Verdes EQUO y Más País Andalucía pedirán la comparecencia de los responsables de las Consejerías implicadas en la reapertura de la mina de Aznalcóllar
La presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, y la coportavoz de Verdes EQUO en Andalucía, Mar González, recibieron ayer en el Parlamento andaluz a Luis Reina e Isidoro Albarreal, representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción respectivamente, para escuchar sus demandas para que se suspendan los trámites de autorización para la reapertura de la Mina de los Frailes, de Aznalcóllar, tristemente famosa por el vertido de Bolidén de gravísimas consecuencias medioambientales.
Desde ambos partidos se ha confirmado que pedirán la comparecencia en sede parlamentaria de las personas responsables de las Consejerías implicadas, Agua, Minas y Sostenibilidad, para que expliquen las medidas que piensan tomar ante las consecuencias que podría acarrear reiniciar la explotación de la mina y ante la eventualidad de tener que indemnizar a la empresa que ostenta la concesión, en caso de que la Justicia paralizase la reapertura.
Desde Greenpeace y Ecologistas en Acción han explicado que se trata de un proyecto cuyos derechos tiene una empresa minera mexicana, que ya ha tenido problemas por vertidos en sus explotaciones, que han obtenido dichos derechos después de un proceso bastante opaco y plagado de irregularidades, que se remonta a 2015, y que depende de un juicio que debe celebrarse en 2025 en el que están implicado altos cargos del anterior Gobierno de la Junta, lo que podría dar al traste con la reapertura pero que abriría la puerta a la empresa para solicitar una fuerte indemnización por parte de la Junta que, a la postre, acabaríamos pagando toda la ciudadanía andaluza.
Ambas organizaciones ecologistas destacan que es una barbaridad el proyecto según el cual se construiría una tubería de unos 30 kilómetros desde la propia explotación hasta La Cartuja en Sevilla, donde se podrían desembalsar las aguas utilizadas para la explotación minera, lo que supone el vertido de casi 2,6 millones de metros cúbicos al año, destacando asimismo que en el Guadalquivir ya está desembalsando la mina de cobre de Las Cruces, lo que hace un enorme volumen de vertido de aguas tóxicas en la misma masa de agua.
Tanto Verdes EQUO como Más País Andalucía han mostrado su preocupación por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya calificado este proyecto como de Interés Público Superior, lo que permitiría a la empresa superar los niveles legales de desembalsado a una misma masa de agua, algo que también se halla recurrido en los juzgados.
Las formaciones políticas, integradas en el grupo parlamentario de Por Andalucía, han mostrado su apoyo para intentar frenar el proyecto, hasta tanto no se aclaren todas las dudas relativas al mismo, al que aún le falta la Autorización Ambiental Unificada y la concesión del agua que necesitan para la explotación minera, imprescindibles antes de la concesión para el inicio de la actividad minera.
Ambas formaciones han solicitado que se trace un plan más ambicioso para garantizar la sostenibilidad de la actividad minera a la vez que se plantea una alternativa para la zona que aporte empleo y servicios a la zona y a su ciudadanía basado en la reindustrialización verde, el turismo responsable y de calidad y la formación en nuevos sectores económicos.
