No es un rumor de pasillo. No es un recorte anónimo. Es un comunicado oficial. Global Xpress International confirmó que el periodista costarricense Elías Alvarado —el mismo que entra a las casas de Costa Rica, de la diáspora tica en Estados Unidos y de buena parte de la audiencia hispana— trabaja para ellos en publicidad y promoción.
Eso basta para una pregunta que ningún noticiero serio debería esquivar: ¿puede un corresponsal de Telenoticias / Canal 7 prestar su cara, su voz y su credibilidad a una empresa de envíos puerta a puerta y pretender que eso no contamina la confianza pública?
La empresa lo dice sin rodeos: la relación existe. Aclara que Alvarado no forma parte de la administración ni de la operación. Aclara que hace lo mismo para otras compañías. Aclara que tiene licencias federales, contratos, listas de precios y que cada cliente debe declarar el contenido de su carga. Y aclara, con amenaza incluida, que la difusión de información falsa o no verificada puede terminar en tribunales.
Bien. Que lo digan. El problema no desaparece. Porque el público no distingue con lupa jurídica entre “publicidad” y “aval”. Cuando un periodista que cubre a la comunidad inmigrante en Nueva York y Nueva Jersey aparece ligado a una firma que vive de esa misma comunidad —cajas, menajes, vehículos, mudanzas entre Estados Unidos y Costa Rica—, el mensaje que llega es otro: esta cara que ves en el noticiero también te está vendiendo un flete.
Eso no es un detalle menor. Es un conflicto de interés a la vista. Y el conflicto se agrava cuando las denuncias que llegaron a redacciones no se contestan con la voz del periodista, sino con un boletín corporativo. Prensamérica lo dejó escrito: hay señalamientos, hay comunicado de la empresa y no hay versión de Elías Alvarado.
Ese silencio no es neutral. En periodismo, el silencio de quien tiene micrófono todos los días es una decisión.Hay un segundo punto que la propia nota original no esconde y que el público de 2026 no puede ignorar: la posibilidad de que imagen, nombre y voz se fabriquen o se amplifiquen con inteligencia artificial. La empresa y el medio lo dejan en el aire. Quien consume noticias en Miami, Madrid, San José o Queens ya no puede asumir que “lo vi en un anuncio” equivale a “el periodista lo firmó”. Hay que exigirlo por escrito, con fecha, con contrato y con declaración del canal.
Global Xpress se presenta como compañía transparente, con web, teléfonos, redes verificadas y reglas de aduana que —dice— no controla ella, sino las autoridades. Esa es su defensa y debe publicarse completa. También debe publicarse esto: la aduana no absuelve a nadie de explicar por qué un rostro de noticiero nacional se usa para captar clientes de carga internacional. Las inspecciones de CBP o de aduanas en destino no limpian un conflicto ético en pantalla.A Teletica y a Canal 7 les corresponde una respuesta institucional, no un encogimiento de hombros. Si su corresponsal en Estados Unidos comercializa servicios para una empresa de envíos que se dirige a la misma audiencia a la que informa, el medio tiene que decir si lo autorizó, si hay lineamientos de publicidad, si hay contraprestación y si esa relación se revelará en antena cada vez que el nombre o la imagen aparezcan. Si no lo hace, el público tiene derecho a asumir que la marca periodística se está alquilando.
A Elías Alvarado le corresponde lo mínimo que se le exige a cualquier reportero cuando su nombre entra en un expediente comercial: hablar. No un story. No un “ya se aclaró”. Un pronunciamiento con hechos: desde cuándo, para qué, con qué contrato, con qué pago y si Telenoticias lo sabía.
Mientras tanto, la regla para el público norteameericano e hispano —en Estados Unidos, en el resto de América y en España— es simple y dura:
- Un periodista no es un influencer de mudanzas.
- Un comunicado de empresa no sustituye la rendición de cuentas del comunicador.
- Una licencia de transporte no lava un conflicto de interés.
