Por Joan Pau Rica Lopez
Hay un problema del campo español: cada vez hay menos agricultores jóvenes dispuestos a continuar el trabajo de sus padres y abuelos.
Y quisiera que dedicásemos un momento a pensar en ello.
Según el Ministerio de Agricultura, dos de cada tres titulares de explotaciones agrarias estarán en edad de jubilación en 2030. Y hoy solo alrededor del 9 % de los titulares tiene menos de 41 años.
Asi que el problema que ya está aquí.
Pero¿qué les ofrecemos a los jóvenes campesinos para que quieran hacerlo?
Porque un joven que quiera comenzar hoy una explotación agrícola no solamente necesita tierra, dinero, maquinaria y conocimientos. También tiene que enfrentarse a una normativa cada vez más compleja.
Tiene que conocer las obligaciones sobre fertilización, llevar registros, cumplir las normas sobre productos fitosanitarios, mantener el cuaderno de explotación y atender los requisitos administrativos que acompañan a las ayudas y a la actividad agraria. Incluso existe un Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones para los productos fitosanitarios.
La agricultura necesita controles y normas. Nadie discute que haya que proteger el medio ambiente, la salud de los consumidores y la seguridad de quienes trabajan en el campo. El problema aparece cuando el agricultor acaba dedicando más tiempo a demostrar que cumple las normas que a producir.
Le pedimos al agricultor que produzca alimentos de calidad, que cuide el territorio, que mantenga vivo el mundo rural y que sea competitivo frente a productos procedentes de países con costes mucho menores. Y por eso mismo no podemos pedirle a un joven de treinta años que se haga cargo de una explotación familiar y, además de trabajar la tierra, se convierta en administrativo, experto en normativa, especialista en fitosanitarios y gestor de ayudas.
Si queremos relevo generacional, tenemos que hacer que entrar en la agricultura sea posible y razonable y atractivo.
Tenemos miles de explotaciones cuyos titulares se acercan a la jubilación. Tenemos tierras que pueden quedar abandonadas. Tenemos jóvenes que buscan una actividad profesional y pueblos que necesitan población. Y tenemos un sector agroalimentario que representa una parte fundamental de nuestra economía.
Pero tenemos un gobierno que abdica de generar una via que haga posibles esas cuatro realidades.
Se ha de facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra. Favorecer el crédito. Reducir burocracia. Simplificar las obligaciones para las pequeñas explotaciones sin rebajar las garantías sanitarias y ambientales. Mejorar la formación. Impulsar cooperativas y fórmulas asociativas que permitan compartir maquinaria, comercialización y servicios., porque necesitamos conseguir que el campesino pueda vivir de él.
España ya ha demostrado que, cuando los agricultores se organizan y comparten recursos, el campo puede convertirse en una verdadera oportunidad. Ahí están las alhóndigas y las cooperativas de Almería, que permitieron a muchos pequeños productores agrupar su oferta, comercializar mejor sus productos y abrirse camino en los mercados. Y también están los antiguos Grupos Sindicales de Colonización, que facilitaron que agricultores unidos pudieran afrontar obras, regadíos, maquinaria y otras necesidades que individualmente difícilmente habrían podido asumir. No se trata de volver al pasado, sino de aprender de aquella experiencia y crear hoy nuevas fórmulas de cooperación que hagan posible que un joven pueda incorporarse al campo sin tener que enfrentarse solo a todos sus costes y dificultades.
Hoy tenemos delante un gran reto, ya que, dentro de pocos años, muchos agricultores se jubilarán, y la pregunta no es quién ocupará su lugar, si no, si habrá alguien que quiera hacerlo.
Porque una tierra sin agricultores no es solamente una tierra abandonada: es también un pueblo que pierde actividad, una economía que desaparece , un territorio que dejamos de cuidar. Y una fuente de alimentación controlada que se pierde.
