La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, afirma que los fondos europeos estructurales, correspondientes al marco 2014-2020, tienen un «altísimo grado de ejecución» y que, según los últimos datos de la Secretaría General de Presupuestos, Gastos y Financiación Europea, a 30 de junio de 2023 había una ejecución acumulada del 91,56%, lo que se traduce en 10.041 millones de euros. «Los fondos europeos se van a gastar en su totalidad y con el único fin de que Andalucía siga creciendo, progresando y avanzando en convergencia», apunta la consejera.
Carolina España indica que es necesario distinguir entre el gasto y el pago de estos fondos (la denominada ejecución acumulada) de la certificación por parte de la Comisión Europea. La certificación, cuyo porcentaje es del 58,50% a 30 de junio, es el proceso de trámites administrativos que se realiza con Europa para la validación final.
Para esto, «tenemos de plazo todo lo que queda de 2023 y 2024 al completo (en el caso de los fondos FEADER se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025), por lo que los tiempos están totalmente controlados». «Por tanto, aunque los proyectos estén ejecutados en un 91,56%, contamos con un periodo para realizar los trámites finales de certificación que es más que suficiente».
Certificación de fondos cuatro veces mayor
Carolina España recuerda que, a 31 de diciembre de 2018, las certificaciones acumuladas por el anterior gobierno ascendían a 1.509 millones, apenas 300 millones de euros cada año. Es decir, sólo se habían utilizado 2 de cada 10 euros de financiación europea entre 2014 y 2018. Este enorme retraso de cinco años se debió tanto a la tardanza en los procedimientos de contratación como al de las convocatorias de subvenciones. Un ejemplo significativo de esta gestión fue la partida ‘Inversiones forestales’ del programa FEADER. De los 400 millones programados, sólo se habían certificado menos de 25 millones en 2018.
«En cinco años no se había establecido un procedimiento básico de gestión de fondos, había inseguridad jurídica y los procedimientos no estaban digitalizados, incluso se hacían a mano», apunta Carolina España. Explica que «el sistema estaba colapsado» porque los expedientes de subvenciones por más de 264 millones estaban sin justificar (e impedía realizar nuevos pagos a los beneficiarios).
«Actualmente se ha revertido esta situación. Las certificaciones se han multiplicado por cuatro hasta alcanzar los 1.240 millones anuales de media tras la última certificación en 2022 y frente a los 300 de medios anuales del periodo anterior», apostilla la consejera. «Y es que, tras la certificación récord de 2021 con 1.170 millones, en 2022 hemos vuelto a batir nuestra marca con 2.177 millones de euros certificados», añade. A 30 de junio, la cifra de certificación ascendía a 6.166,5 millones de euros. La consejera resalta que, incluso, hay programas como el Fondo Social Europeo que prácticamente hemos completado su inversión al cierre de 2022, con un nivel de certificación del 89% un año antes de su finalización.
