La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos y ha intervenido 472 animales exóticos, entre los que se encuentran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varano del Nilo, entre otras. Su valoración económica asciende a los 85.000 euros.
Todos estos animales carecían de documentación y trazabilidad legal. Se encontraban en un falso refugio situado en la localidad de Burgohondo (Ávila). En su mayoría procedían de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.
El Seprona de la Guardia Civil comenzó esta investigación en junio de 2023, cuando a través de las redes sociales se detectaron diversas irregularidades.
Los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta ONG que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales, sin contar con licencias ni autorizaciones. También se descubrió que esta supuesta ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dados de alta en la seguridad social.
Además, existía un programa de apadrinamiento de pago, dirigido por una bióloga y otra persona, quienes también impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.
Todas las instalaciones operaban sin licencias ni autorizaciones municipales y aunque los animales estaban en buen estado, se comprobó que provenían de aprehensiones y donaciones previas donde alrededor de 200 de los casi 500 animales ya habían muerto.
Como resultado de estas irregularidades, cuatro personas han sido investigadas por delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal.
La operación ha sido llevada a cabo por el Seprona y ha contado con apoyo de personal de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y Tragsatec, así como con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por último, las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Ávila y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.
