- La Conferencia Episcopal se une a la petición del Defensor del Pueblo de que las instituciones asuman su responsabilidad contra esta lacra «que afecta a toda la sociedad»
- Los obispos insisten en pedir perdón por los abusos y califican de «convergentes» las propuestas del informe de Gabilondo con otras «trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo»
La Conferencia Episcopal Española (CEE) se unió este lunes a la petición del Defensor del Pueblo «que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones» de su informe «a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad», ya que considera que «poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda».
Así lo remarcaron los obispos en un comunicado tras reunirse en una Asamblea General Extraordinaria convocada para estudiar el trabajo que presentó el viernes el Defensor del Pueblo, redactado en 777 páginas y a partir de 487 casos de víctimas de abusos eclesiales. Ángel Gabilondo «fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales». Sí está previsto que entregue el jueves el estudio al ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños.
«Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo», apuntaron los obispos en su escrito, difundido por la noche. «Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta».
No obstante, los obispos presentes manifestaron «su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales» y reiteraron «su petición de perdón a las víctimas». Asimismo, mostraron «el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos».
EXTRAPOLACIÓN DE DATOS
«Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino», insistieron los obispos, después de que algunos medios de comunicación calculasen a partir de una encuesta de GAD3 incluida en el informe de Gabilondo que en España habría unas 440.000 víctimas de abusos eclesiales (al extrapolar el dato al conjunto del censo actual de población de que el 1,1% de los 8.000 encuestados se habían reconocido abusados).
Los obispos valoraron «de manera especial» el testimonio recogido de las víctimas, «lo que permite situar a las víctimas en el centro» y consideraron «valiosas» y «convergentes» las propuestas del informe del Defensor con otras «trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo». También anunciaron que han encargado al Servicio de Protección de Menores de la CEE «el itinerario de la aplicación de las recomendaciones» del documento de Gabilondo, «en relación a los cauces de reparación, prevención y formación». «Este itinerario será ya implementado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre», avanzaron.
«De todas formas, un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración», reiteraron.
INFORME DE CREMADES
En la asamblea también se decidió posponer a su próxima reunión, prevista para noviembre, sobre la encomienda para investigar los abusos en la Iglesia que pidieron los obispos al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022.
El comunicado, de dos páginas y media, vio la luz apenas unos minutos antes de las 22 horas, después del encuentro que los obispos iniciaron este lunes a las 16.30 horas, presidido presencialmente por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, que este martes tomará la palabra en la rueda de prensa convocada con el mismo motivo en la sede de la CEE en Madrid.
Le acompañará el secretario general y portavoz, César García Magán. En la reunión participaron 88 obispos, 31 obispos de manera presencial y 57 por videoconferencia. También asistieron el presidente de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
Durante el encuentro se anunció la convocatoria en Roma, el próximo 28 de noviembre, de todos los miembros de la Plenaria, por la invitación del Dicasterio para el Clero (el ‘ministerio’ vaticano responsable de ese ámbito), para abordar «las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que realizaron la visita a los Seminarios de España, al comienzo de este año».
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