Frente a las visiones simplistas que reducen la riqueza lingüística de México a un puñado de variantes folclóricas o decorativas, la realidad del país norteamericano exige una mirada mucho más profunda. En México no se hablan ni cinco ni seis lenguas; se trata de un universo sumamente complejo de decenas de idiomas maternos que luchan día con día por sobrevivir al avasallante ecosistema urbano y a la histórica indiferencia institucional.
Para Guillermo Alejo Carlos, Docente de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. ULIM. en los contenidos y prácticas reflexivas de la interpretación y traducción de las lenguas indígenas en el ámbito de procuración de justicia y presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas en Michoacán, el verdadero rescate de las lenguas nativas —como el purépecha— pasa de manera obligatoria por entender la realidad humana, migrante y cultural de cada una de sus comunidades.
La supervivencia de una lengua originaria ya no se limita de forma exclusiva al entorno rural de origen. El gran desafío actual se ha trasladado a los flujos migratorios y a las grandes metrópolis del país, teniendo como epicentro la Ciudad de México. Es en estos escenarios urbanos donde los hablantes se ven obligados a adaptar y resignificar su realidad lingüística para evitar ser invisibilizados por la masa hispanohablante.
»Hacemos nuestra realidad con nuestra situación lingüística de nuestras comunidades», explica Alejo, cuyo trabajo al frente de una red colectiva de intérpretes busca, precisamente, tender puentes de comunicación efectivos en distintas unidades de la administración pública.
Para la organización que encabeza Alejo, las lenguas originarias son, ante todo, un instrumento indispensable de legalidad y derechos humanos. El trabajo de los intérpretes comunitarios se vuelve vital en situaciones de extrema vulnerabilidad, actuando como el único salvavidas disponible para los ciudadanos ante las fuerzas de seguridad o el aparato judicial.
»Nuestras lenguas son un instrumento de comunicación y justicia. Hay un trabajo detrás de mucha gente que auxilia a quienes las hablan ante la policía o la autoridad judicial», enfatiza el especialista, poniendo sobre la mesa la indefensión que sufren miles de personas al enfrentar procesos legales en un idioma que no dominan del todo.
La radiografía de la diversidad: 68 lenguas y 364 variantes
Para comprender la magnitud del desafío en México, es necesario analizar el panorama institucional que se gestó entre los años 2003 y 2004 con la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Este marco normativo mandató la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), institución que inició un exhaustivo diagnóstico para conocer cuántas lenguas se hablaban realmente en el territorio nacional.
El catálogo oficial concluyó que en México existen 68 lenguas indígenas. No obstante, la verdadera complejidad radica en su ramificación interna: el estudio identificó un total de 364 variantes lingüísticas (lo que comúnmente y de forma errónea se acostumbra denominar bajo el término despectivo de «dialectos»).
Un ejemplo claro es el caso del zapoteco en el estado de Oaxaca: esta lengua cuenta con alrededor de 81 variantes distintas. Debido a la geografía accidentada y al aislamiento histórico, un hablante de zapoteco de la región de la Costa ya no se entiende con un zapoteco que esté ubicado en la Sierra Norte o en la Sierra Sur. A efectos prácticos, operan como idiomas completamente diferentes, lo que imposibilita las soluciones de traducción genéricas.
Es por ello que el INALI detectó la necesidad urgente de catalogar y reconocer de forma específica cada variante, evidenciando que la labor de traducción e impartición en México no se puede resolver con fórmulas generales, sino con una especialización absoluta por región.
La lucha actual de las organizaciones de intérpretes y defensores lingüísticos busca romper de tajo con un modelo gubernamental históricamente paternalista. Para Guillermo Alejo, el rescate de las lenguas indígenas no debe limitarse a los programas de apoyo social o asistencia económica que tradicionalmente se diseñan desde el gobierno. El verdadero avance radica en visibilizar las necesidades operativas de la población en los pilares fundamentales del Estado: la justicia, la seguridad social y la salud pública, reconociendo qué lenguas y variantes específicas se hablan en cada población para brindar atención en su propio idioma.
El espejo transatlántico: El contraste con España
Este esfuerzo civil pone de relieve una de las diferencias más marcadas en la comparación con los modelos de protección lingüística de Europa, y específicamente el de España:
El modelo institucional en España: Las comunidades autónomas con lenguas cooficiales (como el catalán, el gallego o el euskera) gozan de un blindaje institucional absoluto. Han descentralizado su administración, permitiendo que un ciudadano pueda escolarizar a sus hijos, recibir atención médica o tramitar su seguridad social completamente en su lengua propia debido a que las instituciones públicas están estructuradas y financiadas para ser bilingües. Aunque existan modalidades o dialectos regionales, han pasado por profundos procesos de estandarización académica (como el euskera batua o las normativas de la Real Academia Galega) que facilitan su enseñanza unificada en el sistema formal.
El desafío estructural en México: A pesar de contar con leyes de derechos lingüísticos, la garantía de no quedar indefenso ante la ley o la medicina institucional sigue recayendo de forma muy significativa en el activismo, el esfuerzo y el voluntariado de redes civiles de traductores independientes. Gestionar y estandarizar 364 variantes para integrarlas de manera uniforme en un sistema educativo o de salud nacional representa un reto de proporciones monumentales en un territorio inmenso en comparación con el mapa lingüístico español, que es mucho más acotado.
Uno de los terrenos donde se están depositando las mayores promesas de cara al futuro es el de la educación superior. Ante la interrogante de si existe una estructura educativa formal para estas lenguas, Guillermo Alejo confirma que el panorama está cambiando sustancialmente gracias al impulso de estudios especializados y la creación de universidades dedicadas a su desarrollo.
El ejemplo más claro de esta política es la creación, bajo el actual gobierno federal, de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM). Esta institución ha sido diseñada de manera específica para la investigación, enseñanza y catalogación de las variantes del país, operando bajo un doble enfoque estratégico:
Formar e instruir de manera interna: Dota de herramientas metodológicas y pedagógicas a los propios estudiantes y jóvenes indígenas para que aprendan de qué manera pueden enseñar, normar y habilitar sus propias lenguas dentro de sus comunidades de origen, convirtiéndose en los nuevos docentes y lingüistas de sus regiones.
Profesionalizar la traducción: Ofrece programas académicos oficiales de capacitación y actualización para traductores e intérpretes de lenguas indígenas, transformando el activismo empírico del inicio de la cadena en una profesión debidamente respaldada por el rigor universitario y conectando de forma directa con la demanda de los tribunales y centros de salud.
»Sí se está viendo por parte de los gobiernos; se están haciendo estudios y proyectos para que existan universidades, así como estudios especializados dedicados al desarrollo de estas lenguas indígenas», concluye Guillermo Alejo, destacando que estas aulas representan el semillero definitivo para garantizar el acceso real a los servicios del Estado.
La transición mexicana desde el mero asistencialismo social hacia la creación de instituciones de vanguardia como la ULIM demuestra que el rescate lingüístico ha dejado de ser una utopía romántica para convertirse en una exigencia estricta de derechos humanos. Mientras España consolida un modelo de inmersión institucional facilitado por su geografía y demografía lingüística estructurada, México avanza con paso firme profesionalizando a sus propios jóvenes para que sean ellos mismos quienes habiliten, defiendan y enseñen los idiomas del futuro desde las comunidades hasta la más alta academia.
