El Partido Popular confía en que la Comisión Europea frene “el decretazo” del Gobierno sobre RTVE antes de diciembre. Los populares insisten en que la reforma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la que pretende instaurar nuevos equilibrios para conformar el Consejo, “ataca” el Reglamento europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación.
El Partido Popular solicitó ayuda a Bruselas el mismo día que el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un decreto ley para instaurar nuevos equilibrios para conformar el Consejo de RTVE. El Gobierno tendrá que convalidar este texto legal en un plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles.
Los populares califican la medida de “extrema gravedad” y, desde el primer momento, señalaron a los socialistas que “si querían acuerdo, deberían haber negociado antes que aprobarlo vía decretazo”. Así, estudiaron cuál sería el “procedimiento más rápido” para que Bruselas “tumbe” esta medida, explicaron a Servimedia fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, registró una consulta para la Comisión Europea donde pregunta «¿Qué medidas piensa tomar la Comisión Europea para evitar este asalto político al consejo de RTVE por parte del partido en el Gobierno para asegurar la libertad y pluralismo del medio?».
Ahora este órgano europeo tiene hasta cinco semanas para responder y los populares destacan a Servimedia que si el Ejecutivo saca adelante la medida en la Cámara Baja con sus socios antes de ese plazo “recurriremos por otros medios en Bruselas” agregando que “no lo vamos a dejar pasar”.
La formación considera esto un “nuevo ataque a la radiotelevisión pública” y, demás, asegura que “viola el Reglamento europeo sobre Medios de Comunicación». En concreto, los populares explican que “se vulnera el artículo cinco” de este Reglamento, que “establece que los directores y los miembros del consejo de administración de los medios públicos deben ser nombrados de manera transparente, abierta y no discriminatoria».
Asimismo, en este mismo apartado, también recalca que los Estados deben “garantizar” que los medios públicos «sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional, y ofrezcan de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias».
Otra de las críticas que realizan los populares amparándose en este Reglamento es que señala que los criterios sobre los procedimientos de financiación de los prestadores del servicio público de medios se deben basar «en criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano».
Desde el Grupo Popular Europeo sostienen que la «Comisión Europea ya advirtió en los sucesivos Informes del Estado de Derecho en España de la necesidad de incrementar el pluralismo de los medios en el país».
(SERVIMEDIA)
