VER PARTE 1 / Esta trilogía no pretende imputar legalmente a ninguna persona, sino analizar patrones de funcionamiento de instituciones y del poder cuando el proceso deja de ser funcional; el documento inicial funcionó como detonador, no como prueba.
¿Y qué tenemos ahora, para cerrar esta trilogía analítica sobre el comportamiento del poder y de los seres humanos que lo ejercen, lo administran o lo padecen?
Tenemos que, durante el último semestre de 2025, comenzó a circular en redes discretas —no públicas, no abiertas— de policías, periodistas de crónica roja, reporteros judiciales y corrillos de prensa hispana, un archivo extraño. Un documento sin membrete claro, sin firma verificable, atribuido de manera ambigua a una supuesta inteligencia extranjera, a una Policía secreta, a una “fuente” que nadie terminaba de nombrar, pero que muchos habían leído. No era un informe oficial. Tampoco era una fantasía burda. Era algo más incómodo: un texto con apariencia de análisis forense, plagado de afirmaciones graves, nombres propios, descripciones operativas y lecturas psicológicas.
Ese documento llegó a nuestra sala de redacción del mismo modo que llegó a otros medios: sin contexto, sin aval, sin instrucciones. Pero a diferencia de otros, nos llamó la atención por una razón simple y peligrosa: contenía detalles verificables. Datos menores, fechas, ubicaciones, secuencias que no eran fácilmente inventables. No probaba nada por sí mismo, pero tampoco podía descartarse como delirio.
Ese fue el punto de partida de la Parte 1. No para publicar el documento como verdad, sino para tratarlo como lo que era: un disparador. Un objeto que activa memorias dormidas y silencios demasiado bien sostenidos. La pregunta inicial no fue “¿es real?”, sino otra más incómoda: ¿por qué este relato seguía circulando tantos años después?
A partir de ahí, intentamos lo obvio y lo imposible. Consultamos a actores del sistema judicial y policial costarricense, activos y en retiro. Personas con trayectoria en el OIJ, en el Ministerio de Seguridad Pública, en estructuras que conocieron esos años de violencia extrema. La reacción fue casi unánime: negativas, evasivas, advertencias. No hubo desmentidos categóricos ni confirmaciones claras. Hubo algo más revelador: cautela. Y miedo a reactivar historias que, según ellos, “ya estaban cerradas” pero el peligro sigue latente para terceros que quieran reabrir archivos, existentes o no.
De ese bloqueo institucional nació la Parte 2, completamente nuestra. No como verificación del documento, sino como intento de comprender el clima que lo hizo posible. La entrevista con un exagente judicial no ofreció certezas judiciales ni cronologías limpias. Ofreció algo más valioso y perturbador: una lógica. La descripción de una institución herida, traumatizada por un caso que se desbordó —Johnny Monge— y que, desde entonces, aprendió a moverse con extrema cautela cuando el riesgo no podía procesarse por la vía tradicional.
En ese relato, Tío Conejo dejó de ser un personaje marginal para convertirse en un síntoma. No fue detenido, ni absuelto, ni eliminado. Fue vigilado. Administrado. Presionado y acorralado. Mantenido visible. No como castigo, sino como contención. No para hacer justicia, sino para evitar otro final que la institución no podía permitirse.
Y ES AQUÍ DONDE COMIENZA ESTA TERCERA PARTE
Porque llegados a este punto, la pregunta ya no es si Johnny Monge y Tío Conejo fueron dos casos puntuales en una lluviosa región del Caribe centroamericano. La pregunta real es si lo que se registra —y lo que deliberadamente no se registra— pertenece a un ecosistema mayor: una forma histórica de gestionar amenazas cuando el derecho procesal se vuelve insuficiente, peligroso o políticamente costoso.
¿Estamos frente a residuos de viejas doctrinas, heredadas de la Guerra Fría, del Plan Cóndor y de la formación hemisférica impartida en espacios como la Escuela de las Américas, de donde egresaron militares y policías que luego encabezaron dictaduras, campañas de exterminio y sistemas de represión en América Latina? ¿O se trata de una gramática más reciente, adaptada al mundo post Guerra Fría, donde el lenguaje de los derechos humanos convive —no sin tensión— con prácticas de neutralización silenciosa? Tal vez no sea una cosa u otra. Tal vez sea una continuidad adaptada.
En esta última entrega, ampliamos la lente. Salimos de Limón, de Costa Rica, de los nombres propios, para observar otros escenarios donde los Estados enfrentaron dilemas similares y respondieron con herramientas distintas: eliminación aceptada socialmente, vigilancia indefinida, expulsión administrativa, aislamiento absoluto, intervención total que termina en desastre. No para equiparar escalas ni justificar violencias. Sino para identificar un patrón. Un repertorio. Una gramática del poder que no siempre se escribe, pero que se aprende, se transmite y se reactiva cuando el sistema siente que no puede fallar otra vez.
