-
Miles de personas (12.000 según la Policía Municipal y 100.000, según los organizadores) se han concentrado en Barcelona para reclamar el derecho a una vivienda digna. Bajo el lema “Bajemos los alquileres, acabemos con el negocio de la vivienda”, los Sindicatos de Inquilinas y el Movimiento por la vivienda han impulsado movilizaciones simultáneas en más de 40 ciudades de toda España. Su objetivo: frenar la especulación inmobiliaria y exigir medidas efectivas para la reducción del precio del alquiler.
Columnas procedentes de distintos puntos de Cataluña y Barcelona han confluido a las 18:00 en la Plaza de España, la jornada ha culminado en la avenida María Cristina, frente a un escenario donde se han llevado a cabo discursos y proyecciones audiovisuales.
Según los organizadores, el evento ha reunido a más de 4.000 entidades de diversos ámbitos, entre ellos la comunidad educativa, bomberos, colectivos feministas, profesionales sanitarios, activistas ecologistas, plataformas contra la guerra y sindicatos, entre otros.
En los discursos han intervenido les huelguistas de La Caixa, barraquistas de Vallcarca, representante del bloque La Moreneta, del bloque Dar Zwina y las portavocías de las organizaciones de la Taula Sindical per l’Habitatge: Sindicat de Llogateres, Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca y Sindicat d’Habitatge Socialista.
Destacamos los siguientes comentarios de las intervenciones:
La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha responsabilizado a los gobiernos de no haber hecho “nada” en el ámbito de la vivienda y les ha exigido “plantarse ante el poder inmobiliario.”
Àgueda Amestoy, una de las cien inquilinas de Banyoles, Sitges y Sentmenat que han iniciado este mes una huelga de alquileres contra La Caixa para evitar la privatización de viviendas protegidas. Ha anunciado “Vamos a la huelga de alquileres en defensa de la vivienda pública.”
Mariona Parra docente por el derecho a la vivienda digna, representante del personal educativo de municipio de Salt, ha defendido que una educación de calidad no está desvinculada de la situación social de los alumnos, “no puedes aprender cuando estas a punto de ser desahuciado y perder tu casa.”
Derecho a la vivienda
Mario Aspano del colectivo de bomberos contra los desahucios se ha posicionado contra los desahucios, “salvar vidas es nuestro trabajo, pero nos vemos obligados a desahuciar a la gente y condenarla a la pobreza.”
Enric Aragonès, representante del Sindicat de Llogateres de Cataluña ha declarado “los gobiernos no han hecho nada, pero nosotras no hemos parado. Si los gobiernos no frenan los alquileres de temporada, lo haremos nosotras. Vamos hacia la huelga de alquileres como un acto de desobediencia.”
Anaïs Izcarro, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hablado en representación del bloque okupado de la Moreneta. Se trata de un bloque de viviendas en Sant Celoni, propiedad de la Sareb, que realoja a ocho familias en situación de vulnerabilidad. “La historia la Sareb es la historia de un robo masivo. La Sareb es nuestra y sus casas también.” Anaïs hace un llamamiento a la resistencia a todos los bloques en lucha y recuerda que han conseguido victorias con grandes fondos buitre.
Mouad Kassoubi del bloque dar zwina, en Premià de Mar comenta “la clase trabajadora mundial tenemos un papel importante. Algunos dicen que los inmigrantes tendríamos que integrarnos más e invita a integrarse en este movimiento.”
Marta Espriu de la Confederació Sindical de l’Habitatge de Catalunya ha afirmado que “las hipotecas y los alquileres son una forma de enriquecerse con nuestras casas.”
Alquileres desorbitados y sus consecuencias en la clase trabajadora
El precio desorbitado de los pisos de alquiler dificulta el acceso a la vivienda a gran parte de la población, precarizando a la clase trabajadora y afectando especialmente a los jóvenes que les impide construir un proyecto de vida estable. Esta crisis lleva décadas afectando a las principales ciudades del país, si durante la burbuja inmobiliaria de 2007 el principal problema para muchas familias fue el pago de la hipoteca, lo que llevó a una oleada de desahucios, a partir de 2014 la situación ha dado un giro: los precios del alquiler han escalado de manera desorbitada, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna.
En las ciudades con gran afluencia turística, la situación es aún más grave: la proliferación de alquileres de temporada y la presión del turismo han desplazado a los vecinos de sus propios barrios, mientras las condiciones laborales en el sector se precarizan cada vez más.
Ante este panorama, el Sindicato de Inquilinas ha liderado una gran convocatoria que ha logrado sumar a 40 ciudades en una protesta histórica por el derecho a la vivienda.
La situación de la vivienda en Cataluña
La situación de la vivienda en Cataluña sigue siendo crítica. Según datos del Institut Català del Sòl, el precio medio del alquiler en Barcelona en 2025 es de 1.117 euros mensuales. Aunque la limitación de los precios de alquilar impuesta por el gobierno ha logrado reducirlo en un 6,4% (pasando de 1.193 a 1.117 euros), sigue siendo inaccesible para gran parte de la población. En los municipios declarados como zonas tensionadas, el alquiler medio es de 878 euros, tras una reducción desde los 911 euros mensuales por la limitación de precios del alquiler.
