El Gobierno ha destacado que la “inquiokupación’ “no existe” legalmente en España, en referencia a que el ordenamiento jurídico nacional no contemple legalmente que un inquilino que pagaba regularmente el alquiler llegue un momento en que deje de hacerlo y se niegue a abandonar la vivienda.
Así figura en una respuesta por escrito enviada por el Gobierno al Senado, donde se habían interesado por esta cuestión los parlamentarios del PP Francisco Bernabé, Cristina Casanueva, José Ramón Díez De Revenga y Paloma y Paloma Martínmartín.
Los populares querían saber “qué medidas va a adoptar el Gobierno de España contra la okupación e inquiocupación de vivienda y en defensa de la propiedad”. El conocimiento de esta respuesta del Ejecutivo coincide con que el presidente Pedro Sánchez anunciase este martes que promoverá eliminar IRPF a caseros que no suban el alquiler a inquilinos en el momento en el que corresponda este aumento.
En este sentido, el Ejecutivo, en la contestación a los populares del Senado recogida por Servimedia, indica que “el concepto de «inquiocupación no existe en el ordenamiento jurídico español, por lo que no pueden facilitarse datos”. Además, sobre los datos de okupaciones se remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
MENOS OKUPACIONES
A este respecto, los juzgados españoles registraron 1.401 demandas por okupación de viviendas en los nueve primeros meses de 2025, según el CGPJ. En el tercer trimestre se ingresaron 322 nuevos casos, un descenso del 44,5% interanual y el mínimo histórico desde 2018. Andalucía lidera con 282 procedimientos, seguida de Cataluña (266).
La Comunidad Valenciana acumula 158 demandas y Madrid 132 hasta septiembre, de acuerdo con los datos del CGPJ. Baleares registra 1,5 procedimientos por cada 100.000 habitantes en el tercer trimestre, la tasa más alta, por delante de Asturias (1,3) y Canarias (1,1). Barcelona encabeza las provincias con 38 casos nuevos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) no publica datos específicos sobre okupaciones, aunque refleja un parque de viviendas de más de 26 millones de unidades en 2024. El fenómeno afecta al 0,06% del total, según estimaciones del Ministerio del Interior cruzadas con CGPJ. La mayoría se produce en inmuebles vacíos.
En 2024 se denunciaron 16.426 casos de usurpación y allanamiento, un alza del 7,4% respecto a 2023, de los que Cataluña concentró el 42,6%. La Ley Orgánica 1/2025 obliga a negociar antes de demandar, coincidiendo con la caída judicial en 2025. Expertos ven mayor uso de vías extrajudiciales.
Asimismo, la prensa Idealista detectó 23.010 viviendas en venta «con okupa» a finales de 2025, el 3% de la oferta. El CGPJ nota repuntes previos en el primer semestre (592 y 488 casos), pero la reforma agiliza recuperaciones.
