Este viernes se cumplen 27 años de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que provocó la mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha, al inundar la cuenca del río Guadiamar con más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y poner en riesgo por contaminación extrema el parque de Doñana.
Las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han mostrado su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuyos derechos mineros la Junta de Andalucía otorgó en febrero de 2015 a la empresa Minera Los Frailes, participada en un 97% por la multinacional Grupo México, debido a los riesgos ambientales asociados.
En el desastre ecológico de 1998, durante meses se recogieron gran parte de los lodos tóxicos y se depositaron en la denominada corta de Aznalcóllar, donde se mantienen hasta la fecha. Boliden, la empresa que gestionaba la mina, nunca se hizo cargo de los costes de esas operaciones de limpieza.
El pasado mes de julio de 2024, la consejería competente de la Junta de Andalucía otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes para la extracción y para una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo, durante un periodo operativo de 17 años. Hasta ahora no se ha otorgado ni la autorización minera dependiente de la Dirección General de Minas, ni la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
VERTIDO
Las organizaciones ecologistas denunciaron, apoyándose en estudios realizados por la Universidad de Sevilla y en la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta todos los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluido en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.
La autorización ambiental incluye un vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas en el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla. Este vertido incluiría el vaciado completo de la corta de Los Frailes (15.000 millones de litros) y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar (2.520 millones de litros) de aguas ácidas muy contaminadas durante una primera fase de 18 meses, y un vertido continuo posterior de 4.000 millones de litros anuales durante 17 años en la fase operativa de explotación minera.
Según las ONG ambientales, este vertido contaminaría “seriamente” el río con metales pesados -como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio- desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), lo que afectaría “gravemente” los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir. Ello, además, pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.
“EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS”
El pasado 9 de abril, varios alcaldes y representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y médicos se unieron a científicos y al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir a la Junta de Andalucía la creación de un Comité de Expertos independiente que se pronuncie sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir, producidos por los vertidos mineros.
“Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con los efectos de otros vertidos que ya se han producido o que se han autorizado en la misma zona”, apuntaron las organizaciones.
Así, no se ha contemplado el efecto combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada.
La reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea. Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental.
Además, las evaluaciones de impacto han ignorado el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del Estuario del Guadalquivir. Estas cuestiones se recogen en el estudio realizado hace ya un año por el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo, quien recomienda, en aplicación del principio de precaución y el principio de no deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos vertidos mineros a esta zona protegida.
PROCESO JUDICIAL
Según las organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía no ha evaluado la afección medioambiental del vertido tóxico en el Espacio Natural de Doñana y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo según la legislación que rige este espacio.
El concurso público que resolvió la adjudicación de derechos mineros a Minera Los Frailes en 2015 es objeto de un proceso judicial actualmente en su fase final. Tras 10 años de instrucción judicial, el pasado 3 marzo comenzó el juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El resultado de este juicio podría eventualmente derivar en la nulidad de la adjudicación de los derechos mineros a Minera Los Frailes y, en consecuencia, se podría deducir la ilegalidad de las autorizaciones ambientales, mineras y en materia de aguas que actualmente se están tramitando para esta empresa.
DEMANDAS
Por todo ello, las organizaciones ecologistas demandaron la suspensión provisional de la tramitación de las autorizaciones actualmente en trámite hasta la resolución del juicio oral que se sigue en relación con el proceso de adjudicación de derechos mineros a Minera Los Frailes, en consonancia con los principios de precaución y cautela.
También pidieron la creación, con carácter previo a la autorización minera definitiva, de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, con el fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
Además, reclamaron un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la UE, también en consonancia con lo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.
La rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998 cubrió de lodos tóxicos 4.634 hectáreas, contaminó 60 kilómetros de cauce del Guadiamar y costó más de 240 millones de euros públicos limpiar sus efectos.
“Aquel desastre sigue vivo en la memoria de Andalucía. Hoy, a las puertas de repetir la historia, debemos recordar que el río Guadalquivir no es solo una vía fluvial, es la columna vertebral de la identidad de Andalucía. Y Doñana, declarada Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, es un símbolo de Andalucía y de España. El Gobierno andaluz no debe fallar otra vez. Aplicar el principio de precaución no es frenar el desarrollo: es evitar otro daño irreparable”, subrayaron las organizaciones ambientales.
(SERVIMEDIA)