Con ese marco, entramos al cierre de esta trilogía.
REPERTORIO DEL SILENCIO
Lo que tenemos ahora sobre la mesa no es un caso, ni dos, ni siquiera una anomalía local. Lo que tenemos, después de recorrer la Parte 1 y la Parte 2, es un mapa incompleto pero elocuente de cómo el poder aprende a reaccionar cuando el derecho deja de ser suficiente. No se trata de operaciones secretas ni de conspiraciones perfectamente orquestadas. Se trata de algo más incómodo: una gramática compartida, una forma de actuar que no siempre se escribe, pero que se repite.
En la primera parte, un documento sin firma —circulado a quemarropa en corrillos policiales, periodísticos y de seguridad— abrió una grieta. No porque probara nada, sino porque contenía detalles verificables, nombres mal escritos pero hechos reconocibles, tiempos, lugares, obsesiones. Era un texto torpe y emocional, pero tocaba nervios reales. En la segunda parte, al contrastarlo con voces expertas —reticentes, temerosas, a veces claramente incómodas— emergió algo más sólido: no una verdad judicial, sino una lógica operativa. Y ahora, en esta tercera entrega, la lente se abre. Porque la pregunta ya no es qué pasó en Westfalia Limón, sino qué lenguaje estaba hablando el poder cuando decidió no escribirlo todo.
Johnny Monge (Costa Rica) aparece como el primer punto de quiebre. Su historia no cerró con un juicio ejemplar ni con una revisión institucional profunda. Cerró con alivio. Su muerte, tras una cadena de asesinatos brutales en noviembre de 1991, fue aceptada socialmente como un final necesario. No porque hubiera claridad absoluta, sino porque había cansancio. Miedo. Hartazgo. Johnny Monge enseñó algo que ninguna academia redacta: cuando el desenlace elimina el riesgo, la pregunta por el método se vuelve secundaria. El proceso deja de importar cuando el peligro desaparece del mapa. Esa lección no quedó escrita, pero quedó aprendida. De ahí que nadie pide más explicaciones sobre si él se mató, o lo suicidó un tercero.
Tío Conejo (Costa Rica) representa el reverso incómodo de ese cierre. No fue eliminado, pero tampoco fue absuelto. No hubo cadáver, ni sentencia, ni titular en medios de prensa. Hubo vigilancia. Presencia dirigida. Presión territorial. Desgaste psicológico. La lógica fue otra, pero la raíz era la misma: no volver a fallar públicamente. Donde Johnny fue un punto final irreversible, Tío Conejo fue una postergación indefinida. Administrar el riesgo sin resolverlo. Mantenerlo visible para que no desapareciera, y mantenerlo controlado para que nadie decidiera “resolver” por su cuenta. No castigo, no absolución: contención.
Los asaltantes venezolanos (Costa Rica) introducen una tercera variante del mismo repertorio. Aquí no hubo vigilancia prolongada ni eliminación. Hubo expulsión. Detenciones, armas, dinero, violencia extrema… y luego una decisión administrativa: sacar el problema del territorio. No porque no hubiera delito, sino porque el proceso penal implicaba costos, tiempos y riesgos que el sistema no estaba dispuesto a asumir. El Estado no mató ni vigiló: desplazó. Y lo hizo porque podía. La simetría con Tío Conejo no está en el trato, sino en la lógica: evitar el juicio largo, evitar el desgaste, evitar el rebote violento y posibles represalias a la población civil inocente.
Cuando la lente se amplía fuera de Costa Rica, el patrón no se diluye; se confirma.
Pablo Escobar (Colombia) no es comparable por escala ni por número de víctimas, sino por decisión. Durante años, el Estado colombiano osciló entre persecución, negociación y contención. Hubo intentos de judicializarlo, de absorberlo dentro del sistema. Fracasaron. Cuando el proceso dejó de ser una opción viable, la eliminación se volvió aceptable. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no fue sólo un operativo policial exitoso; fue la admisión de que el sistema no podía sostener ese riesgo sin romperse. Como Johnny Monge, Escobar dejó de ser ciudadano y pasó a ser amenaza absoluta. Y cuando eso ocurre, el cierre deja de necesitar justificación jurídica plena.
Abimael Guzmán (Perú) ofrece el contraejemplo más revelador. El Estado peruano pudo matarlo. No lo hizo. Tampoco lo integró al espacio público. Eligió congelarlo. Capturado en septiembre de 1992, Guzmán fue condenado a cadena perpetua y mantenido en aislamiento extremo durante casi tres décadas. Vida biológica sin vida política. Presencia física sin existencia simbólica. Cuando no se puede matar ni soltar, se aísla. La simetría con Tío Conejo es inquietante: ambos fueron sacados del espacio social, uno mediante vigilancia y desgaste, el otro mediante encierro absoluto. Cambia el contexto; la lógica persiste.
