El uso de mascarillas en centros sociosanitarios y en farmacias pasará de ser obligatorio a ser recomendado tras el acuerdo alcanzado este viernes por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.
Según informó Sanidad, el ministro, José Miñones, presidió la reunión en la que se debatió sobre las medidas y recomendaciones de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 y en la que se aprobó el reparto territorial de más de 600 millones de euros para la mejora de la sanidad pública.
El Ministerio, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) y tras el trabajo de la Ponencia de Alertas, expuso la situación epidemiológica y los datos de vacunación. «Los expertos trasladan el fin de la crisis sanitaria y avalan sustituir la norma que obliga al uso de la mascarilla en determinados espacios para pasar a un uso recomendado y de buenas prácticas».
Así, una vez informado el Consejo Interterritorial, y siendo secundada por todos los presentes, el Ministerio de Sanidad trasladará al Consejo de Ministros la propuesta del fin de la crisis sanitaria y el resto de medidas acordadas hasta la fecha, para su toma en consideración.
Tras la reunión, el ministro señaló que «la propuesta de paso de obligatoriedad a recomendación del uso de la mascarilla en aquellos espacios en los que aún está vigente será de aplicación para todos los espacios y en todo el territorio».
Esta reunión fue la primera del Cisns desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia sanitaria. “Como recuerda la OMS, el virus sigue presente y circulando, pero hoy estamos más cerca del final de la crisis sanitaria”, destacó Miñones, que agradeció a los consejeros el trabajo realizado al frente de sus departamentos durante la crisis sanitaria.
En este sentido, resaltó «la gran labor» realizada por el Consejo Interterritorial como órgano de coordinación en un escenario de gobernanza multinivel y su valor como ejemplo de diálogo y consenso.
REPARTO A LAS CCAA
Por otro lado, en la reunión se dio luz verde al reparto de más de 600 millones de euros a las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para la financiación de distintas líneas de actuación enfocadas a la mejora de la sanidad pública. Entre ellas, dos líneas estratégicas del Ministerio: el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (Minao), con 579.175.000 euros; y el refuerzo de la atención a la salud mental, con 38.500.000 euros.
El objeto del Plan Minap es la mejora de las infraestructuras de los centros y la ampliación y renovación de su equipamiento clínico en centros de salud y consultorios de Atención Primaria, urgencias de Atención Primaria, salas de fisioterapia y salas de radiología.
El desarrollo de la Estrategia de Salud Mental permitirá renovar las infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud destinados a la atención de la salud mental comunitaria tanto para población adulta como infanto-juvenil.
Además, aprobó los criterios para la distribución de fondos a las comunidades para desarrollar estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas, incluida la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) por un importe 2.818.070 euros.
También acordó la distribución de fondos con destino a la financiación del Programa de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas, por un importe de 1.749.391 euros. Asimismo, el Consejo Interterritorial acordó la distribución de créditos, con destino a la financiación del Plan anual de trabajo 2023 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, por un importe de 5.290.000 euros.
Sigue nuestras noticias
