Andalucía destacó de una forma muy especial con la implantación de los equipos de atención primaria, que pusieron en marcha programas de prevención y atención comunitaria en centros de salud y consultorios distribuidos por toda la geografía andaluza, hasta la última aldea.
Se construyeron numerosos hospitales comarcales y de alta resolución. En Córdoba pilotamos las primeras experiencias de tarjeta sanitaria e historia clínica informatizada, que hoy día están implantadas en todo el estado español. La percepción ciudadana respecto a los servicios sanitarios públicos era muy favorable y los profesionales presentaban con orgullo nuestros avances en los congresos nacionales e internacionales.
Ahora, sin embargo, las encuestas de opinión reflejan que la sanidad es actualmente la principal preocupación de las andaluzas y andaluces, por delante del empleo y la vivienda. Según el barómetro sanitario, la sanidad pública andaluza es la peor valorada del estado español. El volumen de personas en lista de espera para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas ha alcanzado cifras récord y ocupa cada vez más titulares en los medios y tiempo en los debates políticos. Cualquiera que pida cita para visita médica en un centro de salud puede comprobar la increíble demora que ofrecen. Todos estos datos dibujan el perfil de un sistema sanitario público cuyo funcionamiento se ha deteriorado extraordinariamente en los últimos años.
Pero lo realmente grave es que ese deterioro se está traduciendo en un daño evidente en la salud y calidad de vida de la población andaluza. Los indicadores de prevalencia y mortalidad en las principales enfermedades crónicas son significativamente superiores a la media española. La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ajustada por edad, es la más alta de todas las comunidades autónomas. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama no ha sido más que la punta del iceberg de un serio problema en la detección precoz y atención general a los cánceres.
Esta misma semana se han publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria, los resultados de una rigurosa investigación que demuestra que en el periodo 2019 a 2024 las muertes por cáncer en Andalucía fueron muy superiores a las esperadas según la tendencia estadística, a diferencia de los seis años anteriores (2013-2018) en que Andalucía registró tasas de mortalidad inferiores a las esperadas. Los autores del estudio han destacado que este incremento de mortalidad coincide con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, impulsado por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Además, han señalado que los programas de cribados de cáncer que lleva a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía tienen una baja cobertura, por lo que no llegan a muchas de las personas que podrían beneficiarse de la detección precoz.
No podemos continuar por más tiempo con esta situación. Andalucía necesita un gobierno que priorice la prevención, el cuidado y la atención a la salud de toda la ciudadanía, con calidad y eficacia. No se trata solo de incrementar el presupuesto en sanidad sino, sobre todo, decidir a qué se dedica y cómo se gestiona.
Antes de recurrir a contratar con centros privados, es necesario aprovechar toda la capacidad y experiencia de los profesionales del sistema sanitario público, poniendo los hospitales y centros de salud a funcionar en horarios de mañana y tarde, dotándolos del personal y los medios necesarios.
Es imprescindible garantizar la estabilidad y unas mejores condiciones laborales del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, equiparándolas a las de otras comunidades autónomas, para que puedan permanecer en nuestros centros sanitarios, incentivando profesional y económicamente a quienes opten por una dedicación exclusiva al sistema sanitario público.
La atención primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario, porque proporciona atención en todo el territorio andaluz de forma mantenida en el tiempo. Por ello debe reforzarse de forma decidida, especialmente en el medio rural y en las zonas de interior menos cubiertas actualmente. Habrá que garantizar una financiación suficiente (como mínimo, el 20 por ciento del presupuesto sanitario), aumentar las plantillas de personal médico y de enfermería, mejorar la dotación de medios y la capacidad de resolución asistencial de los profesionales, así como gratificar especialmente los puestos de trabajo en las poblaciones más alejadas de las capitales y la costa. Además, la incorporación de otros profesionales como matronas, fisioterapeutas o psicólogos permitirá extender las actividades preventivas, de promoción de la salud comunitaria, de atención domiciliaria, cuidados paliativos, así como tratamientos no farmacológicos que muchas veces son más eficaces que los medicamentos.
Desarrollar nuevos servicios de prevención y atención a la salud mental infantojuvenil y de adultos, establecer estrategias específicas para garantizar el acceso de las personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables, potenciar la perspectiva de género en la asistencia y la atención a las personas con enfermedades raras son otras tantas de las muchas medidas que pueden implantarse para mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz, haciéndolo más eficaz, más equitativo y, al mismo tiempo, más eficiente porque se ahorran gastos innecesarios y se previenen las enfermedades y muertes evitables. Solo hace falta voluntad política y podemos conseguirlo. Por nuestra gente y por Andalucía.
Salustiano Luque. Médico experto en gestión y evaluación de servicios sanitarios.
