La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) manifestó su “preocupación” ante las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas para modificar las reglas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el actual procedimiento de designación, aun en curso.
En un comunicado, la organización denunció que las propuestas inciden directamente en el procedimiento en curso para la renovación del Tribunal Constitucional, “contribuyendo a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Explicó que, por un lado, se pretende alterar la mayoría necesaria para la elección de los miembros del Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fijada en tres quintos -tras la modificación legal aprobada hace menos de cinco meses- y que, ahora, de prosperar dichas enmiendas, se vería rebajada a mayoría simple sin necesidad de un quorum mínimo previo y limitando el voto de cada vocal a un solo candidato o candidata, siendo elegidos los que hayan obtenido un mayor número de votos.
Al respecto, la APM recordó que en 2020 se planteó una propuesta en esa línea que se retiró y la Comisión Europea lo consideró “un avance positivo”, dado que “habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización”, valoración favorable que la APM ve “despreciada” ante las enmiendas presentadas.
Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos plantean habilitar al Gobierno y al CGPJ para que realicen sus respectivas propuestas de nombramientos, aunque la otra parte no lo haga.
También se suprime la verificación -por el Pleno del Tribunal Constitucional- de los requisitos requeridos por los magistrados propuestos, verificación que se califica por los expresados grupos parlamentarios de “trámite legal adicional” y “disfuncional”. La APM consideró esta situación “más grave si cabe, cuando, a día de hoy, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo por el que propone el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional que, en consecuencia, se verían dispensados de dicha fiscalización, al igual que los que, en su día, se propongan por el CGPJ”.
La Asociación Profesional de la Magistratura apeló a la “responsabilidad institucional de garantizar, sin reserva alguna, los valores del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas”.
