Por Joan Pau Rica Lopez
España tiene leyes para casi todo. Tenemos una Constitución que reconoce derechos, tenemos Parlamentos que legislan, Gobiernos que desarrollan las leyes y Administraciones que deben aplicarlas Tenemos presupuestos millonarios y miles de responsables políticos y funcionarios, pero los únicos que cumplen con la ley son los ciudadanos
¿POR QUÉ TANTOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS CIUDADANOS NO TERMINAN CONVIRTIÉNDOSE EN DERECHOS REALES?
HABLEMOS DE LA VIVIENDA. Según la Constitución Española de 1978 -artículo 47.
reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
Eso está muy bien, pero para una gran parte de la población comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en una misión imposible. Y esta circunstancia genera un problema social que el Estado no puede ignorar, porque promueve o tolera la ocupación ilegal que no podemos fingir que no existe porque el enorme déficit de vivienda accesible alimenta situaciones desesperadas.
EN CUANTO A SALARIOS la Constitución Española -artículo 35. Reconoce el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia.
Nos dicen que los salarios suben. pero ¿puedo comprar hoy con mi sueldo lo mismo que compraba hace unos años? Porque lo que importa no es la inflación, sino el coste real de la vida que soporta una familia: vivienda, alimentación, electricidad, transporte, seguros y servicios. Si los precios suben más que los salarios, el trabajador pierde poder adquisitivo, aunque nominalmente cobre más. Es decir, es un trabajador pobre
LA DEPENDENCIA según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, configura la dependencia como un derecho subjetivo de ciudadanía y establece un sistema destinado a garantizar unas condiciones básicas de atención.
Aquí la situación alcanza límites intolerables. Hay personas a las que se reconoce el derecho a una prestación después de meses o años de espera. En demasiados casos, cuando llega la autorización para cobrar, EL DEPENDIENTE YA HA FALLECIDO. ¿De qué sirve entonces el derecho? Un derecho que llega después de la muerte no es una solución. Es burocracia.
CON RESPECTO A LA JUSTICIA la Constitución Española -artículo 24. Reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sin que pueda producirse indefensión.
Los procedimientos se eternizan durante años. Y en plena era digital seguimos arrastrando problemas de coordinación e interoperabilidad entre distintas administraciones, y a día de hoy , carecemos de un sistema de justicia rápido e inmediato para delitos menores y pese a que existe no se aplica la justicia efectiva en los delitos de corrupción
SI HABLAMOS DE SANIDAD la Constitución Española – artículo 43. Reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública.
Tenemos magníficos profesionales y un sistema público que ha demostrado durante décadas su enorme valor. Pero existe un problema, hay profesionales que trabajan simultáneamente en la sanidad pública y en la privada y un sistema en el que determinadas actuaciones terminan derivándose al sector privado. No se trata de juzgar a médicos, enfermeros ni a la sanidad privada. Se trata de aclarar algo mucho más importante: Si se deriva un paciente, debe existir una razón clínica y organizativa. Si se paga con dinero público, debe existir control. Y si existe un posible conflicto de intereses, debe ser investigado, porque en este país el ciudadano Paga impuestos. Paga cotizaciones. Cumple las normas. Presenta documentos. Respeta plazos. Y cuando necesita aquello que el Estado le reconoce como un derecho, se encuentra con listas de espera, expedientes interminables, falta de vivienda, salarios que pierden poder adquisitivo o procedimientos judiciales que parecen no terminar nunca.
Mientras tanto, quienes hacen las leyes rara vez sufren directamente las consecuencias de que esas leyes se desarrollen tarde o se apliquen mal.
Eso tiene que cambiar. Y ES RESPONSABILIDAD NUESTRA DENUNCIAR LA MALA PRÁCTICA DE QUIENES DEBEN CUMPLIR CON LAS LEYES Y SIMPLEMENTE NO LAS CUMPLEN
Joan Pau Rica Lopez
