Junts, PP y Vox vetaron este miércoles la tramitación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso tras un bronco debate entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con estos tres partidos, a quienes acusó de propinar una “sonora bofetada” a la clase trabajadora del país y en el que se mostró especialmente dura con Junts, a quien espetó que no está representando al independentismo, sino a los “sectores más reaccionarios de la patronal española”.
Este fue el resultado de que los tres partidos mantuvieran la enmienda a la totalidad que presentó cada uno de ellos y de que Junts no retirara la suya, pese a las negociaciones con el Ministerio de Trabajo de los últimos meses. Con ello, el proyecto de ley se devuelve al Gobierno y no se podrá tramitar en el Parlamento. Las enmiendas a la totalidad fueron aprobadas por 178 votos a favor y 170 en contra.
En la defensa de la norma, Díaz abrió su intervención agradeciendo la labor de los sindicatos y de las personas que protestaron este miércoles en las calles, tras lo que abrió fuego contra “las tres derechas de este país”. Comenzó por Junts, a quien le desmintió su discurso, dado que España ha cambiado en los 42 años en los que no se ha modificado la jornada laboral. Como ejemplo, además de la irrupción de las nuevas tecnologías, comentó que España ha pasado de 11 millones de ocupados a casi 22 millones, récord histórico.
La vicepresidenta segunda también esgrimió el aumento que han experimentado los beneficios empresariales en los últimos años y contrapuso la el hecho de que ella “representa” los intereses de los trabajadores y Junts los de quienes en España y Cataluña “se están forrando”. Hizo extensivas estas acusaciones al PP y arguyó que este debate “va de repartir la productividad”.
Además, desmontó “mitos” como que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) iba a “destrozar” la economía, así como que la reforma laboral de 2021 destruiría empleo, lo que no ocurrió, frente a la “España negra” de la reforma del PP aprobada en 2012, a la que CIU no se opuso.
“Esta norma, lo que hace, es subir los salarios. Lo tienen ustedes muy difícil para explicarlo. Es que reduciendo la jornada laboral, manteniendo el salario, que esta es la opción que hemos seguido, lo que estamos haciendo, señorías, es subir la masa laboral del conjunto de la gente trabajadora de este país”, enfatizó la titular de Trabajo, para espetar a Junts que “esta estrategia les va a hacer fracasar”, pues la mayoría de sus votantes están a favor de la medida.
Y fue más allá, al advertir a los de Puigdemont que no están representando a los independentistas, sino a “los sectores más reaccionarios de la patronal española”, mientras “han tirado a la basura” propuestas que han negociado juntos para mejorar el apoyo a los autónomos.
Pese al fracaso de la ley este miércoles, Díaz aventuró que “el hilo rojo” que atraviesa la lucha de la clase obrera seguirá actuando y se terminará reduciendo la jornada laboral. “La historia avanza siempre y este hilo rojo volverá a pasar por encima de quienes hoy, con sus votos, quiere detenerlo”, zanjó.
En el Congreso, estuvieron presentes los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, después de protagonizar la movilización que se celebró a las puertas de la Cámara Baja para pedir a Junts, PP y Vox que no tumbaran la reducción de jornada. Esta fue precedida de decenas de movilizaciones por toda España y de un encierro en una iglesia de Madrid la pasada noche.
Por parte del Gobierno, estuvieron presentes, en el momento de la votación, además de Díaz, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como los titulares de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; Transportes, óscar Puente, y Cultura, Ernest Urtasun.
AHOGAR A LAS EMPRESAS
En la oposición, se dio por sentado desde siempre el ‘no’ de Vox y también del PP, cuyo responsable de Hacienda, Juan Bravo, señaló que los ‘populares’ creen que la reducción de jornada que impulsa Díaz es como “intentar ponerse una talla menos” antes de adelgazar, cuando lo que hay que hacer es lo contrario. Asimismo, cargó contra el modo de legislar del Gobierno, como se vio con la Ley de Vivienda y la Ley del ‘solo sí es sí’, que intentó proteger a las mujeres y terminó adelantando la salida de prisión de violadores.
Para Bravo, lo que busca Díaz es “ahogar” a las empresas porque si se pudiera reducir la jornada ahora, ya se hubiera hecho vía negociación colectiva. Del mismo modo, censuró que obviara en el diálogo social las propuestas de la patronal.
A renglón seguido, Bravo, responsable de defender la enmienda a la totalidad del PP, realizó propuestas como que se aborde la reducción de jornada por sectores económicos, atendiendo a sus especificidades; que se aumenten las horas extra que se pueden hacer; luchar contra el absentismo laboral; mejorar la productividad; no hablar solo del SMI y hacerlo del salario medio; reducir el paro, y reformar el Estatuto de los Trabajadores, que es “anterior” a internet.
“Pedimos la devolución de este proyecto porque creemos en otra vía, la del consenso, la de la responsabilidad, la creación de empleo. Nosotros estamos en propuestas, en trabajar, en mejorar las oportunidades y la condición laboral de todos los españoles. Y ustedes, ¿dónde están?”, inquirió Bravo.
