La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobó este viernes el dictamen del proyecto de la Lomloe (Ley Orgánica por la que se modifica la del 2/2006, de 3 de mayo), por lo que ahora el trámite continúa en el Pleno tras haber sido aprobadas algunas de las casi 1.200 enmiendas presentadas. Las que más eco han tenido son las relativas a que el castellano deje de ser lengua vehicular y la limitación de los conciertos educativos.
Tras una sesión maratoniana de más de nueve horas, el dictamen salió adelante con 20 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención y ahora tendrá que ser la mayoría absoluta de la Cámara la que decida en Pleno remitir la reforma educativa para su trámite en el Senado. Según aseguró la diputada socialista Luz Martínez Seijo se habrían aceptado alrededor de 350 enmiendas de distintos grupos. No obstante pueden solicitar que las enmiendas no aprobadas se voten en Pleno, presentando un escrito antes de este lunes a mediodía.
Las propuestas del castellano y la concertada han contado con el respaldo de PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos, además de los grupos independentistas, mientras que los diputados de PP y Ciudadanos han anunciado que recurrirán la denominada ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional por considerar que la reforma cruza una ‘línea roja’ de la Carta Magna.
Además de los grupos de la oposición, el texto cuenta con el rechazo de numerosas organizaciones del ámbito de la educación concertada que aglutinadas en la Plataforma Más Plurales han recabado 1,5 millones de firmas contra la Lomloe, porque también pone cortapisas a la educación concertada, al impedir que se destine dinero público a los centros que segregan alumnos por sexo y legislar que las plazas de nueva creación sean públicas.
Otra cuestión que enfrentó a los diputados fue la escolarización de los niños con discapacidad. La diputada socialista Maribel García insistió en que “no se cierran los centros de educación especial” y que la Lomloe sigue las directrices de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Las familias pueden participar en los procesos para avanzar en la inclusión, respetando su opinión cuando elijan la educación en centros ordinarios o de educación especial”, añadió.
Otras enmiendas fueron añadidas al texto durante la comisión de este viernes, relativas por ejemplo al cuidado del planeta y la naturaleza o la Formación Profesional, una de las apuestas estrellas del equipo de la ministra de Educación.
«LEY FRANKENSTEIN»
En representación del Grupo Popular, Sandra Moneo calificó el proyecto de “rupturista”. “Con la tramitación de esta ley han quemado ustedes sus naves”, dijo al PSOE, añadiendo que se trata de una «Ley Frankenstein dispuesta a contentar a todos aquellos a quienes les ha permitido sentarse en el poder; quizás el poder es lo único que les mueve en este momento”.
Así, Moneo acusó a los socialistas de “cruzar la línea roja de la Constitución” en cuestiones como limitar la libertad de los padres a elegir colegio para sus hijos y aseveró que “el texto es el peor enemigo de la educación, especialmente de la pública”. La diputada avanzó que trabajará en un nuevo texto normativo que permita la vertebración del sistema y establezca en el currículum con un 65% de enseñanzas comunes, “no mínimas”, precisó, y un fondo de cohesión interterritorial “para no tener alumnos de primera y de segunda, residan donde residan”.
Más duro fue su compañero de grupo Ángel Alonso, quien pidió la dimisión de la ministra Isabel Celaá después de retirar la ley. “Es un día triste para la educación”, lamentó. “El Gobierno del cambio se está dedicando a un cambio muy distinto del que prometió a sus votantes: cambia el castellano vehicular por los votos independentistas, la calidad por garantizar sus poltronas e incluso presos de ETA por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Qué vergüenza, más que ante un Gobierno del cambio estamos ante uno de trileros”, zanjó.
La diputada socialista Luz Martínez Seijo acusó a los populares de “falsedad” y “toxicidad” y pronosticó: “El tiempo nos dará la razón”. “Los únicos que están jugando con la educación pública son ustedes”, dijo a los populares, acusándolos de “tomar opción por la concertada” y de implantar recortes. Martínez Seijo también defendió la equidad “como uno de los principios esenciales” y “transversal a toda la ley». “No la han leído”, reprochó a la oposición.
Su compañero de bancada socialista Guillermo Meijón aseveró que “si alguien ha querido entorpecer y dilatar esta ley son los que se sienten muy felices de que la Lomce esté vigente”. “La ley dice lo que dice la Constitución, ni más ni menos”, añadió en referencia a la Lomloe, acusando al PP de “azuzar el conflicto lingüístico”.
También arremetió contra la vigente ‘ley Wert’ el diputado del Grupo Confederal Unidas Podemos Javier Sánchez Serna quien remarcó que el objetivo de la Lomloe es derogar la actual normativa. Aplaudió que el texto que se tramita actualmente arrancó como “un proyecto monocolor” y “va a salir como la Ley de Educación de un Gobierno de coalición”. Además, defendió que el proyecto “recoge muchas de las demandas de la comunidad educativa”, “más de 100 enmiendas”, indicó.