Waco (Estados Unidos) es el límite del repertorio. Aquí el Estado intentó negociar, vigilar, contener. Fracasó. Cuando el control se perdió, la intervención fue total y el desenlace, catastrófico. Entre febrero y abril de 1993, el asedio terminó en un incendio que mató a más de 80 personas. Waco no enseña cómo actuar; enseña qué ocurre cuando todas las variantes fallan. Es el recordatorio de que la administración silenciosa del riesgo tiene un umbral, y que cruzarlo deja cicatrices históricas que ningún informe logra cerrar.
Detrás de estos casos no hay una conspiración única ni una sala oscura donde se dictan órdenes idénticas. Hay algo más banal y más peligroso: aprendizaje institucional. Durante décadas, doctrinas de seguridad hemisférica —difundidas en espacios como la Escuela de las Américas y reformuladas después de la Guerra Fría— privilegiaron la neutralización del riesgo sobre el debido proceso. No como manual secreto, sino como marco mental. No dictan órdenes; habilitan decisiones.
Y así, cuando el proceso es viable, se usa. Cuando no lo es, el Estado elige entre cerrar, vigilar, expulsar, aislar… o intervenir hasta romperlo todo. Johnny Monge y Tío Conejo no fueron anomalías caribeñas ni accidentes de una Costa Rica excepcional. Fueron expresiones locales de una gramática más amplia. Lo inquietante no es que exista. Lo inquietante es que se aprende, se adapta y se transmite sin necesidad de escribirse. Y lo que no se escribe, rara vez se discute.
EPÍLOGO
El documento sigue circulando y llegando a salas de redacción como la nuestra. Lo que este documento no es. Lo que sí hizo. Y lo que esta trilogía deja abierto. Este trabajo comenzó con ése documento. Pero conviene decirlo con claridad, ahora que todo está dicho:
Ese documento no es una prueba. No es un informe oficial. No es un expediente judicial. No es una orden. No es una verdad revelada. Tampoco es —y nunca lo fue— el corazón de esta investigación.
El documento fue, desde el inicio, un disparador. Un relato incómodo que circuló durante meses en márgenes específicos: corrillos policiales, conversaciones de prensa, memorias no resueltas. Un texto torpe, emocional, con errores evidentes, pero cargado de detalles que no podían descartarse con facilidad. No por su exactitud, sino por su persistencia. Lo que activó no fue una verdad, sino una reacción. Disparó silencios. Disparó cautelas. Disparó negativas. Disparó temores que no corresponden a un papel, sino a lo que ese papel evocaba.
La Parte 1 no buscó validar el documento, sino comprender por qué seguía circulando.
La Parte 2 no buscó confirmar sus afirmaciones, sino reconstruir la lógica institucional que lo volvía verosímil para algunos y peligroso para otros.
La Parte 3 dio el paso definitivo: sacar la mirada del caso local y situarlo dentro de un repertorio histórico más amplio, donde distintos Estados, en distintos contextos, respondieron de maneras similares cuando el proceso dejó de ser funcional.
Eso es lo que esta trilogía sí es:
Un ejercicio de periodismo analítico sobre cómo el poder administra el riesgo cuando no puede permitirse fallar. Una lectura comparada de respuestas estatales —cerrar, vigilar, expulsar, aislar, intervenir— que no nacen de conspiraciones, sino de aprendizajes acumulados. Una exploración de las zonas grises donde el derecho convive con el miedo, el trauma institucional y la presión social por resultados inmediatos.
Aquí no imputamos delitos. No señalamos culpables individuales. No dictamos sentencias morales ni judiciales. Lo que se hacemos es nombrar una gramática. Una que no siempre se escribe. Una que rara vez se discute. Una que, sin embargo, se repite. Y con eso sobre la mesa, quedan abiertas preguntas que no apuntan a personas concretas, sino a estructuras históricas y regionales:
¿Qué ocurre cuando una sociedad acepta el cierre de un caso no porque sea justo, sino porque elimina el miedo?
¿Cuántas decisiones estatales, tomadas “para que no pase nada”, terminan definiendo más el rumbo institucional que los hechos que sí llegaron a juicio y a los titulares de prensa?
¿En qué momento la prevención deja de ser una herramienta del derecho y se convierte en una forma silenciosa de sustitución del proceso?
Esta trilogía no pretende responderlas. Pretende algo más modesto —y más incómodo—: dejarlas formuladas. Porque lo que no se pregunta, se repite. Y lo que se repite sin escribirse, termina pareciendo inevitable.
Aquí termina este trabajo. No con un cierre, sino con un marco. No con una verdad, sino con una advertencia silenciosa. El resto —como siempre— queda en manos del lector, del tiempo y de aquello que las instituciones decidan seguir callando.
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