En el último año se han aumentado el ritmo de concesiones y favorecido la incorporación de nuevos perceptores; sin embargo, no son suficientes para que esta prestación alcance los objetivos previstos cuando se aprobó hace ya tres años. Únicamente el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, 1.752.467 personas, de los cuales 755.752 son menores. El IMV llega a 611.029 hogares.
El IMV sólo alcanza al 76% de los beneficiarios previstos, todavía quedan casi 550.000 personas beneficiarias por incorporar al IMV para llegar al objetivo de los 2.300.000 personas previstos al inicio del IMV.
La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza como Baleares (11,4%), Canarias (12,3%) o Cataluña (14,5%), mientras que Ceuta y Melilla (43,2% y 40,3% respectivamente), La Rioja (32,7%) y Aragón (28,3%) se sitúan en cabeza.
En el último año se han incorporado a la percepción del IMV, 700 mil personas, aumentando en un 70% el número de beneficiarios y ha multiplicado por 3 la cobertura del sistema de rentas mínimas de las CC.AA. En el año 2022 se ha superado por primera vez la inversión en Rentas Mínimas que en 2020 hicieron las Comunidades Autónomas, llegando a una inversión del Ingreso Mínimo Vital de 2.512,82 M de €
Sin embargo, todavía hay datos muy preocupantes, sólo una de cada 4 solicitudes es aprobada, el resto son denegadas. Quizá el sistema de gestión implantado, a través de la web y sin apoyo de ningún personal que conozca los requisitos y el proceso o quizá la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas del INSS, en los últimos tiempos sean algunas de las causas de este desperdicio de tiempo de los ciudadanos en la solicitud y del INSS en la gestión.
El Ingreso Mínimo Vital esperaba llegar en el momento de su aprobación a 2,3M de personas, por lo que aún está lejos de su objetivo y 550.000 personas que estaban previstas, siguen sin recibir una prestación económica que les podría sacar de la pobreza severa. El Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social continúan sin articular las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley y que harían que el Ingreso Mínimo Vital llegara a más personas en situación de pobreza.
En el año 2022 el Ministerio de Inclusión no ha sido capaz de ejecutar el total del presupuesto del ingreso mínimo vital, se han devuelto 453 millones de euros que habrían servido para sacar de la pobreza a 250.000 personas.
En este sentido reclamamos un impulso aún mayor para incorporar en la gestión a los servicios sociales de atención primaria. Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside, sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no se ha establecido ninguna coordinación, algo que hubiera ayudado de manera clara a la implantación del IMV, haciendo que mejorase la situación económica de las familias. Además, el laberinto burocrático del Ingreso Mínimo Vital ha hecho que, en la mayor crisis social de la Historia, el IMV se haya implantado a un ritmo mucho más lento de lo previsto.
En definitiva, el Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital.
