El PSOE tiene el acelerador pisado en el Congreso de los Diputados y se ha fijado el final de año como la fecha para que todos los proyectos en trámite parlamentario salgan a la luz, y empezar 2023 -año electoral- sin conflictos en la Cámara.
“El 31 de diciembre se plantea como el fin del mundo”, asegura un diputado de otra formación política, ante la presión que notan desde el Ejecutivo, especialmente del PSOE, para que se aprueben los temas pendientes.
En este contexto se cruzan los Presupuestos Generales del Estado, en plena tramitación parlamentaria, como herramienta también de los grupos parlamentarios para presionar en sus negociaciones.
Pero el Gobierno se ha fijado que, de manera “paralela” a los Presupuestos, deben ir tratándose el resto de los asuntos, como la Ley de Vivienda, la conocida como ‘Ley trans’ o la modificación de la de Seguridad Ciudadana (‘Ley mordaza’), que llevan ya su tiempo en la Cámara Baja y que aún tienen que pasar después por el Senado.
El Ejecutivo, consciente de que está en minoría y tiene que negociar con varios partidos, incluso entre los propios socios del Gobierno -PSOE y UP- para sacar adelante sus iniciativas, se fija este fin de año como el momento para zanjar las cuestiones que generan “ruido” y empezar el año electoral sin cuestiones que enturbien sus mensajes.
Entras esas normas que han avivado diferencias entre el Gobierno y sus socios parlamentarias, incluso entre los propio socios de la coalición, está el proyecto de Ley de protección animal que, lejos de tener una clara salida en el Congreso, despertó una fuerte contestación en el seno del PSOE tal y como salió del Consejo de Ministros y ahora, tras la presentación de enmiendas, entre el PSOE y Unidas Podemos, hasta el punto de que “está difícil la cosa”, admiten fuentes socialistas.
La ley de Vivienda, uno de los compromisos fundamentales del Ejecutivo de coalición, lleva desde febrero en el Congreso y actualmente está “estancada”, como otros asuntos, por la posición de “máximos” en las que, según fuentes parlamentarias, se mantienen algunos partidos.
En situación similar, denuncian desde el PSOE, está la negociación de la conocida como ‘Ley trans’ por la posición que defiende la dirigente de Unidas Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, de un talante “poco negociador”. Aducen desde filas socialistas que, si ella es la proponente de la norma, es la que debería sentarse a la mesa negociadora y no aferrarse a que no admitirá “retrocesos” de la norma.
No obstante, los socialistas esperan que esa Ley y la penalización del proxenetismo sean aprobadas por el pleno del Congreso a finales de diciembre, para que sean validadas por el Senado a primeros de 2023.
Los socialistas consideran que si aprueban todo antes de final de año alejan así de la cita con las urnas temas que puedan generar diferencias en el partido según los territorios y que, por tanto, podrían tener repercusiones en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.
(SERVIMEDIA)
Sigue nuestras noticias
