- En el informe que ha presentado en el Congreso, en respuesta a la encomienda que le hizo el Parlamento para investigar estos delitos en marzo de 2022
- Se basa en entrevistas con 487 víctimas y una encuesta GAD3 en la que el 0,06% de los preguntados dijeron ser abusados siendo niños por un cura o religioso
- Según Gabilondo, «ahora es el momento» del Congreso de los Diputados, de la Iglesia, del Gobierno y del Poder Judicial para que adopten medidas «concretas»
El informe elaborado por la comisión asesora del Defensor del Pueblo encargada de estudiar los abusos sexuales en la Iglesia recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
Son algunas de las cuestiones recogidas en el documento de 777 páginas que entregó este viernes su titular el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En la rueda posterior a la entrega del informe, Gabilondo concretó a los periodistas que ese acto público deberían estar presentes la Iglesia, el Estado y el Defensor. «El Defensor convocará un acto público, espero no encontrarme solo», subrayó.
El informe parte del trabajo realizado desde hace más de un año por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución capitaneada por Gabilondo, también creada para abordar los trabajos del informe a partir de la encomienda que le realizó el Congreso en marzo de 2022. En este tiempo ha recogido información sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres.
Las víctimas recalcaron los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. A ello habría que añadir los daños «espirituales», subrayó el Defensor.
«Es un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, continuó, por lo que “las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.
El Defensor pidió nuevas formas de colaboración a la Iglesia, como abrir los archivos, modificar el derecho canónico para que las víctimas participen en el proceso, de forma que la institución eclesial esté «a la altura» de las circunstancias. «Algún obispo nos ha enredado, nos ha dicho ‘¿qué hacen ustedes?’, pero otros lo hacen bien», indicó.
NEGACIÓN
Según reportó el Defensor, el informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, «al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema». «Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos».
No obstante, reconoció que también se han dado «buenas prácticas» en el seno de la institución eclesial. “Mentiría si dijera que nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria”, matizó, pues en su opinión «la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber» y se ha apartado del antiguo «temor» de que se dañara a la institución eclesial.
El documento observa que «los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar» frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica. «Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada» y que la mayoría de los casos «no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial».
Precisamente, Gabilondo ahondó en la cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos, que según dijo no es su propuesta, pues «una ley que modifique el Código Penal en este sentido no puede tener efectos retroactivos».
ENCUESTA
Gabilondo detalló que el informe también recoge datos de una encuesta de GAD3 realizada para la institución que revela que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifestó que ese abuso se produjo en el ámbito familiar y el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada fue agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso. “Un número muy significativo”, remarcó Gabilondo.
Además, el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. La encuesta fue realizada a una muestra de 8.013 personas, para testimonios recabados “desde 1940,” pero el “grueso” de las víctimas lo fueron desde 1970 a los años 90 del siglo pasado.
«No creemos que hay que extrapolar estos datos», recomendó el Defensor a los periodistas tras la entrega del documento. También pidió «que se erradique el abuso sexual infantil», pues «un porcentaje grande se produce en el ámbito familiar». «Nuestra obsesión no es la Iglesia», pero explicó que en los citados datos puede verse «su magnitud» en comparación con el conjunto de la población española a partir de una encuesta a una muestra «representativa».
Desde su perspectiva, la investigación «no pretende ser una última palabra, una solución definitiva ni un punto final ante un daño tan grande que ha afectado a tantas personas» y responde a «la toma de conciencia» de la sociedad.
El ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, Una respuesta necesaria’, también se hace público este mismo viernes en la web del Defensor del Pueblo (‘www.defensordelpueblo.es’).
Gabilondo anunció que lo entregará al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 2 de noviembre, y se mostró dispuesto a hacer lo mismo a la Conferencia Episcopal, que precisamente ha convocado una reunión de su Asamblea Plenaria para este próximo lunes 30 de octubre para estudiar y valorar el informe. El Defensor excusó la invitación que le hicieron los prelados para acudir a ese encuentro por «motivos familiares», pero confirmó su disposición a acudir en otro momento.
El Congreso de los Diputados hizo una encomienda al Defensor el 10 marzo 2022 para investigar los abusos perpetrados en el seno de la Iglesia, por la que se creó una comisión asesora, compuesta por expertos externos, una unidad de atención a las víctimas, formada por especialistas contratados para la ocasión, y un foro de asociaciones de víctimas.
Desde entonces, el Defensor ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con la dirección de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Española de Religiosos, Tribunal de la Rota, institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.
(SERVIMEDIA)
