España recordó este martes los 40 años del fallido golpe de Estado de 1981 que cimentó su democracia y la autoridad del rey Juan Carlos I tras la extensa dictadura franquista (1939-1975), un aniversario sin embargo empañado por el exilio del abdicado monarca, las investigaciones por corrupción en su contra y las crecientes críticas a la calidad democrática de las instituciones españolas.
En un acto sobrio, marcado por la pandemia y el rechazo de algunos partidos, el rey Felipe VI destacó ante el Congreso el rol decisivo de su padre para frenar la intentona, si bien muchos siguen sospechando hoy de posibles vínculos con los golpistas.
«Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia», le reconoció su hijo y heredero, quien desde la partida del monarca emérito en agosto pasado a Abu Dhabi había omitido referirse de forma expresa sobre su progenitor.
Felipe VI subrayó, asimismo, «su responsabilidad y su compromiso con la Constitución» ante la «inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático», reportó el diario Público.
A la ceremonia asistieron el jefe de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, las presidentas de las cámaras parlamentarias, los dirigentes de la oposición y representantes de otros poderes del Estado, pero fue boicoteada por los partidos independentistas, soberanistas y republicanos.
Además, faltó uno de los grandes protagonistas, el propio Juan Carlos I, abdicado en 2014 y exiliado en Emiratos Árabes tras las crecientes sospechas sobre el origen opaco de su fortuna.
El ex jefe de Estado, que regularizó meses atrás unos 825.000 dólares ante el fisco para evitar una persecución por blanqueo, es objeto de tres investigaciones judiciales, perdió el apoyo de gran parte de la opinión pública y está distanciado de su hijo que, para proteger la Corona de sus escándalos, renunció a su herencia y le retiró la asignación presupuestaria de la Casa Real.
El Tejerazo
Pese a las polémicas, cuatros décadas después del conocido popularmente como 23-F, los españoles mantienen vivo el recuerdo de la tarde en que unos 200 oficiales armados, liderados por el teniente coronal de la Guardia Civil Antonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de Diputados y realizaron una serie de disparos intimidatorios contra la bóveda del edificio.
Además de la imagen de Tejero, pistola en mano, también quedó impresa la imagen de los legisladores en el piso, tratando de protegerse de los tiros, mientras el presidente de Gobierno saliente, Adolfo Suárez desafiaba a los golpistas de pie, y el líder comunista Santiago Carrillo permanecía impávido en su banca.
Antes de que irrumpieran los sublevados, los legisladores se preparaban para votar la investidura del Gobierno centrista de Leopoldo Calvo-Sotelo, quien asumiría como segundo presidente elegido en democracia, tras 37 años de dictadura.
Horas después del asalto al Congreso, el capitán general Jaime Milans del Bosch, un veterano del bando franquista durante la Guerra Civil, ordenó sacar los tanques a las calles de Valencia y redactar un decreto para instalar el estado de excepción bajo su mando.
En medio de la tensión y el temor de una población que aún sangraba las heridas de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la cruenta dictadura franquista posterior, el silencio de Juan Carlos I, recluido en el Palacio de la Zarzuela, resonó con más fuerza durante el día.
Por eso, cuando a la noche el monarca, vestido de capitán general de los ejércitos, instó a los sublevados a respetar la legalidad democrática de una joven Constitución que había nacido apenas tres años atrás, en 1978, la mayoría del país que no añoraba el pasado franquista volvió a respirar.
«La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum», dijo el rey, de 43 años, a la madrugada en una cadena nacional por televisión.
La toma del Congreso duró 17 horas y media; los golpistas se dieron por vencidos el martes 24 al mediodía.
Pese a las dudas que aún rondan sobre el rol que tuvo el rey en el intento de golpe, en ese momento Juan Carlos I salió fortalecido de esa dramática jornada.
Hasta la revista Times se ufanó de la imagen del monarca, a quien describió como «uno de los héroes más inverosímiles e inspiradores de la libertad del siglo XX, desafiando un intento de golpe militar que buscaba subvertir la incipiente democracia posfranquista española».
Los militares dijeron iniciar una transformación interna, pero no se hicieron purgas masivas. Sí, en cambio, se promovieron líderes con perfiles más cercanos a los nuevos principios democráticos; se profesionalizaron las filas, se abolió el servicio militar obligatorio y se permitió el ingreso a mujeres.
Una conmemoración sin consenso
Sin embargo, en los últimos años, los cuestionamientos sobre la calidad de la democracia y las instituciones españolas han tomado relieve, algo que evidenció la semana pasada la ola de protestas a favor de la libertad de expresión tras el encarcelamiento de un rapero por sus dichos contra la Corona.
«Se ha producido un avance innegable» pero eso «no nos puede permitir ser autocomplacientes, hay muchas cosas que todavía necesitan ser mejoradas», dijo la vocera gubernamental, la socialista María Jesús Montero.
En tanto, el número tres del Gobierno y líder del izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, asistió este martes al acto por «respeto institucional», pero evitó aplaudir el discurso de Felipe VI y reivindicó sus ideas republicanas al afirmar que “40 años después, la monarquía ya no es condición de posibilidad de la democracia”.
Iglesias reclamó además la publicación de toda la documentación sobre el fallido golpe de Estado para “no ocultar a los españoles lo que realmente pasó”.
Una demanda hecha también por partidos independentistas de Cataluña, Galicia y País Vasco, que presentaron hoy una proposición para desclasificar los archivos confidenciales sobre el 23-F, al que atribuyeron el blindaje de «la mal llamada transición democrática española, con la figura del Rey y el Ejército como sus mayores garantes».