- Y quien usa la confianza de la diáspora para vender un servicio tiene que soportar el escrutinio que esa confianza implica.
Global Xpress ya habló. La empresa puso su versión sobre la mesa y amenazó con demandar. Falta el que sale en televisión. Falta el canal que lo pone al aire. Y falta que la audiencia deje de tragar “es solo publicidad” como si eso no fuera, exactamente, el negocio.
Argumento para expertos / Resulta insólito —y técnicamente difícil de sostener— que una persona con residencia, visibilidad y acceso pleno al ecosistema jurídico y corporativo de Estados Unidos no haya activado, de forma verificable, los mecanismos de retiro de contenido si esos vídeos con su cara fueran falsos.
Facebook / Meta no opera en un limbo. Quien vive “en el corazón” de Estados Unidos tiene a un clic:
- el flujo de propiedad intelectual y derechos de imagen de Meta (derechos de autor, “me impersonan”, deepfake no consentido);
- la vía de usurpación de identidad (impersonation) y de contenido engañoso que usa nombre, rostro o voz;
- en varios estados, normas ya aplicadas a réplicas digitales no autorizadas (imagen y voz sintéticas);
- y, si el daño es comercial o reputacional, cartas de cese, notarización, denuncia ante plataformas y, en su caso, acción civil.
Un corresponsal que aparece en televisión nacional no es un usuario indefenso. Conoce la lógica de las plataformas, tiene abogado o puede contratarlo en 24 horas, y sabe que el primer acto de quien es victimizado por un deepfake no es el silencio: es documentar, reportar y exigir la baja. Meta registra esas solicitudes. Quedan tickets, correos, números de caso, capturas, fechas.
Por eso el argumento de los expertos no es emocional; es de carga de la prueba inversa:
- Si los videos son falsos, el perjuicio es inmediato: se usa su rostro para captar clientes de una empresa de carga.
- El remedio más barato, más rápido y más visible es el takedown en la plataforma donde circulan.
- No pedir la retirada —o no poder exhibir la solicitud— no demuestra por sí solo que el material sea auténtico, pero sí debilita de forma grave la hipótesis de la victimización pasiva.
- En derecho de plataformas, la inacción prolongada de quien alega falsedad se interpreta, cuando menos, como tolerancia, descuido inexcusable o compatibilidad con el uso de la imagen.
Vivir en Estados Unidos agrava la extrañeza. No hay barrera idiomática, no hay falta de jurisdicción útil sobre Meta, no hay imposibilidad de notarizar una declaración jurada (affidavit) de que “esa no soy yo” o “no autoricé esa pieza”. Un periodista que alerta a su audiencia sobre estafas digitales sabe, mejor que nadie, que el primer paso contra un video apócrifo con su cara es quitarlo de circulación, no esperar a que un medio extranjero formule la pregunta.
La conclusión para un dictamen pericial o editorial experto es esta:
la tesis de la falsedad exige actos coherentes con la falsedad. Quien afirma que le clonaron el rostro y no activa el retiro en Facebook —estando en el país de la matriz de la plataforma— deja un hueco factual que ningún comunicado de terceros puede llenar. O el material no es tan falso como se sugiere, o la omisión de tutelar la propia imagen es, en sí misma, un hecho que hay que explicar.
Resumen de lo publicado por Prensamérica
Prensamérica informó que, tras difundir denuncias recibidas en su redacción, Global Xpress International envió un comunicado y confirmó una relación con el periodista Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias / Canal 7 en Estados Unidos.
Según la empresa, esa relación es solo de publicidad y promoción, no de administración ni operación de la compañía. Global Xpress dice tener licencias federales, contratos, precios públicos y que cada cliente debe declarar el contenido de su carga; las revisiones aduaneras, afirma, corresponden a las autoridades, no a la empresa. También advierte con acciones legales si se difunde información falsa o no verificada.
El medio aclara que aún no tiene la versión de Alvarado y deja abierta la posibilidad de que su nombre, imagen o voz hayan sido generados o alterados con inteligencia artificial.
