Las guerras empiezan con decisiones políticas, ambiciones territoriales y enfrentamientos entre gobiernos. Pero sus consecuencias llegan a las gasolineras, a los supermercados, a las empresas y a los hogares de millones de ciudadanos que no han tenido ninguna participación en ellas, porque las guerras tienen dos campos de batalla: el territorio donde caen las bombas y la economía de quienes terminan pagando sus consecuencias.
Europa debería haber aprendido esta lección hace décadas. Las guerras de los Balcanes, durante los años noventa, dejaron miles de muertos, ciudades destruidas, millones de personas desplazadas y economías devastadas.
Aquella guerra parecía un problema regional, pero demostró que la destrucción de un territorio no termina en sus fronteras. Las consecuencias humanas, económicas y políticas se extienden mucho más allá del lugar donde se combate.
Sin embargo, no aprendemos y Europa volvió a enfrentarse a una guerra de gran escala en su propio continente en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.
Las consecuencias económicas son evidentes. Antes de la invasión, Rusia era un proveedor fundamental de energía para Europa, mientras que Rusia y Ucrania desempeñaban un papel importante en los mercados de cereales, aceites vegetales y fertilizantes.
La guerra alteró esos mercados. La inflación media de la eurozona en un año aumento en un 8,4 % durante 2022. En enero de 2023, los alimentos costaban un 14,1 % más que un año antes. El aceite de girasol y otros aceites comestibles habían subido más del 47 % en ese mismo periodo y esta dinámica se ha ido reproduciendo con alzas inflacionistas hasta el día de hoy (2026).
Estas son cifras que permiten comprender cómo un conflicto armado puede terminar repercutiendo en la economía doméstica de personas que viven a miles de kilómetros del frente.
Y España no es ajena a esa realidad. En septiembre de 2026, el índice general de precios de consumo aumentó un 4,9 % respecto al mismo mes del año anterior, y nos preguntamos, ¿Quién soporta realmente las consecuencias de un conflicto armado?
Porque una familia que llega con dificultad a final de mes no dispone de la posibilidad de afrontar esos gastos. Un pensionista con una prestación ajustada tampoco puede compensar indefinidamente el encarecimiento de la electricidad, el transporte y la alimentación, tampoco los autónomos, transportistas, agricultores y pequeñas empresas. Cuando aumenta el coste del combustible o de la energía, sus márgenes se reducen. Si trasladan el incremento a sus precios, lo paga el consumidor. Si no pueden hacerlo, lo soporta su negocio.
Por lo tanto, evidencio que los gobiernos disponen de recursos para financiar la defensa, adquirir armamento y atender las necesidades militares. Pero cuando una guerra provoca una crisis económica, obligatoriamente se han de movilizar recursos para proteger a las familias, mantener los servicios públicos y evitar que los sectores más vulnerables soporten una carga desproporcionada.
Recordemos a las víctimas. En los Balcanes y en Ucrania, millones de personas han visto desaparecer sus hogares, sus empleos y sus proyectos de vida. Ningún balance económico puede reflejar plenamente lo que significa perder a un familiar, abandonar el lugar donde uno ha vivido o tener que empezar de nuevo en otro país, y a la vista de estos parámetros surge una pregunta ¿quién paga las consecuencias de las decisiones de sus gobernantes?
Porque el coste de una guerra no termina cuando callan las armas. Continúa durante años y los ciudadanos que no deciden cuándo empieza una guerra, con frecuencia terminan pagando una parte importante de la factura. Lo hacen con sus impuestos, con la pérdida de poder adquisitivo y con la incertidumbre sobre su futuro.
En definitiva, cualquier guerra favorece a quien la organiza porque median intereses territoriales y sobre todo económicos, además conviene recordar que quien espolea las guerras , las alimenta y las mantiene casi siempre es quien tiene la seguridad que el conflicto siempre se desarrollara lejos de sus fronteras.
Joan Pau Rica Lopez
