- Tendrá que indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros.
- El fallo incorpora dos votos particulares
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo como autor de un delito de revelación de datos reservados, además de a una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y a indemnizar a Alberto González Amador.
Así se especifica en el fallo de la Sala Segunda del TS anticipado este jueves, el cual se ha dictado por mayoría de sus miembros, en el que también se le condena a García Ortiz al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. La indemnización a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asciende a 10.000 euros por daños morales, en relación a la filtración de un correo electrónico en el que su abogado pedía a la Fiscalía un acuerdo y reconocía dos delitos de fraude fiscal de Alberto González Amador por 350.000 euros. Al mismo tiempo, el tribunal absuelve a García Ortiz del resto de los delitos objeto de la acusación, en este caso los de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
La sentencia, pendiente de redacción, incorpora dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala Segunda Ana María Ferrer García y Susana Polo García, «que disienten de la misma». Polo era encargada inicial de redactar la ponencia de la sentencia, pero al mostrarse en contra del fallo, renuncia a la misma y la asumirá el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.
Por último, el fallo conocido hoy señala que «los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán». Esta sentencia del tribunal es firme, puesto que al tratarse de un aforado no habrá segunda instancia.
El juicio contra el fiscal general del Estado concluyó el pasado 13 de noviembre después de seis jornadas en las que declararon 40 testigos, entre ellos ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuatro políticos, dos abogados, y el acusador particular, González Amador.
Durante su intervención en el juicio, García Ortiz negó haber filtrado a cualquier persona ajena a al procedimiento el correo remitido por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso al fiscal Julián Salto para proponerle un acuerdo de conformidad en la investigación por fraude fiscal que estaba abierta. «No filtré el correo», dijo mientras denunciaba que sufría «un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas».
