Madrid – Ángel Sanz Montes
El Derecho al aborto en Madrid es prácticamente un sainete ideológico tragicómico institucional, sobre cómo hacer del incumplimiento normativo y la imposición ideológica, un espectáculo de virtudes patrias de la «fachosfera». Es tristemente el ludibrio nacional y causa de sufrimiento para los afectados. Lugar o escenario: Madrid, el «faro moral de Occidente», «baluarte del embrión y última frontera del decoro sanitario», se alza orgullosa frente al contubernio abortista internacional. En otras palabras: en la Comunidad de Madrid el 99% de los abortos NO se hacen en centros de la Sanidad Pública, sino en Clínicas Privadas o en otras Comunidades, aunque la Ley lo regule de otro modo. En Madrid se obliga de facto a ir por lo privado. QUe no todos podemos.
Bajo el liderazgo de su excelsa presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al mando de la Comunidad ha decidido (como una nueva Evita Perón) —con firmeza y mucha pose y caída de ojos a lo “Santa Madonna”— que se resistirá a la Ley Orgánica 2/2010, y a su reforma por la Ley Orgánica 1/2023, que ordenan garantizar el acceso al aborto y crear un registro de médicos objetores. Solo que faltó decir llorosa «no con mis fondos públicos, ¡antes lo privatizo!». Pero esto en realidad, es un drama y un obstáculo para las mujeres y parejas en Madrid que deciden ejercer sus derechos, en cuanto al control de la natalidad y ellas disponer de su cuerpo.
El «váyanse a otro lado a abortar» de Ayuso, como política sanitaria…
Ayuso ha decidido no aplicar la Ley Orgánica 2/2010, ni su reforma de 2023, que garantizan el acceso al aborto y obligan a crear un registro de objetores (véase Sanidad.Gob PDF). Su argumento para negarse: no habrá «listas negras» ni «presiones» para los médicos, aunque ello obligue a las mujeres a desplazarse fuera de Madrid como en los años 60 o acudir a las clínicas privadas y que ello quede al arbitrio de la CAM si lo cubren económicamente o no (ElDiario.es).
Pero, en cambio, sí usa la institucionalidad para proteger a su «Ciudadano Particular» (su pareja, Alberto González Amador). Así, Madrid se convierte en una suerte de Estado Libre Faro de la Moralidad, donde la ley se cumple solo cuando conviene.
La ley que Ayuso desconoce (pero cita cuando le interesa)
La ley consagra el derecho al aborto hasta la semana 14 sin justificación, y hasta la 22 por causas médicas. La reforma de 2023 suprime el periodo de reflexión, restituye la autonomía de las menores de 16-17 años y obliga a las comunidades a crear un registro de objetores para garantizar la cobertura. En esto no está sola. El Ministerio de Sanidad ha advertido formalmente a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias que tienen un plazo máximo de tres meses para instaurar ese registro, so pena de acciones legales (El País).
El incumplimiento en Madrid de crear el “registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia”
A día de hoy (octubre de 2025) la Comunidad de Madrid sigue sin crear formalmente ese registro de objetores de conciencia (véanse Cadena Ser, Público.es).
El Ministerio de Sanidad ha advertido formalmente a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias que tienen un plazo máximo de tres meses para instaurar ese registro, so pena de acciones legales (véanse cadenaSER, Ministerio de Sanidad – Informe 7-10-2025 en PDF).
Como dato muy significativo de la deriva de la Comunidad de Madrid, casi el 99 % de los abortos ocurren en clínicas privadas (o concertadas con uso privado), mientras que el porcentaje de abortos realizados en hospitales públicos madrileños es inferior al 1 % (véanse HuffingtonPost, Newtral.es). Situación que entronca con los 30 años de proceso de privatización de la Sanidad Pública en Madrid.
Esta disparidad refuerza la desigualdad territorial. Según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, solo el 21,2% de los abortos en España se realizaron en centros públicos, lo que refleja una tendencia creciente respecto al 14,3% de 2019. Sin embargo, existen marcadas diferencias regionales: Cantabria: 88,5%; Galicia: 77,0%; La Rioja: 76,1%; Baleares: 61,3%; Cataluña: 55,7%; Navarra: 50,0%; País Vasco: 48,0%; Asturias: 47,0%; Aragón: 45,0%. La media baja a 21,2% porque son las Comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla (Regidas por el PP con o sin VOX), quienes derivan casi todos sus casos al sector privado, incumpliendo la ley que garantiza este derecho en el sistema público. En Madrid, por ejemplo, se registraron 177 abortos públicos de un total de 162.000 en diez años (Cadena SER).
