El Congreso vuelve a tumbar el decreto del escudo social

Este real decreto, que defendió el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, incluía, entre otras medidas, la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin otra alternativa habitacional para los casos en los que el arrendador sea propietario de al menos tres viviendas o una persona jurídica, o el corte de los suministros para los más vulnerables. E incorporaba otras en materia de empleo, ayudas para los afectados por la dana o las entregas a cuenta a las comunidades. Durante su intervención, el ministro trató de desmontar el “bulo” de que beneficia a los “okupas” y animó a los parlamentarios a retratarse votando en contra y que «se avergüencen de mentir a la ciudadanía».

Entre quienes ya avisaron con anterioridad de su rechazo y lo confirmaron hoy estaba Junts, formación que insistió en criticar que el Gobierno “mezcla” medidas sociales, que sí avalaría, con “okupaciones y suspensiones de desahucios que no” comparte. Por ello, acusó al Ejecutivo de ser “perverso”, como apuntó Marta Madrenas. Tajante, criticó que “repiten una mala práctica política con otra ley ómnibus” y “juegan con el sufrimiento de la gente utilizándolo como instrumento político”. Y avisó de que no apoyarían «una excepcionalidad eterna».

Desde el PP, el diputado José Vicente Mari Bosó criticó con dureza al Gobierno por presentar un real decreto que “ayuda a los delincuentes en la okupación ilegal”. Pero también porque, como denunció, el escudo social “ha de ser un medio de protección para sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla”, criticando así que las políticas del Ejecutivo “no resuelven ni un problema, los maquillan”.

Según criticó, el Gobierno se “pasa por el forro” el debate democrático porque gobierna “a golpe de decreto ley”. E insistió en que presentaban un texto “con apoyo a los okupas”, para el que no tienen mayoría, que “mezclan con un montón de medidas que son recurrentes” y que tienen que presentar “año a año” porque “son incapaces de aprobar presupuestos”.

Mientras, Vox, por medio de su diputado Carlos Hernández, tachó de “vergüenza” que el Gobierno “no asuma su responsabilidad” y cargó contra su gestión en materia de vivienda, calificándola de «legislatura de la vivienda prometida jamás producida». Denunció que las administraciones públicas están «privatizando el Estado del bienestar» al transferir al propietario particular la responsabilidad de brindar una alternativa habitacional que debería recaer en el Estado. «La gente paga impuestos para que la Administración no escurra el bulto», recalcó.

También fue muy crítico el parlamentario de UPN Alberto Catalán, quien afeó que Bolaños hablara de “vergüenza” cuando en el Gobierno son “los maestros del trilerismo”. Y, al mismo tiempo, denunció que “abusan de los reales decretos” y que mezclan en un texto “cosas que no tienen relación” para que sea “un chantaje” con el que “acusar a la oposición”. “Utilizan a las víctimas de la dana y a otros con el tema de la okupación», le espetó mientras le instaba a llevar otro decreto “sacando el tema de la okupación” para darle su apoyo tras abstenerse en esta ocasión.

«SICARIOS POLÍTICOS»

Por parte de Sumar, Aina Vidal recordó que gracias al escudo social, a muchos ciudadanos “no se les podía echar de sus casas”, pero avisó de que los “especuladores y los fondos buitres se han sentado a esperar a que sus sicarios políticos hicieran su trabajo”, en referencia a los que rechazarán el decreto, quienes, dijo, les protegen. “Tumbando el escudo social, ¿quién necesita ‘Desokupa’?”, preguntó. Y cargó duramente contra Junts, comparando su “proyecto de Cataluña libre con el de Albiol”.

Desde Podemos, Ione Belarra aprovechó para criticar también a la portavoz de Junts, Mìriam Nogueras, quien no estaba en el pleno, por hablar de okupas. Dijo que le debería dar “vergüenza”, porque el escudo social “protege a las familias vulnerables” y que los únicos okupas “son los fondos buitre y los grandes propietarios”.

Y defendió que “si una familia no tiene a donde ir”, le dé “una patada en la puerta a un piso de un banco vacío». Así, a Junts, PP y Vox, les deseó que sintieran “en su piel lo que significa que te echen a la calle”. Y al Gobierno, le espetó que podría “haber hecho un poquito más”.

Desde el PSOE, Montse Mínguez avisó de que si decaía el decreto, quienes lo rechazaban estarán «pulsando el botón de las consecuencias para miles de familias que están esperando» una solución al problema dela vivienda. «Del verde al rojo está la abstención», recordó, y pidió al resto de diputados que fueran «buenas personas».

Por su parte, Àgueda Micó, de Compromìs, señaló que el real decreto «no es una solución», sino un «respiro temporal» para las personas vulnerables. «No termina de arreglar el problema», dijo mientras daba por hecho que no se aprobaría.

«UN TODO O NADA»

Idoia Sagastizabal, del PNV, comenzó afeando que se volviera a plantear “un todo o nada”. Recordó que su formación no apoya prorrogar una medida, la suspensión de los desahucios, que “nació como excepcional”. Sin embargo, reconoció que al introducirse el “matiz” que reclamaban (la excepción para propietarios de hasta dos viviendas), estarían a favor para que el resto de medidas “no se vinieran abajo”. Aunque lo consideró otro “parche” y dio por hecho que seguía sin haber una mayoría suficiente, pidiendo ya un “plan C”.

Oskar Matute, de Bildu, consideró que se trataba de un debate de asuntos que importan a la gente, pero que decaería porque Vox, Junts y el PP “quieren hacerlo caer”. Por ello, dijo que sería una “victoria” para estos partidos, pero que se convertiría en “derrota” porque “no van a encontrar argumentos para defender su posición”.

ERC, por su parte, tachó de “falacia” los argumentos de Junts, de “la extrema derecha franquista y la derecha franquista” para rechazar el real decreto, como apuntó Jordi Salvador, quien anunció un “sí rotundo”, criticando que los que votan no, “votan más desahucios, más cortes de luz y asfixia económica”.

Nestor Rego, del BNG, apuntó que las medidas son “necesarias” pero insuficientes, ya que son «temporales”. Por ello, aunque anunció su apoyo, exigió que “en vez de parches, hay que ir a soluciones estructurales”.