El Parlamento Europeo ha examinado la lentitud de la Justicia en España por petición de un abogado sevillano que ya pidió amparo al Tribunal Constitucional por tener que esperar más de tres años para un juicio.
La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha dirigido una misiva al letrado –a la que ha tenido acceso Europa Press– en la que le comunica que se ha examinado su petición y se ha declarado «admisible», ya que el asunto «entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea».
Montserrat, que ha precisado que la petición «se ha debatido recientemente en el Parlamento Europeo», ha recordado al letrado que, una vez finalizado el procedimiento judicial en España, «puede presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si considera que se han vulnerado sus derechos individuales».
La dirigente del PP ha informado de que la Comisión de Peticiones «ha decidido dar por finalizado el examen de su petición» y ha agradecido al letrado por haber trasladado la queja al Parlamento Europeo.
A la espera del Constitucional
El abogado Daniel Sánchez Bernal está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que presentó al considerar que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva por tener que esperar más de tres años a que se celebre el juicio por una demanda laboral que presentó contra la Universidad de Sevilla.
El 24 de junio de 2021, el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla admitió la demanda y anunció al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024. El juzgado al final encontró un hueco y se celebrará en diciembre de 2022.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional sostiene que se ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso judicial sin dilaciones indebidas. El fiscal Fernando Cabedo ha informado a favor de estimar de manera parcial el recurso presentado por el demandante ante el TC y declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental, según consta en un escrito del 12 de julio al que tuvo acceso Europa Press.
«La conducta del demandante no merece reproche alguno, dado que, además de no haber propiciado el retraso en cuestión, ha denunciado la vulneración del derecho fundamental«, señala el fiscal, que añade a su razonamiento el hecho de que el demandante recurrió los primeros rechazos del juzgado a cambiar la fecha del juicio.
