Según la fundación FOESSA, el 26,3% de la población andaluza experimenta situaciones de exclusión social, algo más de la media nacional, situada en el 23,4%. Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de protección existentes, mostrando la necesidad de su fortalecimiento.
La situación que se está dando en los Servicios Sociales de las ciudades y pueblos andaluces es muy grave. Los Servicios Sociales en Andalucía todavía están muy lejos de contar con una dotación estable suficiente para garantizar el ejercicio de los Derechos Sociales de toda la población. La falta de personal existente merma los derechos de las personas usuarias al relacionarse con un sistema incapaz de garantizar procesos de intervención social adecuados: profesionales saturados, ausencia de procesos de intervención, burocratización, lista de espera, ayudas económicas insuficientes que se demoran en el tiempo, etc., son algunas de las dificultades que la ciudadanía se encuentra en su relación con los Servicios Sociales.
Junto a la dificultad de desarrollar procesos de intervención adecuados, esta falta de personal incide en las agresiones que, no en pocas ocasiones, las y los profesionales de los Servicios Sociales sufren, ya que son la cara de un sistema incapaz de responder a la realidad de desigualdad existente.
Ante el aumento de la exclusión y la desigualdad es necesario consolidar el Sistema Público de Servicios Sociales. En un Estado de Derecho, no basta con responder ante la pobreza y la exclusión, sino que hay que hacerlo desde una perspectiva de derechos, evitando una vuelta a modelos benéfico-asistenciales.
Hace años que se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la cual no se ha desarrollado en los plazos previstos. Por ello, es necesario instar a la junta de Andalucía a que implemente los compromisos adquiridos en la Ley, como es el catálogo de prestaciones y servicios entre otras cuestiones.
Junto a un aumento de la garantía de rentas, no es posible la consolidación del sistema sin dotarlo del personal estructural adecuado que garantice y acompañe el desarrollo de procesos de intervención social de la ciudadanía.
Por ese motivo, teniendo en cuenta que actualmente se están comenzando a elaborar los programas para las próximas elecciones municipales, pedimos a todos los partidos políticos que realicen un compromiso claro y explícito para incrementar el número de profesionales estructurales de los Servicios Sociales, con el horizonte de la ratio de 1 profesional cada 1.700 habitantes propuesta por el Consejo General del Trabajo Social.
Solicitamos que en los programas políticos se incluya la ratio que cada partido se compromete a alcanzar y en qué plazo de tiempo, de una forma clara y concreta.
Sabemos que son muchas las prioridades que debe plantear un gobierno municipal en las ciudades y pueblos de nuestra provincia, pero si el centro son las personas, la reducción de la desigualdad creemos que debe convertirse en la principal.
No es solo cuestión de recursos, sino de prioridades y de voluntad política. Y, por supuesto, este Colegio Profesional, en representación de la profesión del Trabajo Social de la provincia de Málaga, se pone a disposición de las fuerzas políticas para potenciar y consolidar el Sistema Público de Servicios Sociales en las ciudades y pueblos de nuestra provincia.
Reciban un cordial saludo
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA
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