Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado bajo el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, resultó este miércoles elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) por un solo voto de diferencia respecto a la magistrada Maria Luisa Balaguer, que también aspiraba al cargo desde el mismo sector progresista.
Cónde-Pumpido ha logrado seis votos de los 11 miembros que ahora componen el Pleno del Tribunal Constitucional, frente a los cinco cosechados por Balaguer. Además, se ha elegido a Inmaculada Montalbán, también progresista, como vicepresidenta.
Es la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional en que la vicepresidencia del tribunal de garantías recae en un magistrado que pertenece también al sector mayoritario. La regla no escrita hasta ahora hacía que el ‘número dos’ del TC fuera designado entre los miembros del sector minoritario, que ahora es el conservador.
El bloque progresista del Tribunal Constitucional (TC) se reunió el martes para intentar pactar una candidatura única a la presidencia de la institución. El cónclave terminó sin acuerdo y con las candidaturas de Conde-Pumpido y Balaguer en pie.
El ex fiscal general del Estado logró el apoyo de todo el bloque progresista a excepción del de María Luisa Balaguer, que se ha votado a sí misma, junto con los cuatro magistrados del sector conservador que querían evitar a Conde-Pumpido en la presidencia.
Balaguer mantuvo su candidatura con la esperanza de lograr el respaldo de la magistrada progresista María Luisa Segoviano, que fue elegida por unanimidad por el CGPJ a propuesta del grupo de vocales conservadores que la avaló con el objetivo de evitar la designación de José Manuel Bandrés, que era el propuesto por el sector progresista.
Segoviano no se había pronunciado públicamente sobre el nombre de la persona que apoyaría para presidir el Constitucional, que es el que finalmente ha inclinado la balanza a favor de Conde-Pumpido, que era la opción preferida por el Gobierno, y que estará al frente del TC hasta marzo de 2026.
El TC tiene sobre la mesa decidir sobre leyes decisiva como la del Aborto, la Ley Educativa de Isabel Celaá, la Ley de Eutanasia o la reforma de las reglas que rigen el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cuatro años sin renovarse.
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