El registro es necesario por razones logísticas y críticos han señalado que sin registro de objetores no se puede planificar racionalmente qué hospitales, qué quirófanos, qué turnos y qué profesionales “no objetores” deben estar activos. Es como querer montar una orquesta sin saber quién sabe tocar el violín (El País). En análisis periodísticos, en general, se insiste en que varias comunidades siguen sin cumplir la ley del aborto tras la reforma (Newtral). Así que no es solo que Ayuso diga “yo no lo haré”: es que Madrid carece del mecanismo básico que la Ley exige para hacer funcionar el derecho al aborto. (Tele Madrid)
Madrid, sin embargo, insiste en no crear ese registro, a pesar de las advertencias del Ministerio de Sanidad. Y mientras, el 99% de los abortos se realizan en clínicas privadas, lo que revela una desigualdad escandalosa, e insistimos en el dato porque significa una preocupación y problemática añadida para la mujer o pareja que quiere ejercer sus derechos.
El ridículo performativo: Ayuso y su retórica
En la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso espetó: “No se va a señalar a nadie por abortar… ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”. Esta frase —recogida por Cadena SER— condensa la visión ideológica del Partido Popular sobre el aborto, en la que el derecho reconocido por ley se convierte en una concesión moral y no en una obligación pública. Ayuso, que ha calificado el debate sobre el aborto en la sanidad pública como “una cortina de humo del PSOE”, utiliza el lenguaje de la libertad individual para justificar la inacción institucional. Sin embargo, su postura —presentada como defensa de la “libertad de conciencia” de los médicos— tiene efectos muy concretos: el 99% de las mujeres que interrumpen su embarazo en Madrid se ven obligadas a hacerlo en clínicas privadas, ya que la Comunidad apenas garantiza el servicio en hospitales públicos.
Inciso aquí para señalar con quien del PP está Díaz Ayuso está en sintonía ideológica. Nos referimos, por ejemplo, al exministro Federico Trillo .Recordemos que es figura histórica del ala más conservadora del Partido Popular. Este personaje ha sostenido durante décadas un discurso abiertamente contrario al aborto, en perfecta sintonía con la línea ideológica expresada hoy por Ayuso. Trillo fue uno de los principales impulsores del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley del Aborto de 2010, al que definió como una “regresión moral sin precedentes” que “nos aleja de la defensa del derecho a la vida”. En declaraciones públicas llegó a afirmar que con esa ley “España retrocede en la protección de los más inocentes” y que “no avanzamos hacia la progresión de la vida, sino hacia atrás”, en alusión directa al reconocimiento legal del aborto. Su lenguaje —centrado en la idea de que el aborto supone la “pérdida de vidas humanas” y un “fracaso de civilización”— refleja la misma matriz moral que subyace en las palabras de Ayuso: la negación de un derecho sanitario como expresión legítima de libertad de las mujeres, sustituido por un discurso paternalista y religioso que sitúa la moral privada por encima de la ley. Eso Isabel Díaz Ayuso lo vuelve a poner en primer plano en sus políticas ejercitadas de facto en la Comunidad de Madrid.
Lo que Ayuso se expresó en el Parlamento de la Comunidad de Madrid al decir «…que no va a obligar a ningún médico a practicar abortos», no es una excentricidad ni una “Ayusada” más, sino la continuidad de una política de hechos que traslada un derecho sanitario a la esfera privada y moral, amparada en la retórica de la objeción y el desplazamiento (“váyanse a otro lado”), que en realidad encubre una política de exclusión.
Para justificar su postura negativa y en denegación del servicio pública, la presidenta invocó además torticeramente el artículo 14 (igualdad), el 15 (derecho a la vida), el 16.1 (libertad ideológica) y el 16.2 (nadie obligado a declarar sobre sus creencias). Y hasta se atreve a citar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Corán, en un giro que parece sacado de una comedia o un sainete de derechas muy madrileño (Europa Press).
Además, ha invocado la Declaración Universal de Derechos Humanos, convenios internacionales, y hasta el Corán (en un giro retórico que parece extraído de un guion de comedia política) para justificar su posición (véanse Democrata.es, y Europa Press).
Recordemos que la Ley Orgánica 2/2010, y su reforma en 1/2023, reconocen el derecho individual de objeción para el personal sanitario y exigen precisamente lo siguiente:
- Reconocer el derecho individual de objeción para el personal sanitario implicado en abortos (ginecólogos, anestesistas, matronas, enfermeras), siempre que manifiesten ese derecho por escrito.
- Obligar a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores para garantizar que siempre haya cobertura legal, sin vacíos de prestación.
- Que las administraciones garanticen que existan profesionales no objetores suficientes para prestar el servicio público del aborto sin depender exclusivamente de clínicas privadas.
- Que los protocolos, resoluciones y normativa autonómica concreten estos derechos, definan cómo se autoriza un centro, cómo se reorganizan derivaciones o turnos, y cómo se respeta la confidencialidad.
La objeción no puede convertirse en obstáculo sistemático: la ley ha previsto que el derecho del profesional convive con el derecho de la mujer a interromper, y que la administración debe equilibrar ambos.
Mientras, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, califica el registro de «inútil» y «punitivo». Una contradicción tragicómica que retrata a un gobierno más interesado en el teatro que en la salud.
