El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación, por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, del nuevo Plan General de Inspección Territorial y Urbanística, que fortalecerá la vigilancia que desde la pasada legislatura se está llevando a cabo para evitar la proliferación de edificaciones irregulares en Andalucía.
Este plan, que tendrá una vigencia de cuatro años, refuerza el camino emprendido desde 2019 con la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, así como el cambio de modelo de la gestión de la inspección, que ha permitido triplicar las actuaciones en materia de disciplina urbanística por parte de la administración andaluza.
El plan tiene como finalidad equilibrar el correcto desempeño de la competencia en materia de disciplina territorial y urbanística y los medios personales del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, así como mejorar la calidad y la eficacia de la inspección.
Partiendo de un análisis sobre las principales infracciones urbanísticas que se cometen en la actualidad, entre las que destaca el fenómeno de las parcelaciones en suelo rústico, y del nuevo marco normativo implementado por la LISTA, este plan fija como líneas prioritarias la prevención de la implantación ilegal en suelo rústico de usos residenciales cuando sean nuevas parcelaciones urbanísticas o generen riesgo de formación de asentamientos; o el control de nuevos usos residenciales ilegales en los ámbitos de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial.
También prioriza la vigilancia del cumplimiento de la ordenación territorial sobre los suelos rústicos destinados a espacios libres, corredores verdes, vías ciclopeatonales e infraestructuras supralocales. Por último, busca la supervisión del cumplimiento de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadoras, así como la alianza con las diputaciones para asistir a los ayuntamientos, con prioridad a los municipios de menos de mil habitantes.
El plan de inspección contempla medidas para mejorar la eficacia de la actuación inspectora, como la mayor utilización de medios digitales, la mejora de la formación del personal o el refuerzo de la colaboración institucional. En este último aspecto, se pretende estrechar lazos con corporaciones locales, órganos judiciales, Ministerio Fiscal o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autonómica y Local.
También incluye el trabajo con los órganos de la administración autonómica en materia de función pública para poner en marcha el Cuerpo de Subinspección. De la mano de las administraciones estatal, autonómica y provincial, se pretende elaborar normas, instrumentos de ordenación, planes e informes. Por último, otros colectivos profesionales, universidades, colegios e institutos colaborarán en la celebración de jornadas y cursos de formación y en campañas de sensibilización escolar.