Finalmente, Díaz cerró el debate señalando que este rechazo es “una razón para la movilización” y subrayó que “este debate está ganado en la calle”, por lo que es “incomprensible” que ni siquiera se haya podido debatir. “No muestra más que debilidad y miedo por las fuerzas que se han opuesto”, sintetizó. Tras el debate duro, Nogueras (Junts) dijo que está dispuesta a seguir negociando, a lo que la vicepresidenta se mostró dispuesta desde este mismo jueves.
SUPERVIVENCIA POLÍTICA
Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera empleó también un tono contundente contra Díaz y sostuvo que los trabajadores “lo que quieren es estabilidad y sueldos dignos”, al tiempo que explicó que su partido lo que vota es “a favor” de las pymes y del bienestar. “Este, vicepresidenta segunda, es su proyecto personal. Hoy prácticamente es su supervivencia política. Tiene el apoyo de los sindicatos españoles y avalado por el PSOE”, arremetió Cervera.
Eso sí, recordó que incluso Díaz tuvo diferencias en el seno del Gobierno con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, porque él pensaba que esta reducción de jornada “generaría dificultades a las pymes”, como ahora dice Junts. También añadió que ellos son partidarios de reducir la jornada pero vía mejora de los tiempos de trabajo.
En su alocución, apuntó que Junts no ha pactado “nada con la derecha española ni la ultraderecha española”, sino que con ellos pactó el PSOE y Sumar en Cataluña para impedir que Junts gobernara el Ayuntamiento de la Ciudad Condal e impidieron con ellos que se transfiriesen las competencias de migraciones a Cataluña. “Nosotros, ni derechas ni izquierdas. Nosotros Cataluña”, aseveró Cervera.
En el siguiente turno, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, apuntaló los argumentos de Cervera y proclamó que Díaz “no hace otra cosa” más que “mentir” continuamente.
Mientras, la enmienda a la totalidad de Vox fue defendida por el diputado Juan José Figaredo, quien acusó al Gobierno de “destruir” empresas mientras “viene aquí a decir que hay que trabajar menos”. A su juicio, esta norma afectaría “mucho” a las pequeñas empresas, especialmente en la hostelería y el turismo. “Están redactando una norma que puede tener un impacto directo en un 18,3% del PIB”, sostuvo Figaredo.
“Ustedes no están aquí para mejorar la vida de los españoles. Están aquí para agarrarse al poder”, deploró Figaredo, para lamentar que los ciudadanos “cada día tienen más difícil” hacer frente al coste de la vida y, además, que este Ejecutivo es “una pantomima” que acarrea “destrucción” y “regala” el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En cuanto al resto de los partidos, más allá de excepciones como UPN, se posicionaron contra las enmiendas a la totalidad y a favor de tramitar la reducción de la jornada. Eso sí, la diputada de Podemos Noemí Santana dijo que el Gobierno debe ir “más lejos” y buscar instaurar las 30 horas semanales. En sentido opuesto, los matices introducidos por el PNV apuntaban más a atenuar la reducción de jornada para adaptarla a las necesidades de cada sector.
CASI DOS AÑOS DE TRAYECTORIA
Cabe recordar que la reducción de jornada fue una de las principales medidas que Sumar incorporó al acuerdo de Gobierno con el PSOE para esta legislatura y que el Ministerio de Trabajo negoció con los sindicatos y la patronal durante casi todo el año pasado, aunque finalmente el acuerdo fue solo posible con CCOO y UGT, al considerar CEOE y Cepyme que era una medida “lesiva” para las empresas y el empleo.
Tras ello, la medida generó sonoras diferencias en el seno del Ejecutivo, dado que Yolanda Díaz quería que se aprobara en Consejo de Ministros cuanto antes y el PSOE era partidario de no precipitarse. Díaz llegó a acusar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de rechazar la norma, afirmando que eso era “un poco de mala persona”.
Aprobado ya el texto en Consejo de Ministros, el Gobierno y los partidos que lo sustentan negociaron con los socios de investidura, especialmente con Junts, el partido más reacio a la medida, que presentó una enmienda a la totalidad para devolver el texto al Gobierno, igual que hicieron PP y Junts. Pese a los diálogos, los de Puigdemont mantuvieron la enmienda, incluso aunque se decidió retrasar el debate de las mismas a después del mes de agosto, puesto que en julio el clima político no era el adecuado, según la propia Yolanda Díaz.
Y es que, la actualidad estaba marcada por el estallido de las informaciones que vinculaban al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en presuntos casos de corrupción, junto a su antecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el asesor de este último, Koldo García.
Ahora, los sindicatos amenazan con protestas y exigirán al Gobierno recuperar el proyecto de ley, mientras que apruebe vía reglamento el refuerzo del control de la jornada, ya que ese apartado se puede impulsar por ese camino, que no requiere d votación en el Congreso.
El proyecto de ley, además de la reducción de jornada, incluía la reforma del control horario y la regulación del derecho a la desconexión digital. Las previsiones del Gobierno apuntan a que una reducción del tiempo de trabajo afectaría, en mayor o menor medida, a unos 12 millones de trabajadores del sector privado.
