceso al arraigo y genera “precarización de derechos” en migrantes con arraigo en España a quienes se les deniega el asilo, al obligarlos a “permanecer en situación irregular durante dos años”, y supone además una “ruptura” de sus procesos de integración social, educativa y laboral.
Así, el informe recuerda que España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con más expedientes sin resolver y muchas familias pasan a la “irregularidad administrativa” tras años de arraigo, incluidos menores.
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