Hace casi 6 meses llamamos la atención sobre un tema hasta entonces tabú: la salud mental en la escuela.
En este tiempo ha habido algunas iniciativas dignas de mención:
—La semana pasada, el Gobierno Central ha puesto en marcha el teléfono 024 de atención para la conducta suicida. Solo el primer día se han atendido mil llamadas. Señal de que hacía falta. Hasta ahora solo existía un teléfono así en Barcelona.
Esta línea es una de las medidas de la Estrategia de Salud Mental recientemente aprobada. Se trata de un plan dotado con 100 millones de euros para cuatro años, de los cuales el 80 % será transferido a las comunidades autónomas (que habrán de completarlo con partidas propias) y un 20 % gestionado por el Ministerio de Sanidad. Desde el sector aseguran que es una cantidad insuficiente.
En atención a la salud mental, España está a la cola de los estándares europeos. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100 000 habitantes en la red pública: tres veces menos que la media europea. Cada año salen unas 200 plazas de psicólogos internos residentes (PIR), pero para llegar a esos estándares harían falta más del doble. Igualmente escasean los psiquiatras: 11 por cada 100 000 personas, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y menos de la mitad que en Francia (23), Países Bajos (24) o Alemania (27). Es llamativo y preocupante que la estrategia no establezca un cupo mínimo ni el número de profesionales que hay que contratar, cosa que depende en última instancia de cada comunidad autónoma. Las altas tasas de temporalidad y las numerosas plazas vacantes de psicólogos clínicos son dos asuntos que se han de atajar de manera urgente para que la estrategia pueda surtir efecto.
—Asimismo se ha exigido en el Congreso, por parte de diferentes colectivos y asociaciones, un plan para la prevención del suicidio. España no está entre los 38 países con planes nacionales de prevención. Recordemos que en 2020 se quitaron la vida —que sepamos fehacientemente— 14 menores de 15 años; en el grupo de entre 15 y 29 años fueron 300. Seguro que las cifras reales son mucho mayores pero, con frecuencia, constan como muertes por otros motivos. Además, las hospitalizaciones por autolesiones en la población de 10 a 24 años casi se han cuadruplicado en las últimas décadas: de las 1 270 en el año 2000 se pasó a 4 048 en 2020.
¿Y los centros educativos?
Aumentan el consumo de psicofármacos, los trastornos alimentarios, las autolesiones… pero no aumentan los recursos. La asignación del personal de Orientación en los institutos se hace en función del número de unidades de la ESO: por cada 20 se añade un/a orientador/a, independientemente del número de grupos que haya en otras enseñanzas. Ya es hora de cambiar esta norma. Se da la circunstancia de centros con numerosos grupos de FP o de Bachillerato (superan con creces los de la ESO) en los que la labor de Orientación es inabarcable, precisamente en las edades más críticas, según demuestran los estudios recientes. También existe un déficit importante de médicos en los EOE, con la consiguiente sobrecarga para los que hay, que deben duplicar su trabajo en número de centros y alumnado.
El personal docente de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) es insuficiente para atender la creciente demanda de los centros por el aumento del alumnado con problemas de este tipo. Urge una ampliación en la dotación de dichos puestos. Dificultad añadida: tienen carácter itinerante y no es raro que se encuentren con problemas y grandes atrasos para recibir las dietas por desplazamientos. Además, no queda claramente determinado a qué alumnado atienden, ya que no sólo está en las USMIJ el censado en Séneca sino el que presenta problemas mentales puntuales como depresiones, ansiedad, fobia escolar, etc. Estos tienen cada vez mayor presencia y deben ser atendidos a través de una coordinación con el centro educativo. Dotar del personal necesario a estas unidades redundaría en una mejor atención al alumnado.
No somos psicólogos
Pero debemos actuar como si lo fuéramos. Es el comentario de muchos docentes. Otros dicen: Estudié para dar clases, no para vigilar que un alumno no se suicide: no puedo cargar con esa responsabilidad. No tienen las herramientas para gestionar estas situaciones. Los hay que llegan a clase con el temor de que pueda pasar algo, de que algún detalle se les escape, de que quien ha pedido ir al baño lo haya hecho para autolesionarse. No son exageraciones. Esto está ocurriendo. Entretanto, a quien pide cita en salud mental de la sanidad pública pueden tardar seis meses en dársela —la privada supone un desembolso que no está al alcance de cualquiera—.
En los últimos meses, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Baleares y Extremadura han aprobado protocolos para la prevención del suicidio y las conductas autolesivas en los centros educativos. Andalucía aún no lo tiene.
La punta del iceberg
Se estima que por cada persona que se suicida hay otras 20 que lo intentan. Es un problema social que puede afectar a cualquiera, no existe un perfil de la persona suicida.
Sabemos que se dan muchos casos, pero no salen en los medios. Los forenses dicen que es un goteo diario el suicidio de adolescentes.
En CGT tenemos claro que es preciso bajar las ratios y ampliar las plantillas con los profesionales adecuados para velar por la salud de nuestro alumnado. La Consejería de Educación no puede ni debe mirar hacia otro lado.