Además, subrayó que se han incorporado algunas cuestiones “que no estaban en el texto original y llevan el sello inconfundible de Unidas Podemos”, como es “el blindaje de la educación pública, el impulso de la educación de 0 a 3 años y la no segregación en centros sostenidos con fondos públicos”. El diputado confesó su deseo de que con la Lomloe se hubiesen bajado los ratios de alumnos por aulas y sacar la Religión del horario escolar, algo que entiende “posible en el marco del Concordato”.
CONTRA LOS DESFAVORECIDOS
El diputado de Vox Joaquín Robles López centró su discurso en la defensa del castellano: “La izquierda acaba de cometer la mayor traición a su ideología que es legislar contra las clases más desfavorecidas”, indicó, pues según sus datos para el 82% de la población del País Vasco la lengua materna es el español y en Cataluña de las clases menos pudientes. Robles también reclamó “igualdad” para que todos los alumnos estudien “lo mismo” y no según lo que marquen los diferentes currículum de las distintas autonomías. “Creo que necesitan ustedes algunas clases de lógica”, indicó. Hay que tener claros los fines que se persiguen y Podemos y PSOE han hecho coincidir esos fines con los de los partidos separatistas que quieren romper el orden constitucional”, zanjó.
Montserrat Bassa, del Grupo Republicano, aseguró que el objetivo de su grupo es la independencia de Cataluña y comentó que mientras no se constituya la República catalana no se podrá desarrollar “un proyecto de país” y una ley educativa propia. No obstante, precisó: “Esta ley incrementa significativamente nuestra competencia en el establecimiento del currículum. Nunca habíamos tenido unas cotas tan altas, pero es insuficiente”.
En su intervención, la diputada se refirió a otras cuestiones que valora de la reforma como “la conciencia medioambiental”, “el respeto a todos los seres vivos y al planeta”, “la conciencia social” y “educar en la justicia, libertad y no violencia”, ademas del modelo “inclusivo” que en su opinión plantea. Además, subrayó que la Lomloe apuesta por la educación para la salud, la educación afectivo sexual y la educación en valores.
Inés Sabanés, por el Grupo Plural (Más País-Equo), hizo un reconocimiento a los profesores de Cataluña, Euskadi, gallegos y valencianos “a los que sistemáticamente se les acusa en la Cámara de adoctrinar”. En su opinión, las críticas de la derecha y de algunos sectores a la reforma, son “una cortina de humo” y “una vuelta al pasado” frente a los problemas que considera que realmente tiene la educación. “No son la lengua y la Religión”, dijo, sino cuestiones como “la desigualdad, el fracaso escolar, la falta de financiación o la segregación”.
“Es lo que trata de atajar la ley”, sostuvo. Además, defendió su apoyo a la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular asegurando que “el castellano no está en riesgo ni en Cataluña ni en España ni en el mundo”.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Martín Laguno aseguró que el trámite de la Lomloe tiene “dudosa garantía democrática” y que el texto no cuenta con el informe del Consejo de Estado. Además, señaló que han sido “vetadas las comparecencias de la comunidad educativa que muy consensuada no está a la luz de las manifestaciones que se están produciendo”.
Para Martín la norma está “completamente ideologizada”: “Esto no va de educación, va de eslóganes electorales. Ésta no es la ‘ley Celáa’, es la ‘ley Rufián-Iglesias-Lastra-Torra-Otegi’, grandes eruditos nacionales y con todas estas mimbres qué podía salir mal”. La diputada señaló que “todo lo que están planteando debería hacer pensar mucho a los diputados del PSOE porque esto cuando se quiera revertir habrá muchos niños afectados”.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, Josune Gorospe, resaltó que las leyes educativas debatidas en el Congreso “ignoran las competencias de las comunidades autónomas” y revindicó que la nueva norma haga referencia “a los órganos competentes en educación”, “otorgándoles un rol activo”. La diputada se refirió a que en el texto no se incluyen todas las enmiendas que ha presentado su grupo, especialmente las referidas a garantizar las competencias y el “respeto a la singularidad propia de los territorios forales” y las lenguas propias. “Aunque no es todo lo que quisiéramos”, añadió porque “el PNV quisiera fijar todo el currículum”, calificó de “pragmática” la visión que plantea la ley.
Para la diputada Isabel Pozueta (EH-Bildu) “el actual modelo no responde a las urgentes necesidades de la sociedad del siglo XXI y menos con el Covid” y lamentó que el Gobierno “marque criterios” en la reforma. “No queremos ser meros gestores de lo que se nos permite”, revindicó, subrayando: “La ley está muy alejada de nuestros objetivos del cambio y de avanzar en los derechos que como naciones tenemos”.
El diputado del Grupo Mixto Sergio Sayas también reprochó a la izquierda “el escaso carácter democrático en su tramitación” y que haya sido “de espaldas” a los sectores educativos. En su opinión, con esta reforma se produce un “pago a la radicalidad por parte del Partido Socialista para sostenerse en el Gobierno. No hay otra explicación posible. Es un castigo a la concertada, anula la diferenciada y llega a tanto ese pago y el extremismo que va a ser posible poder estudiar en español en algunas comunidades de este país. Es una vergüenza democrática y claramente inconstitucional”. Con la Lomloe, añadió, “España será un país menos libre, porque ustedes entienden educación con adoctrinamiento”.
(SERVIMEDIA)
