Santiago de Chile –
Por Fernando Salinas *
Si hay expertos en listas separadas, si hay exceso de bordes sobre los contenidos y no hay independientes que representen las visiones de los movimientos sociales, ésta no será una Constitución genuinamente democrática. Será la Constitución de los partidos políticos.
Desde que se iniciaron las conversaciones entre los partidos políticos por el nuevo proceso constitucional ha rondado desde la centroderecha la idea de incluir expertos. En principio, se podría pensar que la participación de expertos podría ser positiva, pero todo depende de cómo se integren al proceso.
Hay dos preguntas que es necesario responder: ¿cuál es el objetivo perseguido con la inclusión de expertos? y ¿cómo se eligen?
Si el objetivo es asesorar a los constituyentes en la redacción de las normas, o que los constituyentes accedan a través de ellos a información sobre temas constitucionales, me parece algo muy positivo. Ahora bien, si el propósito es que los expertos tengan incidencia en los contenidos de la Constitución, tendrían que ser elegidos en las mismas condiciones de todos los candidatos; de otra manera sería una solución totalmente antidemocrática. En la Convención Constitucional pasada hubo varios expertos -profesores de derecho constitucional, expertos en sistemas de protección social, expertos en ciencia política, expertos en temas ecológicos, etc.-, pero esos expertos fueron elegidos en una votación general donde compitieron de igual a igual con muchos candidatos… y el pueblo los eligió a ellos.
Se ha dicho que podrían ser elegidos en listas separadas, lo que aparentemente sería más democrático. Sin embargo, debemos detenernos en el hecho de que los candidatos a expertos serán escogidos solo por los partidos políticos y los votantes estarán obligados a elegir entre ellos. Una lista separada genera, matemáticamente, un sesgo hacia los expertos en desmedro de los otros candidatos. Sumemos a eso que los partidos políticos han dejado afuera a los independientes que representan a los movimientos sociales y han impuesto 12 bordes al contenido de la Constitución. También quieren reducir al mínimo la representación de los pueblos originarios. Esto no es un simple rayado de cancha, es un dado sumamente cargado.
El test democrático exige preguntarse cuál es el trasfondo de la inclusión de expertos, los cuales tendrán un privilegio especial: ser los nuevos escaños reservados, pero sin tener la carga histórica de los pueblos originarios. Es obvio que los partidos políticos van a elegir un experto que comparta sus principios e ideología, o tal vez algunos partidos políticos van a promover a un experto que va a tener como misión evitar los cambios que ellos no desean. Además, el hecho de ponerlos en una condición privilegiada hace que el debate interno de la futura convención sea también desequilibrado. ¿Cómo un simple convencional elegido en listas generales va a contradecir a un experto? Ahora bien, si los expertos fueran escogidos por el Congreso, no solo sería antidemocrático, sino que visibilizaría la escasa o nula valorización del soberano -el pueblo- por parte del sistema político.
En la pasada Convención Constitucional no hubo un real apoyo para la inclusión de expertos; recordemos que los constituyentes teníamos derecho a contratar asesores y expertos por un monto de $ 2.500.000 mensuales, ello en contraste con los diputados, que tenían 3 veces más de presupuesto para ese mismo efecto. Incluso, la cantidad inicial era de $ 2.000.000 y cuando se reasignaron gastos para poder subirlo en $ 500.000 hubo una feroz campaña de desprestigio en los medios de comunicación y redes sociales, donde se hacía creer a la gente que nos habíamos subido el sueldo. Fue muy extendido un video en las redes sociales donde el actor Cristián de la Fuente, con evidente intencionalidad, denostaba a los constituyentes por este supuesto aumento de sueldo. Este fue el inicio de muchas noticias falsas que enturbiaron a la Convención Constitucional.
Los expertos en todo el mundo son asesores que tienen conocimiento específico sobre determinadas materias; no son representantes de la voluntad popular, a no ser que sean elegidos en condiciones igualitarias con otros candidatos. Es evidente que los expertos, una vez elegidos, dejan de ser asesores -que es su función primordial- y pasan a ser constituyentes con derecho a voto en todas las ramas de la Constitución, donde claramente habrá áreas donde no es experto.
Si genuinamente se desea expertos para mejorar -y no pautear- el nivel de la Constitución, la solución más adecuada, y necesaria a la vez, es aumentar el presupuesto de cada constituyente para ese efecto en un monto similar al que reciben actualmente los diputados. Pero deben ser expertos escogidos por los propios constituyentes, de tal forma de mantener un mínimo de autonomía, dentro del poder monopólico que tienen los partidos políticos en este proceso.
Está claro. Si hay expertos en listas separadas, si hay exceso de bordes sobre los contenidos y no hay independientes que representen las visiones de los movimientos sociales, ésta no será una Constitución genuinamente democrática. Será la Constitución de los partidos políticos.
Al parecer, el estallido social, responsabilidad de estos mismos partidos políticos, nunca existió.
*ex convencional constituyente, independiente.
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