El Partido Verde exige un cambio radical en la política forestal y de prevención de incendios ante la inacción de la Junta de Andalucía.
La formación ecologista recuerda que en la provincia de Córdoba existen todavía 29 municipios en zona de riesgo de incendios sin un plan de emergencia homologado y denuncia que el Gobierno andaluz ignora las advertencias sobre el peligro de los retenes incompletos y la pésima planificación urbanística en suelo rústico.
Córdoba 24 julio 2026. Ante la oleada de incendios forestales que vuelve a azotar a Andalucía en plena temporada estival como el reciente fuego en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, o la tragedia ocurrida en Los Gallardos (Almería), el Partido Verde ha querido alzar la voz con rotundidad para exigir responsabilidades políticas a la Junta de Andalucía.
La formación ecologista señala directamente al modelo de gestión del Gobierno autonómico de Moreno Bonilla, al que acusa de llegar tarde y mal a la prevención de catástrofes y que ya se venía advirtiendo desde colectivos ecologistas, sindicatos y expertos. Según la formación ecologista la combinación de una política de recortes, retenes incompletos, la falta de limpieza de montes, el exceso de pastos acumulado y una presión urbanística desregulada sobre el suelo rústico está convirtiendo el territorio andaluz en un polvorín.
La falta de planificación no es el único problema. El abandono de las labores de gestión forestal durante el invierno ha provocado una acumulación peligrosa de pastos y vegetación seca que, ante la falta de limpieza de montes, actúa como combustible de rápida propagación. A esto se suma una alarmante falta de personal técnico y de campo para labores de conservación, lo que imposibilita una vigilancia efectiva y una respuesta temprana.
Al respecto, Salustiano Luque, coportavoz de Verdes EQUO Córdoba, ha manifestado que “no podemos permitir que la Junta de Andalucía siga justificando lo injustificable mientras se juega con las vidas de los vecinos y vecinas y se arrasa con nuestro patrimonio natural. La situación de los retenes incompletos y la falta de medios materiales y humanos no es un despiste, es una decisión política deliberada de desmantelar los servicios públicos de emergencias y prevención. Nos gobiernan con una alarmante irresponsabilidad climática”. Asimismo, ha añadido que «no podemos seguir tratando los incendios como una fatalidad inevitable cuando sabemos que la causa raíz es el abandono del medio rural y la renuncia a una gestión forestal activa durante todo el año. La Junta de Andalucía es responsable de esta vulnerabilidad; es inadmisible que, tras años de abandono en la limpieza de nuestros montes y con una acumulación peligrosa de pastos, nos encontremos ahora con un dispositivo de personal bajo mínimos que no puede hacer frente a la magnitud del reto climático«.
Por su parte, Ana María Carnero, coportavoz de la formación verde, ha puesto el foco en la peligrosa connivencia entre el crecimiento urbanístico caótico y la falta de protección del entorno rural indicando que “el modelo de urbanización caótico en suelo rústico que estamos sufriendo es una bomba de relojería. La especulación y la permisividad urbanística en zonas de alto riesgo de incendio demuestran que el Partido Popular prioriza los intereses particulares frente a la seguridad y la conservación del territorio. No estamos ante catástrofes inevitables; estamos ante las consecuencias directas de un urbanismo salvaje y de un Gobierno andaluz que actúa tarde y solo cuando las llamas ya son ingobernables”. Apunta además que “la falta de planes homologados (en Córdoba 29 municipios permanecen en zona de riesgo sin un plan de emergencia homologado) y la incapacidad de la Junta para ejecutar los fondos destinados a la prevención demuestran que, para el Gobierno andaluz, el cuidado de nuestro patrimonio natural y el medio rural es una cuestión secundaria que solo atienden cuando el fuego ya está devastando nuestro territorio”.
El Partido Verde exige a la Junta de Andalucía una rectificación inmediata con incremento sustancial y permanente del presupuesto destinado a la prevención de incendios, la cobertura total y la estabilización de los retenes forestales durante todo el año, y una política estricta de ordenación del territorio que frene la proliferación descontrolada de edificaciones en áreas forestales y de alto valor ecológico.
