Madrid ha acogido la jornada ¿A quién beneficia la ley “trans”? Análisis feminista desde la educación, la sanidad y las familias, que se celebró en el Centro de Mayores Benito Pérez Galdós, primer acto presencial organizado por Confluencia Movimiento Feminista y el apoyo de la asociación de Mujeres Feministas del Retiro.
Las ponencias estuvieron a cargo de organizaciones y asociaciones críticas con el Proyecto de Ley “trans” del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y con la ideología transgenerista que lo sustenta. Con un indiscutible éxito de convocatoria, más de 100 personas llenaron la sala y pudieron dialogar y debatir con las ponentes a lo largo de la mañana. Durante la jornada se puso a la venta el libro realizado por varias integrantes de Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo), recién publicado y aún en incipiente proceso de distribución en librerías, La Coeducación secuestrada.
Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación, de la Editorial Octaedro
La jornada contó con dos mesas de ponencias, presentadas y conducidas por la
psicóloga feminista Cruz Torrijos, integrante de Confluencia Movimiento Feminista y
del Frente Abolición Prostitución de Madrid. Abrió la primera mesa Amparo
Domingo, representante de Women’s Declaration International en España y de la
coordinadora de Confluencia Movimiento Feminista, plataforma estatal que reúne a
más de 70 organizaciones del territorio creada específicamente para luchar contra el
avance de las propuestas legislativas transgeneristas en julio de 2020.
La ponente analizó las nefastas consecuencias de los tres ejes clave del Proyecto de Ley “trans” para los derechos de las mujeres y las niñas: autodeterminación del sexo registral para toda persona de nacionalidad española mayor de 14 años, prohibición por ley de todo enfoque que no sea afirmativo de las “identidades de género” y criminalización del disenso con una nueva Ley mordaza, que se ceba especialmente en las familias y en las personas profesionales de la salud mental, a las que dedica el tramo más elevado con
multas de hasta 150.000 euros.
A continuación, tomó la palabra Carola López Moya, psicóloga feminista sevillana integrante de la Red de psicología Casandra, que ha sufrido en primera persona la difamación y el intento de inhabilitación y sanción, ya desestimado, por parte del colectivo transactivista de Andalucía. Detalló con diversos ejemplos y casos, entre otras cuestiones, el peligro que supone para las y los profesionales de la salud mental la prohibición de todo abordaje terapéutico de la disforia de género que siga los preceptos sin fundamento del llamado “modelo afirmativo” que propugna el Proyecto de Ley “trans”.
Disforia de género
Es decir, la obligación de dar por válido todo autodiagnóstico y autodeclaración de “ser trans” de cualquier persona que lo emita, tenga la edad que tenga, y sin explorar las razones subyacentes de su malestar. No hacerlo comportaría las multas que ya había detallado Amparo Domingo en su intervención.
Cerró la primera mesa una madre, María (nombre ficticio), de la Agrupación AMANDA de familias de adolescentes y niñas y niños afectados por el fenómeno de la Disforia de Género de Inicio Rápido (DGIR), bajo nombre ficticio y que no podrá aparecer en imágenes ni grabaciones -este es solo uno de los muchos indicadores de la seriedad del problema-.
La ponente expuso cómo se produce el contagio social que afecta a sus hijas e hijos, el papel de las redes en la captación y las instrucciones que repiten las y los adolescentes sobre cómo actuar, la angustia, la incomprensión y la negación del fenómeno de la DGIR por parte de las instituciones educativas y sanitarias, y el desamparo de las familias y las y los menores, que los ha llevado a organizarse para hacerle frente.
La segunda mesa contó con dos intervenciones. En primer lugar, intervino Sandra Rocha, del colectivo Sanitarias Feministas, también integrante de Confluencia Movimiento Feminista, cuyo manifiesto de denuncia de la falta absoluta de base científico-médica de los protocolos sanitarios “trans” de las CCAA y el tratamiento hormonal que indican, de nuevo basado en el “modelo afirmativo”, sigue sumando adhesiones. La ponente analizó múltiples ejemplos de tales deficiencias y contradicciones y su impacto en la población atendida, además del callejón sin salida deontológico en el que sitúan a las profesiones sanitarias, y concluyó con una crítica a la falta de un enfoque ético basado en el precepto de “primero no hacer daño” y la priorización del principio de autonomía del paciente por encima del de maleficencia profesional.
Ideología de género, lobby imperialista
Por último, intervino la antropóloga de la educación Silvia Carrasco, en nombre de Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo, también integrada en
Confluencia Movimiento Feminista), que expuso por qué el ámbito educativo y, en concreto, la Coeducación, resultan claves para expandir y consolidar la ideología transgenerista a base de suplantarla con contenidos que están en sus antípodas.
Se utiliza como puerta de acceso para adoctrinar a toda la generación menor, contando con el respaldo institucional y académico a sus postulados anticientíficos, según los cuales: se puede “nacer en cuerpo equivocado”, ser mujer u hombres es una “identidad sentida”, “la especie humana no es binaria”, ser “trans” es una “identidad innata” o “fluida” al mismo tiempo (y, celebrada como “antisistema”), etc.
Y, entre otras cuestiones, planteó cómo se ha ido infiltrando el lobby transactivista en la formación del profesorado y en los centros, a través de protocolos educativos “trans” de las CCAA.
Como conclusión de la Jornada, de todas las ponencias se desprende que la respuesta a la pregunta ‘¿A quién beneficia la “ley trans”?’ parece clara, como se ha podido constatar en todos los países que nos han precedido en la aprobación de este tipo de leyes y están dando marcha atrás por sus nefastas consecuencias: solo beneficia a la industria farmacéutica especializada en la falacia de la “identidad de género”, conocida como #BigPharma, y a los proyectos de experimentación con seres humanos en lo que la última ponente calificó como “el mercado de la vida”, para los que necesitan debilitar el Estado de derecho y disponer de mujeres y menores. Algo que las políticas de identidad que han sustituido en la izquierda a los grandes relatos de transformación social están favoreciendo.
