El anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, cuya fase de consulta pública concluyó este viernes, deroga parte de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad.
Ello puede afectar tanto a las empresas ordinarias como a unos 2.300 centros especiales de empleo, que tienen en plantilla a más de 98.000 personas con discapacidad, y al Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene discapacidad, según explicaron a Servimedia fuentes del sector de la discapacidad.
En España residen actualmente cerca de 4,5 millones de personas con discapacidad, según el último recuento realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De las que están en edad de poder trabajar, únicamente una de cada cuatro tiene un empleo.
La normativa que prepara Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias. Sucede lo mismo con el Grupo Social ONCE, que cuenta con esta bonificación desde 2012 para las personas con discapacidad.
En concreto, el anteproyecto de ley establece bonificaciones por contratación indefinida de personas con discapacidad de 366 euros al mes durante toda la vigencia del contrato, tanto en el mercado de trabajo ordinario como en el protegido y también se aplicará en las conversiones de temporales a indefinidos, durante toda la vigencia del contrato.
Esta bonificación solo cubre la cotización de los contratos con una retribución mínima (SMI). Esta cantidad fija es menor que la que existe actualmente para los centros ordinarios, de 375 euros mensuales, cuantía que se estableció en 2006 y que no se ha actualizado desde entonces. Se trata de una cifra “muy inferior” a las bonificaciones que actualmente están aplicando los centros especiales de empleo, según señalan las fuentes de la discapacidad consultadas por Servimedia.
La cuantía será de 421 euros mensuales si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo, como por ejemplo si tiene discapacidad intelectual o un trastorno del espectro autista.
Si la persona trabajadora con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, las bonificaciones previstas se incrementarán en 50 euros al mes, y de concurrir ambas condiciones, el incremento será de 100 euros. En el caso de que se contrate a personas con discapacidad intelectual límite, la bonificación en la cotización será de 128 euros al mes durante cuatro años.
Si la contratación indefinida de trabajadores fuese por readmisión tras haber cesado en la empresa por una incapacidad permanente total o absoluta, la cuantía de descuento será de 138 euros al mes durante dos años, siempre y cuando la readmisión no responda a un derecho de los trabajadores a reincorporarse al puesto de trabajo.
EL PEOR RETROCESO
En este contexto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha dirigido por carta a los directores generales de Empleo de las diferentes comunidades autónomas para pedirles que se opongan a estas medidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Al mismo tiempo, critica la falta de diálogo con la que el Ministerio de Trabajo ha elaborado este texto legal, no solo con las organizaciones de la discapacidad, sino con las propias comunidades autónomas.
“De prosperar esta propuesta normativa, sorpresiva y no dialogada, además de una auténtica regresión en el esquema de empleo de personas con discapacidad existente estos últimos cuarenta años, la inclusión laboral de este sector de población, siempre débil y lejana a cualquier mínimo aceptable, correría un enorme peligro, no solo en el no crecimiento futuro, sino en la pérdida inmediata de miles de empleos de los ya creados y subsistentes. Estaríamos, sin exageraciones, ante el peor retroceso producido respecto del empleo de personas con discapacidad en nuestra etapa democrática, que es preciso absolutamente conjurar”, advierte la misiva del Cermi, a la que ha tenido acceso Servimedia.
Igualmente, la plataforma representativa de la discapacidad en España incide en que “cualquier introducción de cambios en el modelo de empleo de personas con discapacidad, que los necesita, no debe ni puede hacerse por la vía de los puros hechos unilaterales, de modo intempestivo y urgente, sin ningún tipo de diálogo y acuerdo previos, con todas las instancias concernidas, muy en especial con las comunidades autónomas responsables inmediatas de las políticas activas de empleo, así como con los interlocutores sociales y con el sector social de la discapacidad”.
Precisamente, en contra del anteproyecto de ley de momento ya se han pronunciado gobiernos autonómicos como los de Galicia, Madrid y Castilla y León.
REGULACIÓN DISPERSA
El texto señala, en la exposición de motivos, que “en las últimas décadas se ha atribuido a las reformas de la regulación de las condiciones de trabajo un papel excesivamente central en la política de fomento del empleo, con efectos no siempre positivos, como se ha puesto de manifiesto con la opción legal de promocionar la contratación temporal como instrumento de fomento del empleo”.
Además, remarca que la regulación vigente es “dispersa” y recuerda que la reforma de las bonificaciones al incentivo del empleo forman parte del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España comprometió con la Comisión Europea para la percepción de fondos comunitarios tras la pandemia de covid-19.
Los colectivos que podrán ser destinatarios de las medidas de fomento de la contratación laboral son las contempladas en la Ley de Empleo, aunque el texto cita explícitamente a las personas con discapacidad y, dentro de estas, a las que tienen más dificultades de acceso al mercado de trabajo; mujeres víctimas de violencia de género; víctimas del terrorismo; mujeres víctimas de trata, y mujeres víctimas de violencia sexual.
(SERVIMEDIA)
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