El Defensor del Pueblo sostiene que el Ministerio del Interior incumplió las obligaciones legales adquiridas por España en lo referente a las actuaciones llevadas a cabo el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo de Melilla, que concluyó con al menos 23 inmigrantes muertos y más de 200 heridos.
Tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó «un rechazo en frontera» de 470 personas sin atender a «las previsiones legales nacionales e internacionales».
En su nota, el Defensor subraya que «El Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación de procesos individualizados, con pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales».
Así se recoge en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.
La institución que dirige Ángel Gabilondo lamentó también la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y sostuvo que «ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».
Del visionado de las imágenes recibidas, «se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales», afirmó.
Con todo, el Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad «la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo de Melilla, que podrían ayudar a aclarar algunos extremos».
ACTUACIONES
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo mantiene abiertas «actuaciones dirigidas a diversas administraciones, como la que pide al Ministerio de Asuntos Exteriores reforzar «con medios materiales y humanos embajadas y consulados, a fin de que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a ellos y solicitar asilo sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país».
Asimismo, trasladó a la Fiscalía General del Estado el testimonio y parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla por técnicos de la institución.
Por otra parte, solicitó información sobre los procedimientos de determinación de la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima (Melilla)
Según el Defensor, también se prosiguen actuaciones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), al objeto de conocer el protocolo seguido con los partes de lesiones de las personas que resultaron heridas ese día; con la Dirección General de Política Interior, para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de las personas que consiguieron acceder al CETI en dicha fecha y las incidencias apreciadas en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar; con la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de Inmigración, se dio traslado de las conclusiones alcanzadas tras la visita realizada al CETI; y con el Servicio de Protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Melilla, trasladándole las conclusiones alcanzadas tras la visita al Centro de Menores La Purísima, así como información acerca del estado de tramitación de las solicitudes de protección internacional de los menores.
DENUNCIA
Ángel Gabilondo lamentó la pérdida de vidas humanas y los heridos registrados el mismo día en que ocurrieron «estos trágicos sucesos».
El Defensor del Pueblo se puso en contacto, el mismo 24 de junio, con la delegada del Gobierno en Melilla y con la directora general de la Guardia Civil para interesarse por lo sucedido y por las víctimas. También telefoneó al presidente de la ciudad autónoma. El Defensor preguntó por el estado de las personas que llegaron a territorio español y por la situación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que resultaron heridos en los incidentes.
El 27 de junio se recibió una queja presentada por nueve asociaciones y ese mismo día se admitió y se iniciaron las actuaciones, que dieron lugar a solicitudes de información ante diversos organismos administrativos.
El pasado 19 de julio, Ángel Gabilondo y la adjunta segunda, junto a un equipo técnico de la institución, viajaron a Melilla para conocer ‘in situ’ el testimonio sobre lo sucedido de los representantes institucionales de la ciudad, de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las entidades que trabajan en la zona y de quienes accedieron al territorio español, ahora en el (CETI).
El 20 de septiembre el Defensor del Pueblo recibió del Ministerio del Interior la documentación, que incluye imágenes y videos, sobre los acontecimientos en el perímetro de la valla de Melilla del pasado 24 de junio.
(SERVIMEDIA)
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