El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, por 190 votos a favor, 154 votos en contra y cinco abstenciones, el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que salió adelante con los mismos votos que el dictamen y pese al rechazo de la bancada de la derecha. Ahora el texto pasará al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria.
Durante su intervención en el debate, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió que la nueva norma es “un ejemplo de la fuerza de la democracia” y de cómo el movimiento feminista “construye, junto a las instituciones, los derechos que hacen avanzar a nuestro país” frente a una “fuerte ola reaccionaria” que, a su entender, “intenta, de forma agresiva, frenar esos avances en todo el mundo, especialmente los derechos de las mujeres”.
“Cada vez que les demostramos que sabemos luchar para conquistar nuestros derechos y que sabemos hacer leyes que nos permiten garantizarlos, demostramos que esa reacción es tan agresiva como impotente”, sentenció, convencida de que “hay quienes se están dando cuenta en estos días de que la función del poder legislativo es legislar en estricto cumplimiento de la voluntad popular”.
En este punto, indicó que, con la nueva ley, el Gobierno garantiza que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia” y recupera el derecho de las jóvenes de 16 a 18 años y con discapacidad a “decidir sobre sus propios cuerpos”, mientras el Estado “reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir”.
Junto a ello, con la nueva ley, el Ejecutivo “facilita” también el acceso a los anticonceptivos y a los productos de salud menstrual en centros educativos, penitenciarios y vinculados a los servicios sociales y “combate” la pobreza menstrual, además de “reconocer” la salud menstrual “como parte del derecho a la salud”, “combatir el estigma y el silencio” en torno a este derecho y “apostar” por la educación sexual como “un derecho fundamental de los niños y niñas de nuestro país para ser más libres y felices”.
No obstante, advirtió de que el trabajo “no acaba aquí” y el Gobierno lo “sabe bien”, por lo que urgió a “acompañar” el proceso de tramitación de esta ley “hasta que llegue al Boletín Oficial del Estado” y «para que sea una realidad en cada rincón de nuestro país».
Montero concluyó su intervención con un “agradecimiento” a las “muchas madres” que tiene esta ley “feminista”, entre quienes citó a las mujeres que “desde las calles y las asambleas lograron parar la ofensiva reaccionaria del PP y tumbar al ministro que la representó”, en referencia a Alberto Ruiz-Gallardón, y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por dar, con la ley de 2010 “un paso sin el que este paso tampoco existiría”.
DEFENSA DE ENMIENDAS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
Durante su intervención en el turno de defensa de enmiendas, la diputada socialista Susana Ros aseguró que, con esta reforma, la sociedad española “avanza en derechos y libertades” y recordó que, “al igual que pasó con la ley de 2010, esta reforma no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que las ampara y protege a todas”, al tiempo que “repara la injusticia” que, a su entender, “cometió el PP cuando suprimió el derecho a decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años”.
La diputada puntualizó que la nueva ley también reconoce que los vientres de alquiler “son una práctica inadmisible”, por lo que prohíbe la publicidad y las campañas “que lo fomentan”, y, entre otras medidas, también reivindicó la regulación de la objeción de conciencia y la incorporación de bajas laborales para las mujeres que interrumpen su embarazo así como para las que se encuentran en su semana 39 de gestación.
Por su parte, la parlamentaria de Unidas Podemos Sofía Fernández abundó en las reformas que introduce la nueva ley, subrayando que también consigna que las mujeres “no necesitamos tres días de reflexión, porque cuando acudimos a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo vamos pensadas de casa”. En paralelo, aseveró que esta ley existe, entre otras cuestiones, «por los profesionales que no han dudado nunca en practicar la interrupción voluntaria del embarazo pese al acoso al que muchos ultras les han sometido y porque existe un Ministerio de Igualdad», que juzgó «un avance, una conquista y una brújula para lograr la justicia social”.
ATROPELLO LEGISLATIVO
En el extremo opuesto, la diputada del PP María Teresa Angulo anunció su voto en contra de una ley que tildó de “atropello legislativo”, entre otras cuestiones, por su “dudosa seguridad jurídica”, por la “falta de diálogo» de la que ha hecho gala el Gobierno «en un tema que hubiera requerido esfuerzos para el consenso” y “por las consecuencias que para la vida y salud de las mujeres puede tener”.
Además, insistió en que es una reforma “innecesaria” porque “no responde a otra urgencia que la imposición de la agenda de Podemos” e “inoportuna”, porque “modifica una ley pendiente de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional”. Además, advirtió de que la norma “rezuma hostilidad a los profesionales sanitarios” mediante la articulación de un registro de objetores que “oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo su derecho, se nieguen a practicar el aborto”.
En la misma línea, la diputada de Vox Lourdes Méndez defendió que la ley aprobada en la Cámara Baja supone “un atentado” que “violenta la Constitución e invierte nuestro sistema de valores”, al “garantizar la muerte implacable del feto”. “Violencia es arrebatar a un hijo de las entrañas de su madre, a la que todo el sistema presiona sin tan siquiera procurar la protección que prevén para los animales”, dijo, dirigiéndose a Irene Montero y convencida de que la ley no ofrece a la mujer «ninguna alternativa, porque su único fin es que, ante un embarazo imprevisto o ante un bebé que pueda nacer con alguna discapacidad, solo se tenga una salida, la eliminación de la vida de su hijo”.
Por el contrario, desde Ciudadanos, Sara Giménez afirmó que este jueves se ha dado “un paso importante en un tema que es principal como la defensa de la libertad”, si bien recordó que su partido la practica “a ambos lados”. Por ello, dijo “condenar” que se “criminalice” en ella la gestación subrogada sin un debate previo, al igual que hizo Pilar Calvo (Junts), que también criticó que la ley deje fuera la violencia obstétrica.
Por GEH Bildu, Isabel Pozueta valoró que se hayan admitido algunas de las enmiendas impulsadas por el Cermi y que su grupo “hizo suyas”, porque las personas con discapacidad “tienen derecho a cultivar su sexualidad de manera plena y a gestionarla en la medida de sus derechos y sus posibilidades”. Mientras, por el PNV, Joseba Andoni Agirretxea afirmó que esta ley supone un “avance”, pero el “gran salto se dio hace 12 años”, con la ley de 2010.
En el mismo sentido, por el BNG Néstor Rego afirmó que la nueva ley supone “un avance necesario y significativo en derechos”, si bien lamentó el rechazo de algunas de sus propuestas como la que pedía eliminar la posibilidad de la objeción de conciencia en la sanidad pública.
Por ERC, Pilar Vallugera aseveró que solo por el hecho de recuperar el derecho al aborto para las mujeres de 16 y 17 años sin tutela parental “valdría la pena votar a favor de este texto” y juzgó “fundamental” el registro de objetores y la eliminación de los tres días de reflexión, y Mireia Vehí (CUP) reconoció que España está “todavía dando pasitos para garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su sexualidad y su reproducción desde los derechos” y señaló que el derecho al aborto “no va en contra de la vida, ni de la maternidad”.
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