El Pleno del Congreso rechazó este jueves, por 7 votos a favor, 171 votos en contra y 169 abstenciones, la enmienda a la totalidad de devolución del Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia presentada por Junts alegando invasión de competencias y falta de financiación después de que el PNV retirara la suya tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.
Durante su intervención en el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, explicó que la ley, que, una vez rechazada la enmienda a la totalidad de devolución de Junts, continuará su tramitación parlamentaria, es “una ley del país construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia”.
Bustinduy quiso dar un “reconocimiento y agradecimiento explícito” al Cermi, Ceoma, la ONCE, el Consejo General de Trabajo Social y a la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que siguieron el debate desde la tribuna así como a Plena Inclusión y otras organizaciones del sector.
En cuanto a los “principales ejes” del contenido de esta reforma normativa, aseveró que el “objetivo último” que persigue es “acomodar nuestra normativa a una nueva realidad de cuidados que ya no es la predominante en el año 2006 cuando el sistema echó a andar” y reivindicó que la “transformación” del sistema de la dependencia “tiene tres pilares”, como son el cambio del modelo, la mejora de la situación de las personas cuidadoras y el “sostenimiento” de la senda de crecimiento de su financiación, cada uno de los cuales, a su juicio, “debe permitirnos abordar los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta el sistema”.
Con respecto a la superación de la “perspectiva asistencialista que atraviesa todo el sistema de la dependencia”, detalló que “el cambio de modelo de cuidados propone justamente lo contrario” y se “vuelca en las necesidades, deseos y preferencias de las personas usuarias”, lo cual, a su entender, “requiere cambios profundos y complejos en un sistema que no fue diseñado para ello” y que ”deben emprenderse cuanto antes”.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
“Por ejemplo, se propone garantizar la accesibilidad universal como un derecho con la creación de un fondo estatal de accesibilidad universal para poder abordar las obras necesarias en todos los espacios públicos y modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ampliar supuestos de obligatoriedad en las reformas de accesibilidad”, señaló.
Además, la reforma contempla la “expansión” de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario, consagra la teleasistencia como un derecho subjetivo y busca incorporar al catálogo de servicios aquellos de asistencia personal, apoyos en viviendas o la provisión de productos de apoyo.
En cuanto a la “falta de valorización social generalizada, no solo económica”, del trabajo de cuidados, citó como “medidas más importantes” la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno relacional y el fomento de la investigación social y tecnológica que “debe repercutir en una mejora de la labor de cuidados” y, en relación a la financiación del sistema, avanzó que este año se alcanzará “un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros» y que estas reformas “contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante”.
Asimismo, Bustinduy anunció la puesta en marcha de “un importante esfuerzo fiscal” para promover el desarrollo tecnológico en el sector de los cuidados, lo que, a su entender, “no solo supone una importante oportunidad de mejora para nuestro sistema de cuidados”, sino también “una oportunidad estratégica de desarrollo industrial para nuestro país”.
DEBATE
En el turno a favor de las enmiendas a la totalidad de devolución, el diputado de Junts Josep María Cruset advirtió de que el Gobierno ha impulsado la tramitación de esta reforma para “presionar” al partido de Puigdemont “ignorando que es pésima para Cataluña” y adelantó que no va a “regalar” sus votos “a cambio de una ley nefasta y que cronifica el daño a la ciudadanía de Cataluña” que necesita las ayudas a la dependencia.
A su entender, este proyecto de ley “es una contundente invasión competencial como no hemos visto en los últimos tiempos” en el Congreso y la ley “propone cambios sustanciales”, pero lo hace desde una “visión absolutamente centralista y sin ningún tipo de garantía con respecto a los recursos necesarios” e implica un “evidente incremento presupuestario” y, además, “vulnera” el Estatut.
En el turno en contra, desde Sumar Lander Martínez hizo referencia a “algunos hitos” reflejados en este proyecto de ley que, según su visión, “son trascendentales” para estas personas, como una nueva prestación transitoria, la inclusión del tiempo de espera como criterio de prioridad en el acceso a los servicios del SAAD, el reconocimiento del entorno relacional de la prestación de los cuidados y de la teleasistencia como un derecho universal y la consolidación de los centros de día como centros clave de proximidad con un enfoque comunitario.
En el turno de fijación de posiciones, por el PP, Enrique Belda defendió que el abordaje de la dependencia en España “requiere una política de Estado y un pacto de Estado” en una legislatura “moribunda” y pidió “continuidad en las acciones y financiación”. “Sin unos Presupuestos Generales del Estado y compromisos plurianuales se nos cae el edificio de los derechos que están articulando”, deslizó.
Por el PSOE, el diputado Emilio Sáez recordó que se trata de un proyecto de ley “consensuado también en Cataluña” y reivindicó que la ley va a reducir “significativamente” las listas de espera, reconoce la asistencia personal como un servicio, “no vulnera competencias en Cataluña y ofrece mayor bienestar para todos los catalanes y españoles”.
Desde Vox, Rocío de Meer se mostró convencida de que los españoles “merecen una gran reforma de la dependencia” que “no es esta”; por el PNV, Maribel Vaquero resaltó el “compromiso” del Gobierno para hacer frente al “ataque” competencial” que supone el texto inicial; para María Isabel Pozueta, de Bildu, el proyecto de ley “es mejorable” sobre todo en cuanto a garantía de financiación; por ERC, Jordi Salvador apuntó que su voto favorable a la tramitación “no es un cheque en blanco”; y por Podemos, Noemí Santana estimó que la norma incluye “avances importantes” y debe tramitarse “con premura”.
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