Protesta por el deterioro en la Administración
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha movilizado hoy ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga para reclamar unos servicios públicos de calidad y para reivindicar que se corrija el déficit de personal acumulado.
La concentración de este miércoles, que se ha desarrollado simultáneamente en todas
las provincias andaluzas, es la primera del calendario que CSIF ha puesto en marcha a
nivel regional bajo el lema ‘Servicios públicos, lo primero’.
Después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central, ahora lo ha hecho contra el déficit de personal que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo, de Justicia y de la Administración General de la Junta, competencia de la comunidad autónoma. CSIF Málaga cifra en 8.000 el déficit de personal que acumulan estos sectores básicos en la provincia y que sitúan en una posición difícil la prestación del servicio público a la ciudadanía en ámbitos muy sensibles.
Sanidad Pública
Respecto a la sanidad pública, el sindicato denuncia que es necesario incrementar la
plantilla en alrededor de 3.000 efectivos más en Málaga, tanto en Atención Primaria como
en los centros hospitalarios, para dar respuesta a la demanda asistencial actual. Además,
recuerda que actualmente hay en el sistema sanitario público andaluz 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales puesto que cubren necesidades estructurales.
Para CSIF, la Administración parece haberse olvidado del valor real y la entrega de los
profesionales de la sanidad pública al recortarles el Complemento de Rendimiento
Profesional (CRP) por segundo año consecutivo.
Educación Pública y Justicia
En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, la central sindical recuerda la destrucción de unidades en la escuela pública, que asciende a 135 en Málaga en los últimos tres años, 1.256 en Andalucía. CSIF defiende que, en lugar de suprimir unidades educativas, la bajada de la natalidad se traduzca en una reducción de la ratio para que repercuta en una mejora de la calidad de la docencia, al tiempo que recuerda la necesidad de reducir el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y que podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.
En el ámbito educativo, CSIF cifra en 2.500 los profesionales que sería necesario
incrementar en las plantillas docentes de Málaga para que estuvieran adecuadamente dimensionadas, tanto del Cuerpo de Maestros y Secundaria, como PT y AL (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) para la atención a la diversidad.
Por otra parte, en materia de Justicia CSIF estima que la provincia de Málaga necesita
al menos 15 nuevos juzgados y ampliar las plantillas en alrededor de 100 efectivos más
para poner fin a la Justicia tardía, al tratarse de un déficit que es histórico y estructural. En
cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una
plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se
producen. Además el sindicato recuerda que en 2030 se jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, en Andalucía, según datos de la propia Administración.
Esta falta de personal afecta gravemente a la prestación de servicios públicos que son
esenciales para la ciudadanía y provoca consecuencias nefastas. Así, el sindicato subraya
el colapso en los expedientes de valoración de la dependencia, cuyo promedio de resolución se sitúa actualmente en 18 meses; así como de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, que tienen un tiempo medio de resolución de dos años.
En definitiva, CSIF denuncia que esta es la realidad de los servicios públicos en Andalucía, que salen adelante a costa de la sobrecarga y del deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas y mermando la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
