CSIF Málaga, CCOO y el resto de sindicatos que representan a los cuerpos generales de la administración de justicia, (gestión, tramitación, auxilo, letrados administración de justicia y médicos forenses), han convocado nuevas protestas, un paro completo en todos los juzgados y dependencias jurisdiccionales de España, durante los días 9, 10 y 11 de mayo. El motivo de las mismas es para pedir que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) y una subida de las retribuciones de esta plantilla, que oscila entre 430 euros y 350 euros al mes, dependiendo de cada escala.
En el caso de Málaga, la convocatoria afecta a unos 1.900 empleados públicos (45.000 en todo el país), cuyo comité de huelga ha convocado, además del paro, varias concentraciones del personal funcionario durante estas tres jornadas.
En concreto, el martes se realizaron concentraciones en Estepona (de 10:00 a 11:00 horas), ciudad con 7 órganos judiciales y unos 50 empleados. El 68% de los trabajadores no ha trabajado hoy. En Marbella, el acto de protesta se realizó entre las 11:30 y las 12:30 horas. Municipio que cuenta con 15 sedes judiciales y unos 100 empleados y empleadas de justicia. La huelga ha sido seguida por un 82%.
Para el miércoles, 10 de mayo, las protestas se realizaron por la mañana junto a las sedes de Fuengirola (de 10:00 a 11:00 horas) y de Torremolinos (de 11:30 a 12:30 horas). El jueves 11 de mayo se llevaron a cabo concentraciones en Vélez-Málaga (de 10:00 a 11:00 horas) y frente a la Gerencia Territorial de Justicia en la capital, en Muelle Heredia 10 (de 11:30 a 12:30 horas).
Se aumentan así las movilizaciones que hasta finales de abril fueron, principalmente, de paros parciales de tres horas diarias. Unas protestas acrecentadas después de que el Ministerio recibiera el pasado 3 de mayo a representantes de asociaciones de jueces y fiscales, y realizara una oferta económica que hasta ahora se ha negado para los cuerpos auxiliares.
Lo que se pide es muy sencillo y es justo. Ante la reorganización de la administración de Justicia que supone la Ley de Eficiencia Organizativa, se tienen que garantizar nuestros puestos de trabajo y nuestras retribuciones, nos tienen que reconocer profesional y retributivamente cada una de las funciones que realizamos. Queremos justicia y un trato digno.