Madrid, ¿un «rogue state» respecto del derecho al aborto, como Corea del Norte?
En terminología política, un «rogue state» es aquel que incumple normas nacionales e internacionales. Madrid, con su desobediencia sistemática a una Ley estatal, se comporta como un mini-estado rebelde. Ayuso, como una reina desobediente, se encastilla en su Palacio de Cibeles, desafiando al Estado central. Tanto que critica a Venezuela o Corea del Norte. Lo que en España recoge una ley es Derecho.
Si esto fuese un sainete cómico, la escena final tendría a Ayuso esposada y aplicándose el artículo 155 de la Constitución a la CAM. O ella huyendo en el maletero de su pareja desde el Palacio de la CAM, en la plaza de Cibeles, hacia Bélgica. Ya ha sucedido, pero fue en otro caso “de más altura”. En Madrid deben cumplirse también las Leyes aprobadas en el Parlamento del País, sin subterfugios. Lo contrario es hacer sufrir a las mujeres y parejas que se ven en la circunstancia o voluntad de abortar.
Todo este recital verbal antiabortista de Ayuso, se aparta de la línea general del PP, y proyecta la imagen de una presidenta que declara el incumplimiento con teatralidad mesiánica, como si creyera estar protagonizando un “revival político de los años del NODO”, con cámara picada desde abajo, ella con viento heroico en el peinado y una banda sonora de cornetas institucionales. Pronunciando arengas sobre la defensa de la moral pública desde el balcón —ella, la reserva espiritual del útero occidental frente al contubernio abortista— mientras a su alrededor los decretos legales y la libertad de la mujer a disponer de su cuerpo, caen por el fervor patrio.
Hechos probados: el fundamentalismo de Ayuso
Nuestras Leyes Orgánicas regulan tanto el derecho “al aborto” como “el derecho de objeción de los sanitarios”, pero exige que se garantice la prestación pública. Madrid, en cambio, convierte la objeción en una carrera de obstáculos que termina arrimando a las clínicas privadas, casi ninguno en hospitales públicos.
Ayuso se declara en rebeldía, con una solemnidad que raya en el ridículo. Su espectáculo, sin embargo, tiene consecuencias reales: las mujeres deben acudir a clínicas privadas o irse a otras comunidades.
Conclusión: ¡basta de show!
Este artículo no pretende dictar cordura, ya que en Madrid se prefieren los discursos electrizantes. Sino hacer patente el «show autónomo de Ayuso» que debe terminar. Ayuso argumentó ideológicamente de soslayo que cada aborto era una muerte de un feto, etc… Ideología en frente común de PP-VOX con otras asociaciones o grupos antiabortistas como: HazteOir.org, CitizenGO, Profesionales por la Ética, Médicos por la Vida, Instituto de Política Familiar, Foro Español de la Familia, Grupo Provida Madrid, 40 Días por la Vida, Refugio Provida, Red Madre, Fundación Madrina, Mi Primera Ecografía, Fundación CIDEVIDA, Asociación Católica de Propagandistas [ACdP], Liga de Acción Pro-Vida, Organización del Bien Común). Las Leyes, aunque molesten en la fachosfera, deben aplicarse rigurosamente. Las mujeres deben tener acceso real a sus Derechos en estos y otros temas según dispongan las Leyes y Sanidad o Servicios Públicos sin arrimar negocio a las clínicas privadas.
Si algo ha demostrado este episodio es que no bastan leyes bien estructuradas, si no hay voluntad política para aplicarlas (al contrario, ideología de no hacerlo). También se hace obvio y necesario que, cuando la costeable infracción se convierte en espectáculo público, el Estado central debe tener instrumentos —legales, judiciales, políticos— para restablecer el orden constitucional sin disculpas ni demora.
Este artículo no pretende dictar cordura. Ya sabemos que en Madrid se prefieren los discursos electrizantes para el NoDo que a veces es TeleMadrid (algunos programas y no todos sus profesionales, aclaramos). O acaso,… ¿tal vez?… ¿Será la cada vez más debocada teatralidad de Ayuso, al estilo Evita Perón casi, que espera alzarse hasta la Moncloa (viendo la poca solvencia en la figura del Caballero del triste semblante el Sr. Feijóo)? Pero si se empeña en convertir sus obligaciones en discursos ideológicos, e incumplimiento real o trabas a las Leyes. Lo que se produce es real y para nada cómico. La resulta es que las mujeres tienen que acudir a clínicas privadas o irse a las otras comunidades autónomas que sí cumplen con la Ley. Pedimos, ¡que el “show autonómico y de campaña electoral eterna de Díaz Ayuso” termine ya!, y que las Leyes se apliquen en su totalidad. ¡Telón!
Ángel Sanz Montes
Informático. Gestor de proyectos. Lector, paseante, escritor a ratos y fotógrafo ocasional. Residente en Ferrol (España).
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