La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, aseguró este lunes que «la seguridad en España está garantizada y la inmigración irregular es un desafío, pero no supone un riesgo ni una amenaza para la convivencia en nuestro país».
Así lo destacó durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional reunida en el Congreso, donde respondió a la pregunta del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien se interesó por las medidas previstas por el Gobierno para combatir la inmigración ilegal, la cual, dijo, el Informe Anual de Seguridad Nacional sitúa como «la tercera mayor amenaza para la seguridad de nuestro país».
Muy dura en su intervención, la secretaria de Estado de Seguridad trató de desmontar todos los argumentos de Vox, formación que insiste en identificar inmigración irregular con inseguridad. Así, dejó claro que el problema son las organizaciones criminales de trata, «cuyas actividades ilícitas conllevan graves vulneraciones de los Derechos Humanos».
En esta línea, Calvo acusó a la formación que lidera Santiago Abascal de llevar “mucho tiempo intentando establecer una correlación entre inmigración y delincuencia, una correlación que es falsa pero fácil de conectar desde la mentira, la manipulación, la falta de escrúpulos, el racismo, la xenofobia y el odio». Y fue a más apuntando que se trata de «una combinación vergonzante pero eficaz en términos de la desinformación voraz que practican».
Y para responder al diputado de Vox, recordó que «la tasa de criminalidad convencional sigue a la baja, un -1,9% sobre 2024, y que lo que se incrementan son los delitos por medios telemáticos, la cibercriminalidad». «Les interesa crear alarma social y a este Gobierno le interesa la seguridad y la protección de los ciudadanos y ciudadanas».
Tras apuntar que «no existen personas ilegales», Calvo afeó a Gil Lázaro que su formación sugiera «que las personas que arriesgan su vida de la mano de entidades criminales atravesando el mar en embarcaciones precarias, llegando exhaustas a nuestras costas, tienen la intención de cometer atentados o son sicarios desde que salieron de sus países».
Frente a estos argumentos, la secretaria de Estado explicó que «la realidad lo desmiente: la mayoría llega en unas circunstancias de precariedad que han llevado al Gobierno a afianzar aún más el enfoque humanitario de su atención, apegado a los derechos humanos, esos que ustedes quieren hacer desaparecer». Y remarcó que «la presión migratoria procedente de África responde a la hambruna, la guerra, la desertización y la desesperación».
En este sentido, hizo hincapié en que el Gobierno «es muy consciente de la importancia que tiene para nuestro país y para la UE el control de las fronteras», incidiendo en el aumento de medios en los pasos fronterizos: «En 2011 teníamos en las fronteras 11.812 policías y guardias civiles; hoy, 16.512, un 39,8% más».
Además, aseguró que «nos preocupa y nos ocupa la inmigración irregular que entra por vía marítima, porque es introducida por redes».
NEGAR LA REALIDAD
Sin embargo, al diputado de Vox no le sirvieron las respuestas de la secretaria de Estado de Seguridad y arrancó su intervención acusándola de acudir a la Comisión «entrenada del manual del Gobierno sanchista» y «negando la realidad».
Y para tratar de defender su argumento, apuntó datos como que «más de 300.000 personas han entrado ilegalmente desde que Sánchez es presidente»; «Canarias se ha convertido en el principal foco de entrada de inmigrantes ilegales en Europa, superando en vía marítima a Grecia y a Italia», o que «se incorporan las mafias argelinas, que han desembarcado este verano en Baleares, donde se ha producido un 80% de incremento de llegadas».
Incluso acusó al Gobierno de «favorecer» y «subvencionar públicamente» a «ciertas ONG que ayudan a esas mafias».
Según el diputado de Vox, «hay vinculación entre la inmigración ilegal y el incremento de la delincuencia»: «Esa situación sí que se da por mucho que la propaganda oficial quiera negarlo».
Tal y como dijo, «el 51% de los asesinos de mujeres son extranjeros y el 46% de los condenados por violación son extranjeros». Además, apuntó que «la tasa de criminalidad de menores extranjeros duplica hoy a la tasa de criminalidad de menores nacionales». Además, «en Madrid, tres de cada cuatro menores detenidos son extranjeros» y «en Barcelona, el 81% de los delitos cotidianos, muchos cometidos por multirreincidentes, son extranjeros. El 50% de los presos en cárceles catalanas son extranjeros».
«No han hecho nada para combatir eficazmente la inmigración ilegal, siguen fomentándola, siguen actuando con el efecto llamada, con las regularizaciones masivas», zanjó Gil Lázaro, quien se comprometió a que su partido va a hacer que «España tenga pronto un Gobierno nuevo, limpio, decente y eficaz que sepa encarar este reto».
Por último, en su réplica, la secretaria de Estado volvió a insistir en que la «seguridad en España está garantizada», haciendo hincapié en que «la inmigración irregular no supone un riesgo ni una amenaza».
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