El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes un Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Medio que consta de 80 medidas y supondrá la movilización de 5.000 millones de euros para paliar los efectos económicos ante la guerra.
Así lo anunció Sánchez en una rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar estas medidas fiscales con las que paliar un primer impacto económico por la guerra de Oriente Próximo y que, según los cálculos del Ejecutivo, beneficiarán a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas. Así, “España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE”, añadió.
Sánchez explicó que este plan se divide en dos decretos, el primero incluye en su mayoría rebajas fiscales y el segundo se centra en la prórroga de los alquileres, tal y como le pidieron sus socios de Sumar. Así, el presidente explicó que el primer real decreto se compone de dos ejes, uno integral en el que se incluyen medidas como la bajada los impuestos y otro estructural para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética.
Así, en este primer eje, se incluyen la bajada de impuestos de la electricidad en un 60%, gracias a la rebaja del 21% al 10% de IVA; una reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (Ivpee).
También se incluye una reducción al 10% del IVA del gas natural, pelets y leña; la congelación del precio máximo de venta del butano y propano y una reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante, con la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE.
Asimismo, se incluirá una extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, refuerzo del bono térmico y prohibición de interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables y una bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que se ahorrará unos 200 millones de euros.
Por otro lado, este decreto también incluye ayudas de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Sánchez también apuntó a mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos y además se dota a la CNMC de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos.
SOBERANÍA ENERGÉTICA
El segundo eje del Plan Integral contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios y el impulso de las inversiones en renovables.
Así, la norma refuerza el autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 km la distancia máxima entre la generación y el consumo, o habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas. También incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico, e impulso a las renovables con atención a criterios de integración social y territorial.
Desde el Ministerio de Trabajo quisieron apostillar que en este decreto también se incluye, en materia laboral, la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra. Además, «a nivel más estructural, se impulsa la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, de manera que todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible para facilitar los desplazamientos de sus empleados al centro de trabajo antes de que acabe este año», destacaron.
UN SEGUNDO DECRETO
Sánchez también anunció la aprobación de un segundo real decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas, tal y como le demandaron sus socios de Sumar.
El ‘ala socialista’ del Gobierno no tenía pensado ayer aprobar este segundo real decreto, principalmente porque no aúna el consenso necesario todavía para que sea convalidado en la Cámara Baja, señalaron fuentes gubernamentales. Sánchez señaló que «desde el poder Ejecutivo somos conscientes de que no existe aún mayoría parlamentaria» para sacarlo adelante, con el previsible voto en contra de Junts, como ya anunció con las medidas del escudo social que decayó en la Cámara y que incluía esta medida.
Es por este motivo que el Ejecutivo prefiere esperar y seguir negociando a llevarlo el próximo jueves para que sea sometido a votación junto al primer real decreto en la Cámara Baja. Sánchez también advirtió que «no es un plan cerrado sino que es un plan abierto» y, por tanto, «si tenemos que seguir ampliando las medidas, lo haremos».
Por último, el presidente subrayó que “los españoles pueden tener tres certezas”. La primera es que “nuestro país está mejor preparado para hacer frente a esta crisis”; la segunda, que el Gobierno “va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a las pymes, a nuestro sector primario y a la industria española”; y, finalmente, que de esta crisis “vamos a salir más fuertes”, como ha ocurrido con las anteriores. Con todo, volvió a exigir “el cese inmediato del conflicto” en Oriente Medio, «que se respete el derecho internacional” y volvió a defender el ‘No a la guerra’, que «ya no es solamente el grito de España sino un clamor cargado de orgullo y de verdad que está haciendo suyo el mundo entero».
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