El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dejó claro este jueves, tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que «el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente no lo compartimos». Al mismo tiempo, confirmó que «en los próximos días» pondrá en marcha «el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado».
Así se pronunció Bolaños en una declaración institucional desde La Moncloa, en la que, con rostro serio, insistió en que «el Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado». Sin embargo, añadió, «el poder judicial ha hablado y ha resuelto esta causa».
Por este motivo, el ministro no dudó en mostrar el «reconocimiento» del Ejecutivo «a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público de la ley y de la verdad».
Sobre quien sustituirá a García Ortiz, Bolaños únicamente dijo que «será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función», algo que ya establece la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29, donde habla de «juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión».
El ministro también aprovechó para mandar un mensaje a los ciudadanos, «especialmente a aquellos que no comparten este fallo». «La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia», dijo, añadiendo que «España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial».
Y también se dirigió «a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales», señalando que a lo largo de la investigación y el juicio contra el fiscal general del Estado «ha habido quienes han intentado poner en duda su labor».
A todos ellos les aseguró que el Gobierno «va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado», zanjó Bolaños.