Si comparamos estas cifras con el salario medio en Cataluña (24.255 euros anuales, según el Institut d’Estadística de Catalunya) o con el salario mínimo interprofesional (1.184 euros mensuales), queda en evidencia la dificultad de acceso a la vivienda: muchos inquilinos destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, e incluso en algunos casos la totalidad de su sueldo.
Factores que agravan la crisis de la vivienda
- Escasez de vivienda de alquiler social
Según datos del Observatorio de Vivienda y suelo, España cuenta con una de las tasas más bajas de vivienda en alquiler social en Europa: apenas el 3,3% del parque total de viviendas, es decir, 3,3 viviendas por cada 100 hogares. En contraste, países como Países Bajos (29%), Austria (24%), Dinamarca (20%) y Francia (17%) han desarrollado amplios parques de vivienda pública. En España, la política de vivienda ha estado tradicionalmente enfocada en la venta, sin una apuesta real por el alquiler social.
- Descenso en la construcción de vivienda
La construcción de viviendas en España alcanzó su punto álgido en 2007, con 650.000 nuevas viviendas. Sin embargo, tras la crisis inmobiliaria, el sector sufrió un desplome y en 2016 apenas se construyeron 40.000 viviendas, el nivel más bajo en décadas (según datos del Ministerio de Fomento).
- Drástica reducción de la vivienda pública
En los años 80, el Estado construía unas 100.000 viviendas protegidas anuales, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Actualmente, esa cifra se ha desplomado hasta 10.000 viviendas al año. La desaparición en 2012 de los créditos blandos para la construcción de vivienda protegida ha sido un factor clave en esta caída.
- Descalificación de la vivienda protegida
La vivienda protegida en España tiene un plazo de restricción tras el cual puede venderse o alquilarse en el mercado libre. Este sistema, que en su momento facilitó el acceso a la vivienda para muchas familias de ingresos bajos y medios, ha provocado la pérdida de miles de viviendas protegidas cada año, reduciendo aún más el parque público de vivienda.
- Acaparamiento de viviendas por inversores y auge del alquiler turístico
Desde 2015, el mercado inmobiliario ha experimentado un nuevo fenómeno: gran parte del stock de vivienda ha sido adquirido por inversores o destinado al alquiler turístico. La falta de oferta ha impulsado un aumento de precios mucho más rápido que los salarios, agravando la crisis habitacional.
Esta situación ha llamado la atención de medios internacionales. Recientemente, el New York Times publicó un artículo en el que identifica a Barcelona como la «zona cero» de la crisis de la vivienda en Europa, señalando la escasez de oferta y los precios desorbitados como los principales problemas.
Medidas para intentar paliar la situación
Ante la creciente preocupación social por la crisis de la vivienda, los gobiernos español, autonómicos y locales han implementado diversas medidas para intentar paliar la situación. La Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda establece límites al precio del alquiler en España, aunque hasta el momento solo ha entrado en vigor en Cataluña. Esta misma ley, obliga a los promotores a destinar un mínimo del 30% de las nuevas viviendas construidas a viviendas protegidas y de estas, un porcentaje ha de ser destinado a alquiler social. Además, algunos ayuntamientos han restringido la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos, y el Gobierno catalán ha anunciado un plan para construir 50.000 nuevas viviendas de alquiler social.
Sin embargo, entidades como el Sindicato de Inquilinas consideran que estas medidas son insuficientes y han convocado una concentración para exigir soluciones más ambiciosas. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran:
- Bajada del 50 % en los alquileres. Los precios actuales son insostenibles y asfixian a millones de personas.
- Contratos de alquiler indefinidos. Cada 5 o 7 años nos expulsan de nuestras viviendas para subir los alquileres, provocando miles de desahucios invisibles. Necesitamos contratos indefinidos para poder desarrollar proyectos de vida en nuestros hogares.
- Recuperación de viviendas vacías, turísticas y de alquiler de temporada. Mientras se habla de falta de vivienda, cientos de miles de casas se destinan a usos que no son vivienda habitual. Necesitamos recuperarlas para que cumplan una función social.
- Fin de la compra especulativa. La vivienda no puede ser una inversión. Se debe prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ya sea por parte de fondos buitre o de rentistas individuales.
- Aumento del parque público de vivienda y disolución de la SAREB. Es necesario ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino mediante la devolución al parque público de las viviendas de la SAREB y mediante expropiaciones. El modelo actual de vivienda de protección oficial busca asegurar el beneficio de promotores privados con dinero público. Necesitamos un modelo que elimine los requisitos de ingresos mínimos, ajuste los precios según los ingresos de los núcleos familiares y cree un sistema 100 % público y de alquiler a perpetuidad.
