La familia denuncia que, pese a disponer de ingresos regulares, las exigencias del mercado del alquiler les impiden acceder a una vivienda mientras el Ayuntamiento no les ofrece una solución habitacional.
Málaga, 4 de junio de 2026. Soledad Troncoso y su familia afrontan una situación límite. El próximo 11 de junio, a primera hora de la mañana, deberán abandonar la vivienda en la que residen después de que el propietario haya reclamado legalmente el inmueble para destinarlo a uso propio. La familia asegura comprender el derecho del propietario a recuperar su vivienda, pero denuncia que, a escasos días de la fecha fijada para el desalojo, sigue sin disponer de una alternativa habitacional adecuada.
La unidad familiar está formada por Soledad, trabajadora en activo; su madre, una mujer de 95 años que depende de un aparato de oxígeno para respirar; su hijo, diagnosticado de esquizofrenia; y su hermano, que ejerce como cuidador principal de la persona mayor.
Si nada cambia antes del 11 de junio, la familia teme quedarse literalmente sin techo. Según explica Soledad, la única opción inmediata que les quedaría sería refugiarse en un vehículo, una situación incompatible con el estado de salud de su madre.
«Mi madre tiene 95 años, graves problemas respiratorios y necesita un aparato de oxígeno para vivir. No puede dormir en un coche ni afrontar una situación de este tipo. Estamos hablando de una persona muy vulnerable que necesita estabilidad y cuidados permanentes», señala.
Soledad subraya que la situación de su familia no responde a una falta de ingresos, sino a la imposibilidad de acceder al actual mercado de la vivienda. Lleva 18 años trabajando en la misma empresa y percibe un salario que no supera los 1.200 euros mensuales. A esa cantidad se suma la pensión de su madre, de aproximadamente 700 euros, lo que sitúa los ingresos familiares en torno a los 1.800 euros mensuales.
Sin embargo, asegura que esta cantidad resulta insuficiente para acceder a una vivienda de alquiler en Málaga.»Llevo 18 años trabajando en la misma empresa. Tenemos ingresos, pero no conseguimos alquilar una vivienda. En muchas inmobiliarias nos exigen acreditar ingresos familiares de entre 3.500 y 4.000 euros mensuales para acceder a alquileres que superan los 1.000 o 1.200 euros al mes. Nos encontramos con que trabajamos, cumplimos nuestras obligaciones y aun así nos cierran todas las puertas», denuncia.
La familia considera que su caso refleja una realidad cada vez más extendida entre trabajadores con ingresos modestos que, pese a mantener una actividad laboral estable, quedan excluidos del mercado de la vivienda por el incremento de los precios y los requisitos económicos exigidos para formalizar contratos de arrendamiento.
Ante la inminencia del desahucio, Soledad reclama una actuación urgente de las administraciones públicas para evitar que personas especialmente vulnerables queden en la calle sin una solución digna.
«No pedimos privilegios. Solo pedimos una alternativa que permita proteger la salud y la dignidad de mi madre, de mi hijo y de toda la familia. Lo único que queremos es tener un lugar donde vivir», afirma.
La familia solicita que se adopten medidas urgentes antes del próximo 11 de junio para garantizar una alternativa habitacional adecuada y evitar una situación de exclusión residencial que podría tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de todos sus miembros.
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