La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar este lunes el juicio del denominado caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, un procedimiento que se inició en 2007, hace 16 años, y en el que hay 50 acusados, entre ellos el que fuera alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos.
La vista oral comenzará con las cuestiones previas que defensas y acusaciones expondrán este lunes y los días 10, 11, 12, 16 y 17; tras lo que el Tribunal examinará y tomará decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que se propongan. El desarrollo de la prueba comenzará desde el 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.
El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.
Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.
Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.
La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios». Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.
Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
