El Gobierno de España afirmó este martes que “no tiene sentido” que el presidente, Pedro Sánchez, sea controlado por el Congreso de los Diputados durante los más de seis meses que dure el estado de alarma decretado el domingo para luchar contra el auge de contagios de la pandemia de Covid-19 y argumentó que a partir de ahora las “restricciones” dependen exclusivamente de las comunidad autónomas.
Así lo sostuvo la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda posterior a la reunión celebrada esta mañana en el Palacio de la Moncloa, que sirvió también para aprobar el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Montero justificó que el propio Sánchez no acuda este jueves a defender ante el Pleno de la Cámara Baja la solicitud de la prórroga del estado de alarma que el Consejo de Ministros acordó este martes, dado que ese mismo día va a celebrar una reunión extraordinaria con el resto de los líderes de la Unión Europea a través de videoconferencia para analizar la evolución del coronavirus en el continente.
Adujo que tampoco debe comparecer periódicamente ante el Congreso durante los seis meses que dure el estado de alarma, al revés de lo que hizo cada dos semanas en primavera con motivo de la primera ola de Covid-19, aunque garantizó que la oposición tendrá la oportunidad de controlar al jefe del Ejecutivo todas las semanas durante la sesión que se celebra cada miércoles.
La portavoz del Gobierno alegó que no hay motivo para que Sánchez comparezca periódicamente en el Congreso porque la prórroga del estado de alarma elimina el toque de queda decretado el domingo por el Consejo de Ministros entre las 23.00 y las 06.00 horas, con margen para que las comunidades lo modulen una hora arriba o abajo según su propio criterio. “No tiene sentido que lo haga el presidente del Gobierno porque el estado de alarma no tiene ningún tipo de restricción si los presidentes autonómicos no adoptan medidas”, puntualizó.
Montero manifestó que “el estado de alarma de por sí solo no contempla ningún tipo de restricción” para los próximos seis meses y deja esa responsabilidad en manos de los gobiernos autonómicos, por lo que recalcó que “serán los presidentes autonómicos los que tendrán que comparecer” en sus parlamentos territoriales para dar las explicaciones pertinentes.
CONTROL A LOS LÍDERES AUTONÓMICOS
Además, sacó a relucir que “este Gobierno se ha sometido” a ese control en las Cortes Generales “cuando sí dictaba las restricciones” de movilidad en la primera ola del confinamiento por la pandemia. Por eso, insistió en que ahora “quienes firman las restricciones deberían de dar explicaciones de por qué adoptan estas medidas y someterse al debate parlamentario” con la oposición regional. Agregó que lo único que hace el Ejecutivo central es “dar un amparo jurídico constitucional” a las limitaciones que establezcan las autonomías “porque la situación es asimétrica y es cada comunidad quien dicta las medidas para frenar los rebrotes que se puedan producir”.
Para redondear el argumento, añadió que si el Ejecutivo central aprueba ahora este estado de alarma con un horizonte de más de seis meses por delante es “por la petición abrumadora” que han formulado las diferentes autonomías para hacer frente al auge de casos de coronavirus y advirtió de que el objetivo es “evitar un confinamiento domiciliario” como el que sucedió en primavera.
Sobre la duración de seis meses de la prórroga del estado de alarma y las peticiones de la oposición para reducir ese tiempo, como por ejemplo pide el PP con dos meses, Montero dio a entender que el Gobierno no contempla aceptar modificaciones pero proclamó que en La Moncloa están dispuestos a “seguir dialogando hasta la extenuación”.
Adujo que todas las explicaciones al respecto quedarán en manos del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el jueves será el encargado de pedir permiso al Congreso para la prórroga del estado de alarma a pesar de que no entrará en vigor hasta diez días después.
SIN TOQUE DE QUEDA
Montero señaló también como principal novedad que la prórroga del estado de alarma modifica las restricciones de movilidad que el propio Ejecutivo acordó el domingo y que contempla que durante dos semanas los gobiernos autonómicos puedan prohibir los desplazamientos innecesarios entre las 23.00 y las 06.00 horas, con un pequeño margen para que las propias comunidades adelanten o retrasen este horario en 60 minutos.
La ministra subrayó que, cuando entre en vigor la prórroga del estado de alarma, “quedara a criterio y juicio de cada presidente autonómico cuáles son las limitaciones de movilidad” que debe tener cada comunidad, de manera que desaparezca la orden de toque de queda del Gobierno de España para que cada región tenga más libertad a la hora de ir modulando las limitaciones a medida que avance o retroceda la lucha contra la expansión del coronavirus.
Aseveró que así “lo que pretende el Gobierno es dar un amparo constitucional a las medidas que van a ir aplicando las comunidades en función de los datos epidemiológicos y de la salud de los ciudadanos” y que, según recalcó, tienen el propósito de “superar esta segunda ola actual” de la pandemia de Covid-19.
(SERVIMEDIA)
